"Poner el financiamiento como centro del debate es hablar de equidad social": Luis Enrique Arango, director del SUE

La nueva propuesta de los rectores de las universidades públicas es que se aborde el problema del financiamiento de estas instituciones en una ley que tendría que salir más rápido que la pretendida reforma a la Ley 30 de 1992.

Mientras que el Ministerio de Educación advirtió que este año no presentará ninguna propuesta oficial al Congreso, los estudiantes de la Mane son optimistas en que su proyecto de reforma estará listo en octubre.
Sin embargo, lo que buscan los rectores es que se ponga como enfoque principal el financiamiento, especialmente de las universidades públicas, que ya no aguantan más con los mismos recursos y que requieren un cambio en la forma de asignación del presupuesto.

Quien está liderando esta propuesta es el nuevo presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE), Luis Enrique Arango, quien se viene desempeñando como rector de la Universidad Tecnológica de Pereira desde el año 2000.

Retomar el tema

-¿Cuál es el principal problema que tienen las universidades públicas en este momento?

El problema central es el de financiamiento. La Ley 30 de 1992 no pensó en lo social, fue hecha para un momento de la educación superior de minorías, es decir, no fue estudiada ni diseñada para la situación de masificación que se vive actualmente. Otra dificultad es que fue pensada para mantener el ‘statu quo’, no para el crecimiento, porque definió el financiamiento manteniendo el presupuesto en pesos constantes. No se pensó que las universidades iban a crecer, que se expandirían, que periódicamente requerirían recursos de inversión para mantener el funcionamiento.

Estamos asumiendo una serie de costos sin compensación del Estado. Por ejemplo, los salarios en las universidades públicas crecen más allá de la inflación y los ingresos que nos transfiere el Estado no crecen sino con la inflación. Estos gastos se han compensado con matrículas y con ventas de servicios. Pero ambas cosas tienen enorme resistencia en la sociedad. Eso nos ha llevado a pensar en retomar el tema de una ley para resolver el problema coyuntural del financiamiento de las universidades públicas. Llevamos tres años esperando resolver el problema y no se ha podido y ya no podemos dar más espera. No podemos condicionar la solución del financiamiento de las universidades públicas a que aparezca la gran ley que lo resuelva todo.

-¿Quiere decir que impulsarán una ley aparte de la gran reforma que se quiere hacer a la Ley 30 de educación superior?

Ese es el nuevo enfoque que le vamos a dar al debate en Colombia con relación a la ley de educación superior. Nueva ley sí, pero al mismo tiempo vamos resolviendo el tema de la financiación, porque lo otro, por complejo, por necesidad de ser tan deliberado, nos está haciendo daño y no hemos podido resolver los problemas de financiamiento. Un Gobierno nos puede asignar nuevos recursos cada año para el presupuesto, pero eso no nos da a largo plazo la posibilidad de planear el crecimiento de las universidades. Necesitamos tener asegurados por ley unos recursos y saber con qué vamos a contar, para poder crecer.

-El miedo de la comunidad universitaria es que de ser resuelto solo el problema de financiamiento, luego pasen a un segundo plano los demás aspectos…

El financiamiento tiene que ver con todo, y ponerlo como el centro del debate es hablar de equidad social, de calidad, de internacionalización, de la actualización de la infraestructura educativa, de investigación. El principio de las cosas pasa por el financiamiento. Entonces este debate nos tiene que entregar muchos insumos para ir alimentando la ley integral, que es la que complementa todos los aspectos de la educación superior.

-El expresidente del SUE Danilo Vivas propuso crear una especie de IPC para la educación. ¿En qué quedó esa propuesta?

Las universidades están asumiendo entre dos y tres puntos más sobre el IPC del salario promedio de los docentes, eso no tiene compensación, por eso cada año nos vemos obligados a hacer una gestión con los ministerios de Hacienda y Educación para que nos ayuden. Eso también implica una restricción en la inversión de otros rubros esenciales, por ejemplo en bibliotecas, construcción de salones, y nos ha obligado a implementar sistemas inequitativos de contratación docente. Ese tema hay que resolverlo. Una forma es saber cuál es el IPC universitario, porque tiene que hablar de los salarios de los docentes. Esa es una alternativa, pero se necesitan reglas de juego para que las universidades puedan crecer, porque no se puede si se asignan los mismos recursos.

- Entonces el IPC universitario serviría solo para mantenerse estables, pero no permitiría que las universidades crezcan…

Tiene que haber unas reglas de juego. Puede haber un per cápita mínimo para cualquier universidad, dependiendo de los programas académicos, porque es distinto un programa de medicina a uno de sociología. Le pueden dar a las universidades por cada estudiante matriculado un mínimo, dependiendo de la carrera. Ese es el mínimo, de allí entran a jugar otros factores como la complejidad de la universidad y el currículo de cada programa.

Gestiones

- ¿Cuándo presentarán su propuesta?

Empezaremos una gestión con el Ministerio de Educación para el presupuesto del 2013. Es muy difícil que esta propuesta esté sincronizada con una nueva ley de financiamiento. En el presupuesto del 2013 tienen que venir recursos adicionales, mínimo aquellos que tenía el proyecto de ley que fue retirado del Congreso el año pasado.

-¿Una ley de financiamiento alcanzaría a pasar este año por el Congreso?

No creo que alcance a pasar este año, porque ya va a arrancar la segunda legislatura, pero haremos el mayor esfuerzo para que este año al menos ingrese un proyecto de ley que busque la financiación de las universidades públicas.

- Con respecto a la ley integral de educación superior ¿trabajarán por su parte o se unirán a los estudiantes o al Gobierno?

Desde el SUE y Ascun estamos avanzando en una discusión con la que estamos construyendo una visión de universidad a futuro, tocando los temas esenciales que se deben abordar en una nueva ley. No hemos llegado al punto de decir que estamos construyendo un articulado, porque hay que entrar a señalar qué es lo que queremos. Ascun aspira tener un documento concreto con estos alcances en octubre, para llevarlo al congreso de rectores de Ascun; esto de alguna manera servirá para alimentar el proceso de discusión. Los estudiantes tendrán su propuesta, pero Ascun tiene otra, puede que no sea un articulado, pero tiene una visión que debe expresarse en el articulado. Diría que si la Mane entrega en octubre su propuesta, el Gobierno tendrá que recogerla, así como las que elaboren los otros sectores, para hacer su mejor esfuerzo de concertación y llevar al Congreso ese articulado.

Al tiempo

A la pregunta: Si los tiempos coinciden, al Congreso podrían entrar al mismo tiempo el proyecto de financiación de las universidades públicas y la propuesta que está impulsando la Mane, el presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE), Luis Enrique Arango, dijo: sería una eventualidad, pero no le estamos jugando a esto, porque entendemos que la ley integral es supremamente compleja. Seguramente esta ley tiene aspectos de financiación, porque el tema no solo es para las universidades públicas, sino para las privadas que atienden sectores en debilidad que requieren apoyo para estudiar. Ellos también requieren una política de financiación que no la vamos a tocar en la propuesta para las universidades públicas. Pero esa ley integral tendrá que recoger lo nuestro y lo de los demás.