LA PATRIA | MANIZALES
“Haga de cuenta que la sentencia no nació a la vida jurídica. Nació el caso, pero no terminó. Así haya habido sentencia, como no alcanzó a quedar ejecutoriada, la prescripción se sobrepone. Piense que no pasó nada, que el Estado inició un proceso, se demoró muchos y por eso le prescribió. Lo llamaría una impunidad maquillada”.
Así resumió un juez, consultado por este medio, lo que pasó con el caso de Juan Alberto Pérez Cobus, quien fue alcalde de Victoria entre 2004 y 2007. El Tribunal Superior de Manizales le confirmó en febrero pasado la sentencia emitida en primera instancia por el Juzgado Penal del Circuito de La Dorada, por contrato sin cumplimiento de requisitos legales. La condena fue de 7 años e inhabilidad por 8 años, cuatro meses y 15 días. De paso le negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria como sustituta de la intramural.
El caso no alcanzó a mirarse en la Corte Suprema de Justicia, por lo que se sobrepuso la prescripción de la acción penal, decretada el pasado 6 de mayo por el Tribunal de Manizales. Lo cierto es que se comprobó el delito, según dos pronunciamientos, pero el señalado no pagará nada por todo lo que tardó el proceso.
El caso
En 2004, Pérez Cobus adelantó sin el lleno de los requisitos legales varios procesos contractuales (ver recuadro Los contratos).
“Fueron suscritos y pagados sin haber adelantado licitación, lo que resultaba exigible y sin haberse justificado con la suficiencia requerida en los tres procesos contractuales, tal y como correspondía. No se adjuntaron constancias de informes de cumplimiento del objeto contratado por los contratistas, tampoco se allegaron certificados del correcto desarrollo y cumplimiento de los supervisores de los mismos y menos se hallaron liquidaciones de cada uno”, se explica en el proceso.
El 29 de octubre de 2008, la Fiscalía dispuso la apertura de la investigación. El l2 de septiembre siguiente se declaró cerrada la investigación para finalmente proferir resolución de acusación en contra del mandatario. La sentencia condenatoria de primera instancia la dieron el 24 de julio de 2019 y la ratificación, en febrero pasado.
1- Por $54 millones 321 mil, adquiridos en la Estación de Servicio Santa Mónica de ese municipio. Se distribuyeron así:
2-Contrato de reparación de los mismos automotores por valor de $106 millones 494 mil 487, cancelados al establecimiento Autopartes La Dorada, distribuidos así:
3- Celebración de los siguientes contratos para la prestación de servicios -asesorías de varios profesionales- por valor de $44 millones 500 mil:
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