LA PATRIA | MANIZALES

“Es soltera, trabaja desde su detención domiciliaria vendiendo pasteles y postres para mantenerse y velar por su mamá, de 61 años, quien tiene cáncer de garganta. Ella es la única que la puede cuidar y llevarla a las citas médicas”.

De esta manera, la defensora de Alyadis Estela Navarro Sabad, de 45 años, natural de Carmen de Bolívar, le pidió a la jueza aplicar para su clienta la marginalidad como cabeza madre de familia. A ella la condenarán por concierto para delinquir, estafa y falsedad en documento.

Alyadis Estela hacía parte de una banda que realizó préstamos en entidades de nuestro departamento a nombre de unos 50 docentes caldenses, por valor de $1.000 millones. Aceptó cargos y en la audiencia de individualización su abogada explicó que por la enfermedad de la mamá, Alyadis Estela se vio abocada a tomar el camino equivocada para solventar los problemas económicos.

“No tenía cómo pagar el arriendo y le cortaron los servicios públicos, por eso cometió el ilícito. No tuvo con qué cancelar las declaraciones extrajuicio, pero aportó fotos de la casa donde vive y del carné del Sisbén. Si la encierran, la mamá quedará en total abandono”, adujo.

La abogada quedó de enviar toda la documentación que acredite lo planteado y en otra audiencia se escuchará la posición de las demás partes sobre esa solicitud. El 9 de diciembre dictarán sentencia para ella y otras personas vinculadas con la banda.

La banda

• *Esta organización delincuencial se lucraba de las cuenta de algunos docentes de Caldas, pero ellos, ni lo sabían. Se las ingeniaban para tumbar a educadores del departamento usando bancos y cooperativas para sus fines ilícitos.
• *Primero accedían a bases de datos de integrantes del magisterio, seleccionaban a aquellos con buena capacidad de endeudamiento, obtenían sus cédulas, las falsificaban y los suplantaban para solicitar créditos en diferentes entidades, que oscilaron entre $15 millones y $40 millones.
• *Antes de pedir prestado, iban a la Secretaría de Educación de Caldas a solicitar los certificados laborales y desprendibles de pago. Luego se dirigían al Banco Agrario y a Bancolombia; así como a las cooperativas Ceocal, Cidecal, Coocalpro e incluso Confa, en sus sedes de diferente municipios.
• *Llegaban a las oficinas y se presentaban como docentes, llenaban formularios y documentos que no les correspondían para solicitar los préstamos. El tumbe acababa cuando les aprobaban el crédito y se los desembolsaban. La deuda le quedaba al docente, que ignoraba que lo habían suplantado.
• *Estas personas operaban desde diferentes partes del país, según la investigación de la Sijín. Se supo que desde abril de 2017 empezaron a solicitar créditos en Ceocal, Cidecal y Coocalpro, pidiendo incluso ser afiliados (en otros casos suplantaron a profesores ya afiliados).
• *“Se acercaban de a dos, para ser deudores y codeudores, roles que intercambiaban. Por esa época lograron el desembolso de tres créditos de $303 millones, $78 millones 710 mil y $75 millones”, contó la Fiscalía.
• *En diciembre de ese año dejaron quietas a las cooperativas y pusieron sus miradas en los bancos. Allí fue más fácil, pues no les pidieron ser afiliados, ni contar con codeudor.
• *En el Agrario lograron créditos por $294 millones 705 mil y en Bancolombia, de $54 millones 900 mil. En mayo y junio de 2018 tumbaron a Confa por un monto de $138 millones.
• *Se estableció que este grupo operó de la misma manera en departamentos como Risaralda, Huila, Casanare, Arauca, Cundinamarca, Cauca, Valle del Cauca y Boyacá.
• *Otros condenados son Katherine Milena Giraldo Ramírez, de Barranquilla, Maubry Yuliana Mosquera Henao, de Bogotá; Tatiana Sofía Ramírez Bohórquez, de Barranquilla; Pabla Isabela Padilla Rivera, de Barranquilla; Sabeth Patricia Janne Gamarra, de Barranquilla; Diana Rebeca Teherán Ruiz, de Barranquilla; Yimi Arturo Morales Acuña, de Valledupar; Germán Enrique Salas Ávila, de Barranquilla; Presto Hugo Cera Ortiz, de Barranquilla; Álex José Salas Barrios, de Barranquilla. *Algunos fueron condenados a 11 años, otros a 36 o 26 meses, de acuerdo con su grado de participación.

No preste su cédula, ni publique su número en redes sociales.

Otros que condenarán

*Íngrid Ester Navarro de la Rosa, de 39 años, natural de Barranquilla, sin antecedentes, solo anotaciones.

El abogado dijo que Íngrid le ofrece disculpas a la sociedad y reconoce su responsabilidad en los delitos. Anotó que ella en todo momento intentó un preacuerdo y resarcir al Banco Agrario. Se estima que el tumbe estuvo entre los $30 millones y $32 millones.

“Alcanzó a consignar $5 millones para reparar los daños, el 29 de abril de 2019 y se llegó a un acuerdo de dar $1 millón mensual hasta, al menos, llegar al 50% del detrimento, pero por la pandemia no pudo seguir con esas consignaciones, por eso aceptó cargos y no se siguió con el preacuerdo”, relató el defensor.

Le pidió al Banco Agrario que tome y acepte esos $5 millones como indemnización, aunque nada paga que se haya cometido una acción delictiva.

“No midió el tamaño de lo que hizo, se prestó para el delito y es una plata que no llegó a sus bolsillos. Estuvo 10 meses en Manizales encerrada y luego logró la domiciliaria. Vive con dos hermanas de 60 años, con enfermedades. Ella es el apoyo económico y cuidadora. Solicito mayor benevolencia en mínimos punitivos y, si puede, domiciliaria”.

*Roberto Jaime Rodríguez Lobo, de 58 años.

Tiene condena de 3 años por estafa, falsedad material en documento público, falsedad personal y uso de documento público falso, en La Plata (Huila). Otra de 2 años y 3 meses, en Pereira, por falsedad material en documento público agravado. Inhabilidad hasta el 2024.

El abogado pidió que a la hora de sentenciarlo por este nuevo proceso se parta de la pena mínima y se le otorgue domiciliaria por ser padre cabeza de familia. La Fiscalía dijo: “A su consideración señora juez si otorga subrogados”. Se ordenó visita socio-familiar.