LA PATRIA | MANIZALES

Una persona, procesada por homicidio y porte ilegal de armas, terminó absuelta, luego de que el Tribunal Superior de Manizales confirmó el fallo de primera instancia de un juzgado de Pensilvania.

Lo acusaron de cometer el delito siendo menor de edad. La Fiscalía y la representación de víctimas habían apelado de la decisión.

De acuerdo con la acusación, los hechos ocurrieron en la vereda La Bella, del corregimiento de Pueblo Nuevo, cuando entrando la noche del 22 de marzo de 2018, en terreno boscoso contiguo a algunas fincas del sector y en pleno camino de herradura, fue ultimado con arma de fuego el líder comunal José Alcides Ospina Arango, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Guayaquil. Luego de que se escucharon las detonaciones, algunos vecinos lo vieron tirado en el camino, con impactos de bala y ya sin signos vitales.

Acudió

Un adolescente, de 17 años, aceptó inicialmente su responsabilidad por el homicidio, según dijo la Policía en esa fecha. Contó que el menor se presentó el 17 de abril, acompañado de la comisaria de familia, a las oficinas de la Sijín del municipio, debido a una citación para que rindiera testimonio, pues era el único que acompañaba a la víctima en el momento del ataque con arma de fuego.

Aseguró que era su voluntad entregarse y responder por el crimen. Posteriormente lo presentaron ante una fiscalía de infancia y adolescencia, rindió interrogatorio e indicó el sitio en donde escondió el revólver con el que habría asesinado a Ospina Arango.

Aunque las autoridades tenían como principal hipótesis del asesinato el robo del dinero, el presunto homicida habría asegurado que lo cometió porque su víctima abusaba sexualmente de él. Ya en audiencia no aceptó cargos y terminó absuelto, en primera y segunda instancia, por dudas.

"No hay ninguna prueba que refleje un móvil de este para segar la vida de la víctima. Pese a lo dicho en interrogatorio a indiciado, en el juicio decidió guardar silencio. La causa quedó solo con indicios, sin hechos indicadores claramente acreditados. El presupuesto de presencia, fincado en que el menor fue visto con la víctima antes de su muerte, no era suficiente para derivar su compromiso penal, ya que los testigos que lo vieron no ofrecieron información adicional,

por lo que el hecho de que el joven fue quien mató sea solo una posibilidad, pero no una certeza", anotó el juzgado.

Tampoco se demostró que el arma que se halló enterrada (calibre 38, marca Smith & Wesson, de carga para 6 cartuchos, con dos de ellos alojados), era de su propiedad, ni que con ella se disparó contra José Alcides.

"La verificación de que el día de los hechos José Alcides y el menor emprendieron juntos un último viaje con material, tras el cual se perpetró el homicidio, y que el adolescente entregó información a su madre para el hallazgo de un arma de fuego apta para ser percutida, no conduce necesariamente a la determinación de que fue él quien le segó la vida a su compañero de actividades laborales. Se trata solo de una posibilidad, entre otras tantas no contempladas que, por falta de precisión y profundidad en la investigación, han impedido aclarar el panorama", manifestó el Tribunal.

Todo este proceso se selló con llamados de atención para las autoridades. La víctima era el presidente de la JAC, por lo que podría catalogarse como líder social, con todos los riesgos que ello implica, agregó el Tribunal.

"En la necropsia se reportó un hallazgo incidental, como fue la recuperación de otro proyectil alojado en el cuerpo de la víctima, pero en estado de cicatrización antiguo, por lo que podría ser que el occiso haya tenido enemigos interesados, otrora, en segar su vida, que nada obsta para que no volviesen a intentarlo. De ahí que pudiera ser esa la razón por la que sus familiares testificaron que solía andar armado para su propia defensa.

Del Tribunal

• -El Tribunal llamó la atención porque una vez ocurrido y reportado el hecho, las autoridades no fueron hasta el lugar de su ocurrencia, por lo que no hubo un acordonamiento de la zona, con miras a la recuperación de elementos materiales probatorios y evidencia física de relevancia.
• -"Se desaprovechó así una oportunidad única y cardinal para lograr hallazgos importantes. Al cuerpo de la víctima se le encontraron los bolsillos hacia afuera, por lo que podría colegirse que hubo manipulación posterior a su deceso, razón por la que las prendas de vestir podrían alojar huellas o rastros que pudieron recaudarse técnicamente. Pero nada de ello se hizo, ni desde el día de los hechos, ni con posterioridad".
• -"Conocida las calidades especiales de la víctima, esto es, de presidente de Junta de Acción Comunal y prestamista, no se
• aprecia el desarrollo de pesquisas dirigidas a la constatación del estado de sus cuentas (deudores morosos) o controversias por su actividad de líder. Tal deber de averiguación fue prontamente cerrado al conocer de la revelación del menor, que nunca se elucidó si obraba con cabal consciencia y, sobre todo, ajeno a cualquier presión, intimidación, ánimo de encubrimiento o semejante".
• -"También se dio a conocer que José Alcides Ospina solía andar armado para su propia defensa, y dentro de este proceso no fue tema de averiguación si el homicidio pudo haber ocurrido con la misma arma que tenía o con otra diferente".
• -"El jefe de la Unidad de Investigación del municipio recibió llamada desde la Estación de Policía de Pueblo Nuevo para ponerle en conocimiento la muerte del presidente de la JAC, reportándole que lo encontraron arrojado en camino rural, con los bolsillos esculcados y hacia afuera, y que un menor de edad era testigo de los hechos. Señaló en este punto que, por el riesgo de dirigirse a la zona en tal horario, no se dispuso acudir al lugar de los hechos, por lo que fueron familiares y vecinos quienes trajeron el cuerpo hasta la cabecera municipal, denotando ello que no hubo ningún tipo de inspección, con todas las limitantes que ello representaba para el hallazgo de vestigios de relevancia".

De enero a marzo del 2018, 132 defensores de derechos humanos fueron víctimas de algún tipo de agresión en Colombia que puso en riesgo su vida e integridad.

La Corte Suprema de Justicia ha sido reiterativa en señalar que es considerada como prueba solo la practicada en el juicio oral y público con observancia no solo de garantías procesales, sino de las formas legales establecidas, para luego ser valorada por el mismo funcionario judicial que la presenció. Esto para explicar por qué no se tiene en cuenta lo declarado inicialmente por el procesado.

Un posible testigo, habitante de la zona de los hechos, solo atinó a decir en juicio: “Pues lo que han comentado, pues sí, no más, lo que se ha oído decir es que es cierto, que él fue el causante de la muerte”. Para el Tribunal, no fue este entonces el declarante con datos específicos para definir la participación del adolescente acusado en el homicidio.