Ejecuciones extrajudiciales, en tránsito a la impunidad

HELMER GONZÁLEZ

LA PATRIA | MANIZALES

Alfamir Castillo, madre de Darbey Mosquera, asesinado por el Ejército el 7 de febrero del 2008 en la vereda La Java, de Manizales, asegura que su caso hoy ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), sufrió un retroceso.

El abogado Germán Romero Sánchez, de la Asociación Red de defensores y defensoras de derechos humanos (dhColombia), presenta un panorama que preocupa por el curso lento de las investigaciones y la negación de información a las víctimas, a quienes representa.

Carolina López Giraldo, directora del Centro de Estudios sobre Conflicto, Violencia y Convivencia Social (Cedat), de la Universidad de Caldas, hizo énfasis en la deuda de verdad en relación con las ejecuciones extrajudiciales en el Eje Cafetero.

Estas fueron las voces principales durante la presentación del documento Una práctica sistemática, ejecuciones extrajudiciales en el Eje Cafetero (2006-2008), realizada de forma virtual el 25 de noviembre y coordinada por la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Caldas.

Al final de la transmisión se podía rememorar un reconocido dicho en criminalística: “El tiempo que pasa es la verdad que huye”. En febrero se cumplirán 13 años desde la ejecución del hijo de Alfamir Castillo, asesinado junto con Alex Hernando Ramírez Hurtado. Manuel Rojas sobrevivió al ataque y fue fundamental para condenar en el 2012 a siete militares del batallón 57 Mártires de Puerres.

En el momento de las ejecuciones dirigía la unidad el mayor Mayor Josué Yobanni Linares, quien recibió el mando del coronel (r) Róbinson González del Río.

Práctica sistemática

Romero Sánchez entró en detalles sobre cómo trabajó el colectivo en tres casos: La Java y El Chuzo en Manizales, y El Lembo (Pereira).

El producto de esa labor es la publicación mencionada, la cual plantea que a partir de los tres casos se da cuenta de la existencia del fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales en una región que al comienzo se negó a reconocerlas.

El resto del sustento se basa en cómo operaba el batallón 57 para “apreciar la permanencia y expansión de la práctica en un segundo nivel, el de la responsabilidad de quienes ejercían el mando y/o control operacional en la VIII Brigada y la Tercera División”, asegura el documento.

La investigación del colectivo de abogados, publicada este año, se propuso escalar hacia la responsabilidad de lo que se denomina un tercer nivel, que es la vinculación del comandante de la fuerza.

Romero manifestó que la imputación al general (r) Mario Montoya excomandante del Ejército, por su presunta responsabilidad en las ejecuciones de La Java, se venía preparando en la Fiscalía hasta que este ingresó a la JEP.

Recordó junto con Alfamir Castillo, que la audiencia en la que se escuchó a Montoya fue abandonada por las víctimas, porque lo sucedido allí fue interpretado como una burla.

En la JEP

En la actualidad cerca de dos mil 700 militares se han acogido a la JEP, entre ellos 50 que laboraron en Caldas. Unos 400 han recobrado la libertad a cambio de contribuir con la verdad de los hechos, entre estos se encontrarían vinculados al caso de La Java.

“Es el mundo al revés”, señala Romero al comentar que Alfamir Castillo se encuentra en un departamento del país, oculta, porque las amenazas continúan (ver recuadro Persecución).

De otro lado, tampoco ha logrado que se le reconozca como víctima en la misma jurisdicción especial, algo que ya plenamente garantizado en los procesos adelantados en la justicia ordinaria.

De ahí que Alfamir insista en que se trata de un retroceso. Romero es menos pesimista. Señaló que la lucha contra la impunidad requiere de una insistencia y no renuncia a la búsqueda de justicia para las víctimas, en medio de las dificultades, pero reconoce que hay un 95% de casos sin esclarecer.

Persecución

Los datos de la persecución a Alfamir Castillo dan cuenta del riesgo que corre al presentarse como víctima en casos de ejecuciones extrajudiciales.

50 amenazas (cifra aproximada)

4 desplazamientos forzados

2 exilios fuera del país

1 atentado a su vida

Qué son las ejecuciones

Son homicidios a civiles, principalmente hombres jóvenes y desempleados, provenientes de barrios y comunas populares, falsamente presentados como dados de baja en combates, perpetrados por las Fuerzas Militares, en 31 departamentos del Colombia.

Casos

Al 2013 la Fiscalía reportó 4.716 denuncias por homicidios perpetrados por agente públicos, de los cuales 3.925 se manejan como ejecuciones extrajudiciales ocurridas en los dos periodos presidenciales de Álvaro Uribe.

En espera

En Colombia unas 250 unidades militares perpetraron ejecuciones extrajudiciales, indicó el abogado Romero Sánchez. Esa información la conoce la JEP. Sin embargo, en esa jurisdicción solo se priorizó el 4% (10). Entre ellos están los casos de las víctimas de Soacha, ocurridos en Norte de Santander, los del batallón La Popa (Cesar) y la Brigada XVI (Casanare). Por ahora lo ocurrido en el Eje Cafetero permanece excluido.

Vía de la vereda La Java, donde el batallón 57 asesinó a Darbey Mosquera y a Alex Ramírez. Sobrevivió Manuel Rojas.

Caso de la vereda El Chuzo, también cometido por el batallón 57.