Políticos se equivocan al legislar en penal

LA PATRIA | MANIZALES

Lo que llama la atención en un país donde las penas se agravan con frecuencia es que los que tramitan las leyes se basan en la opinión pública, que de acuerdo con un estudio de la Universidad de Manizales, no existe.

Si bien el enfoque de la investigación es más amplio, esta conclusión desmonta la falacia en la que se apela a las mayorías, en este caso para aumentar el monto de las penas.

El director de la investigación es el docente Luis Andrés Vélez Rodríguez, quien señala que Colombia necesita una revisión urgente de su política criminal. Reconoce que en el sistema penal hay penas exageradas, pero también irrisorias.

Lo anterior se suma a otras que van en contra de la Constitución misma, un desconocimiento social de la proporción en que se dan los delitos y la influencia de los medios de comunicación en la relevancia social que les asigna.

De acuerdo con lo manifestado por el docente, la promesa de aplicación de penas más severas para algunas conductas punibles se convierte en el caballo de batalla con el que muchos se abren paso en la política.

Se resalta que el proyecto nació de la hipótesis de que la política criminal colombiana es una fuente de dolor, sufrimiento y exclusión social, que se integra en las causas estructurales de los conflictos sociales del país.

Opinión mayoritaria no existe

Vélez Ridríguez explicó que una finalidad del trabajo de investigación (ver recuadro Grupo de investigación) es reconocer si el discurso de quienes toman las decisiones de políticas públicas a nivel de legislativo encuentra respaldo en la realidad social.

“Es frecuente oír a los políticos decir: ‘Vamos a subir las penas porque la gente lo pide’. Queríamos saber si realmente la sociedad reclama esto y qué tanto”.

En este sentido el equipo aplicó una encuesta denominada de actitudes punitivas. Lo que reveló es que “lo que llaman opinión pública no existe”, porque las personas son menos punitivas cuando conocen de cerca el sufrimiento que el sistema penal encierra.

“Lo que queremos demostrar es que el discurso oficial o dominante en el que la gente es muy punitiva y pide más penas, no es tan cierto”, aseguró.

Otros hallazgos

La investigación sugiere una revisión profunda de la política criminal, pues se evidencia un abuso desmedido del derecho penal para solucionar una cantidad de problemas sociales relacionados con otros asuntos como la salud pública, la libertad sexual, la familia, la protesta social y la economía, entre otros.

Reitera que los políticos se niegan a considerar las opiniones de expertos en política criminal, que abarca otras disciplinas como economía, psicología, trabajo social y otras.

Esto conlleva una utilización desmedida de la privación de la libertad en el país y acusa de escudarse en las víctimas para endurecer la legislación penal.

“El problema de utilizar el discurso de la víctima por los actores de política pública en materia criminal es que parecen creer que la sola mención de estas los exonera de hacer estudios empíricos que den cuenta de la realidad social de la delincuencia”.

En este sentido pone como ejemplo la seguidilla de leyes penales sobre la delincuencia sexual contra menores de edad (ver recuadro Delitos sexuales).

Los medios

En la investigación se ahondó en las actitudes punitivas, para saber en qué fuentes de información se basaba la percepción de los encuestados sobre el delito y la pena.

La mayoría de las personas reconocieron que se informan en la prensa nacional pero consultada a través de las redes sociales. En segundo lugar, estaba la televisión.

“Hemos analizado que la población más joven no va directamente al periódico a leer los titulares, sí leen periódicos, pero hay un filtro previo, las redes sociales. Prácticamente las redes les dicen qué leer”, resaltó.

Delitos sexuales

El objeto de estudio del grupo de investigación son las normas aprobadas entre el 2001, cuando entró en vigencia la Ley 599 (Código Penal) y el 2018. En materia de delitos sexuales ocho leyes han aumentado las penas, eliminado beneficios, creado registros y hasta se modificó la Constitución Política para incorporar la prisión perpetua. Aun así la población infante y adolescente continúa vulnerable, indicó el docente.

Grupo de investigación

Vélez Rodríguez coordina el Grupo de Investigación Política Criminal, Víctima y Delito, que se creó en 2018. El objetivo es revisar la actividad legislativa penal, entender las actitudes punitivas de la ciudadanía y revisar el papel de las víctimas y grupos de presión a la hora de sancionar leyes penales.

Política criminal*

Se entiende la política criminal como el conjunto de respuestas que el Estado adopta para hacerle frente a conductas consideradas reprochables o causantes de perjuicio social con el fin de garantizar la protección de los intereses esenciales del Estado y de los derechos de los residentes en el territorio bajo su jurisdicción.

*Tomado de www.derechoshumanos.gov.co