LA PATRIA| MANIZALES

Un juez de Bogotá decidió que es el juzgado octavo de control de garantías de Manizales el competente para pronunciarse sobre la solicitud elevada por la defensa de Claudia Marcela Castaño Morales, una de las 13 personas señaladas de pertenecer a Las Marionetas, quien pide permiso para laborar fuera de su residencia en la capital caldense. En este momento puede hacerlo, pero en domiciliaria.

Desde las primeras audiencias en marzo, cuando aprehendieron a 9 personas y una más se entregó, Castaño Morales preacordó pena, que iría de los 16 a los 54 meses. Aún no le dictan sentencia.

Como se recordará, esta manizaleña, habitante de la vereda La Palma, es sindicada de hacer parte de una banda que operó entre el 2020 y el 4 de marzo del 2022, encabezada por el senador Mario Castaño, dedicada a exigir y recibir beneficios económicos de particulares con el fin de dirigir la contratación pública y favorecerlos en varios proyectos ante la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, la entidad Proyecta Quindío, Ministerio del Deporte, Ministerio del Interior, Dispac – La energía del Chocó-, Gensa S.A, y las gobernaciones de Caldas, Chocó y Risaralda.

De igual forma, en las alcaldías de Aguadas, Alcalá, Armero Guayabal, Balboa, Belén de Umbría, Chinchiná, Dosquebradas, Neira, Condoto, La Merced, Marmato, Nuquí, Pácora, Palestina, Piendamó, Pueblo Rico, Quibdó, Risaralda, Salamina, Samaná, San José, Suárez y Villamaría. Según la Fiscalía, la banda exigía también dinero a desempleados a cambio de una relación laboral o contractual con la administración, y tras el nombramiento y/o la suscripción de contratos de prestación de servicios la estructura criminal obligaba a algunas personas nombradas y contratadas a entregar beneficios económicos, e incluso

sexuales, para no terminar su vinculación con el Estado. A Claudia Marcela le asignan el rol de administrador y la acusan de concierto para delinquir.

Otros dos a la cárcel

Fotos| LA PATRIA

Llegó a 13 el número de capturados y señalados como parte de Las Marionetas, que están encerrados. A los dos recientes aprehendidos les dieron medida intramural. Se trata del gerente de la Empresa para el Desarrollo Territorial Proyecta Quindío, Pablo César Herrera Correa; y el representante legal de la Escuela Taller de Caldas y del Paisaje Cafetero en Salamina, James Peña Garzón, quienes estarían involucrados en distintas maniobras irregulares de contratación.

-Herrera Correa habría suscrito dos contratos interadministrativos con el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), en agosto y noviembre de 2021, por valor de $22.173 millones y $49.460 millones, respectivamente.

Los convenios contemplaron la construcción de carreteras y la adecuación de vías terciarias en cerca de 20 municipios de Quindío, Risaralda, Chocó y Caldas. En la investigación se estableció que, para ejecutar las obras, esta persona celebró 10 contratos con empresas que habría referenciado el congresista Castaño. Al parecer, el senador recibió a cambio entre 10% y 15% del valor total de cada contrato.

-De Peña Garzón se estableció que, inicialmente, acudió ante dos ministerios y obtuvo recursos para proyectos turísticos y culturales. Las evidencias indican que, presuntamente, se apropió de $1.228 millones y entregó $300 millones a una supuesta enviada del congresista (Nova Lorena), que habría intercedido para lograr el desembolso de los rubros solicitados. Luego, a finales de 2021, este hombre, al parecer, le dio $20 millones en efectivo a la misma intermediaria del senador con el propósito de que gestionara dineros para programas turísticos en una población de Caldas. Aquí se pactó 20% de la suma que le fuera asignada al municipio.

 Principio

Foto| LA PATRIA

Santiago Castaño Morales y Nova Lorena Cañon Reyes buscan el principio de oportunidad por su colaboración con la Fiscalía. Esta semana el ente acusador presentará el acuerdo ante un juez de control de garantías de Bogotá que decidirá si lo avala o no. El principio es la posibilidad que se da entre quien ha cometido un delito y el Estado de llegar a un acuerdo, como aportar información, para finalizar anticipadamente el proceso penal, siempre y cuando la colaboración sea efectiva para resolver el caso.