LA PATRIA|MANIZALES

Explicaron que siempre mostraron su interés de negociar sus deudas con la justicia. Por lo menos así lo expresó su defensa, el jueves, ante el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Manizales, por concierto para delinquir agravado y tráfico de estupefacientes.

Sin embargo, no había sido posible manifestarlo, debido a los problemas de comunicación que trajo la virtualidad, en pandemia. Además, al abogado también le costó comunicarse con Brahian Steven Restrepo y Yéferson David Buitrago. Incluso, en la reciente audiencia, tuvieron que llamar a la mamá de Yéferson para que les diera el número telefónico de su hijo, pues del que tenían, no respondía.

Con Brahian Steven sí lograron contacto virtual, pero con Yéferson no, pues no le daba el internet para hacerlo desde un cafetal de una finca, por lo que tocó vincularlo mediante llamada de voz. Pese a todos estos inconvenientes y luego de minutos de espera se pudo por fin arrancar con el preacuerdo.

La Fiscalía explicó que se trataba de un grupo de cuatro personas, señaladas de pertenecer a una banda dedicada a la venta de droga en el oriente de Caldas. Para dos ya se había definido la pena.

"Fue difícil ubicar a los otros dos. Finalmente se logró tras labores de campo y del voz a voz entre la gente", contó el ente acusador, a la vez que dijo que la pena será de 54 meses por la etapa procesal en que se iba (preparatoria), con el descuento y condenados como cómplices. Ellos habían quedado libres desde 2019, en la audiencia de control de garantías.

Sin comparecer

El juez fue contundente en aclarar que los dos procesados fueron enterados de su libertad, pero no de que el proceso seguía y qué debían tener en cuenta para su proceso. Se explicó que quizá su trabajo y el tipo de educación no les permitió conocer cómo era el procedimiento, tanto que, como reposa en las actas, ninguno volvió a comparecer a las citaciones.

Esto es parte de los problemas que ha traído la virtualidad y que lleva a que los procesos se alarguen injustificadamente. "Eso hace razonable que se pueda reconocer ese descuento superior a la tercera parte. Además se aumentó un año por la etapas en la que iba el proceso", dijo el juez, al aprobar la negociación.

Queda pendiente la individualización de la pena y sentencia, para el 31 marzo, a las 4:00 de la tarde, donde se conocerá en qué lugar pagarán su delito. En este mismo proceso se preacordó una pena de 73 meses, el 24 de agosto del año pasado, para Pedro Andrés Quintero, dijo la Fiscalía. Queda pendiente la individualización de la pena y sentencia. Lo mismo para Germán Alberto Rivera.

Falta de defensores

Otro problema este año es la falta de defensores públicos, que ha llevado este año a aplazar varias audiencias, como lo ha comprobado este medio al ingresar a algunas de ellas.

Hace tres años se dio el mismo fenómeno de aplazamiento por falta de defensores públicos. En esa ocasión, porque se reestructuró la defensoría pública e incluso hubo concurso de méritos.

Ahora sucede que los contratos eran por tres años y ya finalizaron. Adicionalmente, se trata de un proceso centralizado, ya que las defensorías regionales carecen de autonomía presupuestal.

Este medio conoció que parte de la demora en iniciar la ejecución de los contratos laborales se debe a las dificultades que tienen los abogados en el manejo del Secop, que es la plataforma a la que deben subir su documentación. El problema solo se ha dado en los juzgados penales del circuito y no en los penales municipales, ubicados en la sede del barrio San José.

A ello se suma la dificultad de conexión a las audiencias, que en ocasiones puede tardar hasta 40 minutos. O que los sindicados indican que no tienen un celular apto para bajar el programa, no poseen datos móviles o están trabajando y no les permiten ausentarse.