Libertad con acceso e inteligencia

El pasado miércoles se cumplió una jornada más del Día Mundial de la Libertad de Prensa, fecha que se estatuyó para reflexionar sobre este importante derecho, base fundamental de cualquier democracia. Que no es un derecho de periodistas, sino de la sociedad a estar informada.

Sin acceso a la información es muy difícil lograr Libertad de Prensa real. La tradición de Colombia sobre este derecho comienza de la mano de periodistas como Alberto Donadío, Gerardo Reyes y Daniel Samper Pizano, quienes desde la Unidad Investigativa de El Tiempo en los años 70 y 80 presionaron para que el Consejo de Estado hiciera respetar el principio de publicidad de los documentos públicos, consagrado desde comienzos del siglo XX en la Ley de Régimen Municipal.

Sus argumentos calaron hasta lograr introducir este derecho en el Código Contencioso Administrativo, y luego ser elevado a rango constitucional en 1991, en el artículo 23 como Derecho de Petición. Desde entonces se han dado muchos debates en torno a la necesidad de transparentar la información pública. Parte de esto buscan plataformas como datos.gov.co en donde el Estado pretende poner el máximo de información de manera amigable, para que la ciudadanía pueda estar informada y vigilante.

El tema no es pacífico. Si bien existen leyes como la de Acceso a la Información Pública y la que desarrolla el derecho de Petición, ambas de rango estatutario, en realidad entre ellas hay asuntos que se contradicen, y aún quedan funcionarios que amparados en su vieja tradición del tape-tape cierran los espacios, para lo cual a veces cuentan con jueces que no entienden suficientemente la dimensión de un Estado abierto.

Si es difícil con las informaciones cotidianas, qué esperar de los archivos de inteligencia y contrainteligencia del Estado. Estos evidentemente tienen mucho que esconder, a veces con razón, si se trata de asuntos de seguridad nacional, pero otras sin razón, como cuando se persigue a defensores de derechos humanos o las operaciones como Andrómeda, de la que nunca supimos realmente hasta dónde abusó.

El asunto es que esa inteligencia es necesaria, pero se tiene que amparar en lo legal. Para contrarrestar los abusos se tiene una forma tradicional en muchos países que es desclasificar documentos. Que si hubo abusos se sepa, así sea después. Se entiende que estos pueden perder su condición de reservados cuando el motivo de la reserva desaparece o en un tiempo fijado por el Congreso.

Colombia ya legisló sobre este asunto y, según como se interprete, estos documentos estarán sometidos a reserva por lo menos 15 años o 30, después de los cuales se podrá acceder a ellos. En el libro Acceso a los archivos de inteligencia y contrainteligencia en el marco del posacuerdo, la organización Dejusticia hace un llamado para que esto se cumpla y el Estado tome la iniciativa para desclasificar los documentos, que no se trate solo de un asunto a demanda, sino que se promueva la mayor transparencia. No es asunto menor. En países centroamericanos se ha descubierto con el paso de los años documentos que eran elevados al rango de reserva, pero que contenían las fechorías de muchos abusadores, entre ellos ejércitos que se decían defender al pueblo.

Plantea también este libro inquietudes como cuál va a ser el protocolo para que las Farc desclasifiquen sus archivos, pues eso parece no haber quedado claro. Porque este texto se hizo precisamente en ese marco del posacuerdo.

Este es un texto muy importante para abogados y personas interesadas en conocer la memoria de este país -se puede descargar gratis de Dejusticia.org-, pues nos da pautas de cómo flanquear las dificultades que se tienen para conocer sobre decisiones que se tomaron en el pasado. También porque sugiere reflexiones, con pruebas en mano, de que los índices que deben tener la Fuerza Pública con las razones de la reserva tampoco se están cumpliendo y se salen por la tangente. Es un documento que nos muestra una vez más la cara de este país entre el deber ser -consagrado en la ley- y lo que es -según los que amañan a su beneficio esa ley-.