Hay que pasar a un diálogo serio, coinciden analistas sociales sobre las protestas sociales

MARTHA LUCÍA GÓMEZ Y OSVALDO HERNÁNDEZ

LA PATRIA | MANIZALES

Siete días continuos de protestas cumple hoy Colombia, y Manizales ha sido escenario diario de ellas, algunas con acciones violentas que han dejado personas heridas y bienes físicos deteriorados.

Se habla de crispación social, de desazón colectiva, de falta de oportunidades, de represión, pero también de ánimos caldeados por quienes buscan pescar en río revuelto y generar caos.

De un lado están los manifestantes contra el Gobierno y sus medidas, y del otro el Estado, que por ley debe garantizar el orden público. No obstante, medidas como la asistencia militar en zonas urbanas ha sido bastante criticada y ha aumentado la tensión.

Solicitudes

La Corporación Cívica de Caldas (CCC) pidió al secretario de gobierno departamental, Jhon Jairo Castaño, convocar urgente al Subcomité de Prevención, Protección y No Repetición con miras a implementar políticas de prevención y atención en esta protesta social, y para exigir rendición cuentas de las autoridades regionales, el control de sus funciones frente a la movilización y al uso de la fuerza pública.

La CCC reconoce la protesta social como un derecho fundamental y un valor esencial de la democracia, pero rechaza los actos violentos y de vandalismo con los que algunas personas han afectado derechos de otros, al igual que bienes públicos y privados.

Sostiene que respeta el deber de los gobiernos locales de hacer uso de sus funciones para garantizar el orden público, pero advierte que siempre lo debe hacer dentro de los límites de la proporcionalidad en el uso de la fuerza y el respeto a los derechos humanos. Esto porque ha recogido denuncias de ciudadanos en esta materia. "A esto se suma una situación que se ha considerado crítica debido a las fallas en la divulgación de información y en la rendición de cuentas de autoridades civiles, fuerza pública y entidades de control", sostiene la CCC.

Buscando propuestas de salida a este conflicto, LA PATRIA consultó con siete analistas que coincidieron en que hay que desmilitarizar para pasar a un diálogo serio.

Saben que su futuro está comprometido

Neila Stella Díaz Bahamón, directora de la especialización en Psicología Educativa de la Universidad de La Sabana, habla de la importancia de valorar muy bien lo que pasa, para lo que sigue. "Todo depende del respeto con el que sea tratada esta coyuntura. Si las personas continúan siendo engañadas y maltratadas por el poder político, el descontento va a crecer y seguirá por la vía de la violencia. Tal vez se puedan crear nuevas fuerzas armadas y eso es muy triste en un país que tiene más de 60 años de violencia".

La docente le da importancia a los jóvenes en la movilización. Dice que se movilizan porque saben que su futuro está comprometido. "Hay un gran cambio social, los jóvenes no tienen dónde poner sus esperanzas de futuro. Saben que la corrupción les quita el derecho a un trabajo digno. Que la salud les ha sido arrebatada y que la educación genera inequidades. Consideran que las decisiones del Gobierno desde hace 15 años los han dejado sin derechos. Por eso protestan".

Justificó las movilizaciones como reflejo del malestar profundo en la sociedad: "El uso de la fuerza y las vías de hecho reflejan la impotencia y la falta de credibilidad en las instituciones. La gente no cree en qué las instituciones los representen y defiendan sus derechos, por eso recurren a vías de hecho para manifestar su inconformismo. La gente ataca los bancos, están cansados de ver que la banca se lucre del pueblo y sea un sector que genere ganancias en medio de la crisis".

Partido de Gobierno, demasiado ideológico

"No veo la capacidad de escuchar. Lo mismo sucedió en diciembre del 2019, anunciaron diálogo nacional y luego quedó embolatado", dice Fabio López, docente de la Universidad Nacional de Colombia, para referirse a las soluciones.

El también historiador, Ph.D en Lenguas y Literaturas Hispanoamericanas University of Pittsburgh, y analista de cultura política y medios de comunicación, dice que sí hay salida a la crisis: "Lo ideal es el diálogo con los partidos, con los grupos representativos, con las centrales obreras, con los estudiantes, con los congresistas, con todos. Ahí empieza la solución".

No obstante, señala al Gobierno como responsable: "El partido de Gobierno es demasiado ideológico y subordinado a unas visiones muy cerradas del mundo actual. Por ejemplo, desconocer el acuerdo de paz y la JEP; niega el conflicto y a las víctimas. La dificultad para permitir que se construya la memoria y la estigmatización de la izquierda con las Farc o la guerrilla. Todo esto, más el odio hacia el gobierno Santos y la negación de la protesta social, los hacen de una visión ideológica cerrada".

Cuestionó como el Gobierno se tomó las instituciones de control, nombró de Fiscal a su mejor amigo y se apoltronó en televisión sin liderazgo y empatía: "Y la sociedad, replegada, estalló".

Esperar que termine el mandato

Según el abogado Hernán Alejandro Olano García, rector de la Institución Universitaria Colegios de Colombia (Unicoc), permanecer en protestas significa: "que el conglomerado pensante desea una economía más igualitaria, que requeriría más democratización de la salud y la educación; desmantelar el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) que ha reprimido las protestas y, la idea de un país nuevo, como el que se soñaron los estudiantes cuando se gestó la Constitución de 1991".

Por otro lado, agregó, está el conglomerado actuante, la masa inconsecuente, que al parecer actúa alineada a estructuras delincuenciales organizadas para sembrar el terror en un país desfragmentado.
Sobre las consecuencias electorales de toda esta situación, mencionó la pérdida de credibilidad del modelo de centro derecha, así como de sus líderes, más apegados al clientelismo burocrático que a estar de cara a la realidad del país, como cree y se muestra la izquierda, que, "finalmente, tampoco está lejos de repartirse el pastel en el momento en que ingrese al banquete".
Mencionó que la salida es incierta. "Para algunos, podría ser la renuncia de Duque, pero me devuelvo y parafraseo lo dicho por Ospina Pérez: 'Para la democracia de Colombia vale más un presidente muerto, que un presidente fugitivo', así que es mejor esperar que culmine el mandato, a tener un gobierno de la vicepresidenta, con un equipo que a ella 'no le copia'. Otra solución es que de verdad se pueda pasar la página del conflicto y se elimine el discurso guerrerista de la política colombiana".

El consenso es la salida

Mauricio García Villegas, escritor, docente y columnista de El Espectador, analizó lo que está aconteciendo.

- ¿La crispación social es porque hay una generación reclamando o por los incumplimientos del Estado?

Por ambas cosas. Los jóvenes de hoy sienten que tienen un futuro incierto y desigual, con oportunidades buenas para algunos y escasas o nulas para la gran mayoría. Esta insatisfacción tiene muchas causas, pero una es que llevamos muchos años con gobiernos socialmente indolentes, que trabajan para sí mismos, para sus camarillas políticas y para sus aliados en el sistema económico. Lo que está haciendo la pandemia, fuera de matar a mucha gente, es exacerbar estos malestares.

- ¿Cuál es la solución para salir de ahí?

No queda otra salida que un consenso entre fuerzas políticas, Gobierno y líderes de las protestas. Debe girar en torno a, por lo menos, dos cosas: proteger la vida de la gente, lo cual implica acabar con los abusos de la fuerza pública y con el vandalismo, y tramitar una nueva reforma tributaria que, eliminando exenciones e imponiendo tributos extraordinarios a los más ricos, atienda la situación desesperada de los más pobres.

- ¿Cómo convencer, más allá de los anuncios políticos?

No es fácil, pero diría que con las medidas que acabo de mencionar y, además, con una actitud gubernamental menos preocupada por hacer política para copar todo el Estado, como lo ha hecho el actual Gobierno, y más sintonizada con las necesidades de la gente.

Sentimiento de injusticia

Cristina Echeverri Pineda, historiadora con maestría y doctorado en Ciencia Política, docente de la U. Javeriana en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, expresó que este conflicto es un acumulado de cosas. El aumento de la movilización social en la última década como forma legítima de participación política, entre las más destacadas las del 21N del 2019 y a partir de las que el Gobierno convocó a una conversación nacional que no llevó a nada. "Ahí se rompió la confianza entre instituciones y ciudadanía. Después llegó la pandemia, que aparentemente había desactivado las manifestaciones, pero lo que hizo fue contenerlas, y además desmejoró las condiciones de vida".

Agregó que desde el pasado 28 de abril se activó un sentimiento de injusticia, pues con la carga que impondría la reforma tributaria, y que la respuesta del Estado a este reclamo haya sido atenderlo con represión, aumentó ese sentimiento y activó la manifestación y la radicalización.

"También han sido agredidos miembros de la Fuerza Pública, pero son más los civiles afectados por la violencia, y lo que se está pidiendo es proporcionalidad. Las cifras más conservadoras hablan de 20 muertos y de mil heridos en estos días de manifestaciones y eso no tiene presentación en una democracia. La ciudadanía, la comunidad internacional y los sectores políticos deben condenar con fuerza eso. No puede ser que porque la gente salga a la calle a manifestarse llegue herida a la casa. Lo urgente es exigir la desmilitarización de las ciudades y retomar con seriedad, no como un show, la conversación nacional del 2019 que incluya actores tradicionales y a los jóvenes".

Desconectados de la realidad

Juan Carlos Gómez Giraldo, comunicador social, profesor de la Facultad de Comunicación en la U. de La Sabana

"Observamos una manifestación pública de un problema latente que ha tenido el país desde décadas atrás, que emerge después de que se le quitó el foco a la guerra: el inconformismo social derivado de muchos problemas de salud, empleo e inequidad, y la gente está protestando. El problema básico es que los gobiernos y las élites políticas, económicas e incluso los medios de comunicación han estado desconectados de esa realidad social y toman decisiones equivocadas".

Como una salida a estos problemas, un buen llamado de atención para todos, dijo, es que los jóvenes no se dejen manipular por personajes que pueden estar encendiendo la protesta ciudadana y la están haciendo desbordar; pero sí tienen todo el derecho a manifestarse frente a un caos como el que vive el país, y que hay que reclamar soluciones serias, responsables de parte de los gobiernos.

Que dejen de sacar al Esmad

El estudiante Eduardo Medina, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Manizales, expresó que la Policía ha insistido en mantener escenarios de miedo, como por ejemplo que la gente no saliera a protestar llevándosela detenida al Centro de Traslado por Protección (CTP) tiempo antes de llegar a las movilizaciones. Agregó que el alcalde reportó siete heridos, pero que fueron por lo menos 30 personas con algún tipo de golpe en el cuerpo causado por la fuerza pública.

"Creamos una plataforma de derechos humanos entre el Comité Permanente, Tierra de Todos y la Red de Derechos Humanos. Estaremos en las calles mientras la gente se esté manifestando, porque nuestra tarea civil es acompañar a la población para garantizar sus derechos".

Señaló que era más fácil que después del segundo día de movilizaciones el Gobierno retirara la reforma, pero no lo hizo y esperó a estar en la situación actual. "Estamos en una época en que la respuesta al miedo no es más el miedo. Militarizar la ciudad es como una necesidad de infundir miedo, y esa respuesta es la que ha garantizado que ocurra lo que está ocurriendo".

No obstante, rescató que ha habido un nivel de respeto "impresionante" de los militares. "Esto ha garantizado que no pase nada más grave. De otro lado, la Fuerza Pública en su institucionalidad ha cometido todos los desmanes posibles, con nosotros incluso que nos han amenazado y atacado, pero con las personas del área de Derechos Humanos de la Policía se ha tenido un proceso bastante bueno. Que dejen de sacar al ESMAD, esa sería la solución".