LA PATRIA| MANIZALES

El Juzgado Primero Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Manizales tuteló los derechos de José Nicanor Beltrán García, de 70 años, celador de cuadra del barrio El Guamal (cerca de la cancha), de esta ciudad.

Él los vio vulnerados cuando por decisión de la Inspección Quinta Urbana de Policía se le ordenó no ejercer su actividad laboral.

Luego de conocer el caso de este hombre de la tercera edad, de origen campesino y que llegó a la ciudad por causa de la violencia, la Personería activó las rutas para garantizar el derecho al trabajo de este ciudadano.

Voces

“Se ha dedicado al cuidado de carros en El Guamal, donde también adelanta labores de jardinería y celaduría. Como contraprestación recibe aportes voluntarios de las personas del sector, siendo esta su única fuente de ingresos. Desde hace unos días, una vecina de esta zona ha dado a conocer la molestia por la presencia de José Nicanor en el sitio, lo que ha generado varios conflictos y la presentación de una querella ante la inspección ya mencionada por presunta perturbación de la convivencia”, contó Fernando Arcila, titular de la Personería.

El fallo de esta querella fue a favor de Beltrán García; diciendo que no se había comprobado que perturbara la convivencia. Sin embargo, le exigió no ejercer más la actividad de cuidador de los carros hasta que cumpliera con una serie de requisitos que aplican para los establecimientos comerciales, pero no para la actividad que ejercía, que no se encuentra regulada en el Código Nacional de Policía.

Ante esta situación, el señor recurrió a la Personería. Según la entidad, se amplió este caso y se reunió con otros residentes del barrio, que manifestaron su apoyo para que pueda continuar con sus actividades.

“Luego se interpuso la acción de tutela para proteger el derecho a la dignidad humana, al mínimo vital, a la libertad de elección de profesión u oficio y al trabajo. Por su edad y su analfabetismo, el hombre no ha podido encontrar otra fuente de ingresos”, contó el Personero.

En el fallo del juzgado se establece que cualquier decisión de Policía que exista no puede limitar sus derechos al trabajo ni a la libertad de profesión u oficio, teniendo en cuenta que la labor de cuidador particular no tiene una regulación del Estado.

“Hace cinco meses un habitante del sector me ofreció $60 mil para cuidar sus carros en las noches. Pasados dos meses y medio no se dio el pago acordado y empecé a recibir acusaciones, de dos vecinos, por el daño de carros de la zona. Además se mostraron agresivos”, dice el señor en la tutela.