Productores independientes, indignados por convocatoria de Telecafé

ANDRÉS RODELO

LA PATRIA | MANIZALES

La ilusión por una convocatoria para respaldar a los realizadores audiovisuales en este tiempo de pandemia se convirtió en un motivo de indignación. Así lo describen varios interesados en la iniciativa Desde casa para el Eje, del canal regional Telecafé, que destinará recursos a 21 productores para la realización de igual número de capítulos (de 24 minutos cada uno) que integrarán una serie documental sobre la actual emergencia sanitaria.

Los realizadores ponen peros a los términos de la convocatoria. En un comunicado, cerca de 50 trabajadores del sector audiovisual del Eje Cafetero expresan: “Queremos manifestar que la recibimos con sorpresa e indignación, pues deja serias dudas sobre la calidad que se pretende lograr y, principalmente, sobre las condiciones de transparencia que debe tener una convocatoria pública”.

El primer reparo es al tiempo para presentar las propuestas. Inicialmente, la fecha máxima era ayer, 17 de abril, lo que agarró por sorpresa a varios productores: “Nunca me había tocado una convocatoria de una semana”, reconoce Juan Felipe Quiceno, miembro de Alados, Corporación Colombiana de Documentalistas.

Margen de tiempo

Ante el reclamo, Telecafé amplió el plazo hasta el martes y desde el canal señalan que el tiempo es suficiente: “La convocatoria se publicó el 13 de abril en la página web, es decir, desde el principio se difundió. Cuando uno busca constantemente convocatorias, pues siempre está pendiente de las páginas web y de lo que a uno le interesa. A partir del martes se hizo difusión en redes sociales, en nuestras plataformas digitales y se envió un boletín de prensa a grupos del Eje Cafetero”, comentó Ana Milena Alzate, jefe de programación y producción de Telecafé.

Sobre si Telecafé considera justo este tiempo para presentar una propuesta como la descrita en la convocatoria, Alzate señala: “El objetivo es que se haga de una manera ágil. Por eso la ficha técnica anexada presenta requisitos mínimos. No se pidió investigación, tampoco otros elementos que se incluyen habitualmente en una convocatoria. Además, no es necesario salir a grabar. Los productores pueden hacerlo desde sus casas usando diferentes recursos narrativos”.

Alzate afirmó que el corto tiempo para recibir las propuestas se debe a que el objetivo es entregar pronto los recursos a los productores, quienes pasan aprietos financieros por estos días, debido a la emergencia sanitaria. Sin embargo, la carta de los realizadores niega que la convocatoria se compartiera en redes del canal el martes 14: “Solo hasta el miércoles 15 de abril hacen la difusión por los canales digitales, a solo dos días del cierre”.

Otras condiciones

El inconformismo es también por otros requisitos que, menciona la carta, son difíciles de cumplir para los realizadores independientes. “¿Por qué pedir a las personas naturales un registro mercantil, el cual deberá estar registrado al menos con un año de antigüedad a la fecha de la presente invitación? ¿No es suficiente con el RUT y la actividad económica relacionada, como lo hacen otras convocatorias públicas incluso de mayor valor monetario?”.

También se cuestiona solicitar declaración de bienes y rentas a personas naturales, al igual que acreditación de celebración de contratos por igual o mayor valor al de la convocatoria. “Va en contravía de la premisa de promover la industria audiovisual de la región, teniendo en cuenta que bajo la figura de personas naturales difícilmente se puede cumplir este requisito y más aún con los plazos que se dieron”, critica el documento.

Martín Montoya, secretario general de Telecafé, dijo sobre el registro mercantil: “Todas las convocatorias de Telecafé necesitan unos mínimos de participación por ser una entidad estatal. Como se trata de impulsar a la industria audiovisual, decidimos darles la oportunidad a productores independientes y personas naturales. Obviamente, no puede ser una persona que tenga una actividad cualquiera, sino que esté registrada en la Cámara de Comercio. Es un requisito legal y mínimo para dar seguridad de que los recursos se invertirán bien. Una exigencia en todas las convocatorias de Telecafé, sin excepción”.

Alzate, por su parte, expresó que el tiempo del registro mercantil se redujo de un año a seis meses. Montoya aseguró que la declaración de bienes y rentas también es un punto esencial para cualquier vinculación a una entidad estatal: “Es simplemente presentar la declaración, que es un documento que se diligencia”.

En cuanto a la acreditación de celebración de contratos, el secretario general de Telecafé también la califica de exigencia mínima: “La persona y la empresa que vaya a presentarse debe tener un mínimo de experiencia para garantizar una calidad óptima del producto. En cualquier tiempo usted presenta contratos que sumen 7 millones, lo que es para nosotros un monto bajo si hablamos de personas que desarrollaron producciones y que han tenido experiencia en lo audiovisual. Consideramos que es un requisito mínimo”.

Recursos

Otra queja recae en el presupuesto reservado para cada capítulo: $7 millones 692 mil 308. Los realizadores independientes lo califican de paupérrimo luego de restar las retenciones, impuestos y gastos: “Descontando de lo que teníamos como neto (…), y sumando siempre los menores valores tendríamos $3.120.770 en el caso de las personas naturales, y $3.554.117 en el caso de las jurídicas”.

Montoya comentó que el presupuesto de este año subió en comparación con el del año pasado y que el precio se estipuló en un plan de inversión que aprueba el Gobierno Nacional: “Lo enviamos al Ministerio de las TIC, que nos gira los recursos para inversiones en producción. Es un presupuesto que no definimos de manera arbitraria. El año pasado eran $7 millones 200 por capítulo, este año son $7 millones 600”. Agregó que se han dado las garantías y que la convocatoria es democrática para que muchos interesados participen y se beneficien de los recursos.

No obstante, los productores independientes no están de acuerdo: “Llegamos a la conclusión de que hay unas barreras jurídicas o burocráticas que impiden acceder a estos recursos a las personas naturales y asociaciones, los más afectadas por la pandemia”, expresa Quiceno.