LA PATRIA|Manizales

Un fracaso, lento, complicado y costoso son las calificaciones que varios exalcaldes de los municipios de Caldas le dan al Plan Departamental de Aguas (PDA), hoy Agua para la prosperidad.

Pasados tres años de aplicación de este proyecto nacional en Caldas los mandatarios concluyen que la inversión se ha visto más en gastos burocráticos que en ejecuciones reales en los municipios. Según ellos, se han ido cerca de 7 mil millones pagándole a Aguas de Manizales por administrar y en municipios como Risaralda las obras no sobrepasan los 240 millones de pesos o ni siquiera han comenzado.

La propuesta es una meta del Plan de Desarrollo del Gobierno de Álvaro Uribe, que continuó en el programa Agua para la prosperidad, de Juan Manuel Santos. Su objetivo es aliviar las necesidades en agua potable, aseo y saneamiento básico que los municipios por sí solos no pueden costear. Propone obras como plantas de agua potable, reposición de acueducto y modernización de las empresas de servicios públicos.

"En el papel era una maravilla, íbamos a construir esas obras que eran necesidades que por años los alcaldes anhelaban solucionar. Mire a dónde llegamos, no hemos visto ni el 10% de la inversión", explicó el exalcalde de Risaralda, Danilo Gutiérrez. El exmandatario criticó constantemente el PDA, aunque lo calificó de ambicioso, señaló que tiene muchos 'pantanos'.

En contraste están las declaraciones del los exalcaldes de Viterbo, San José y Neira, primeros beneficiarios y de los pocos que alcanzaron a terminar su periodo con obras terminadas. "Al municipio le fue muy bien con el PDA, fue el primero en iniciar, logramos dejar 25 cuadras con el alcantarillado nuevo y mejorar la conducción de agua de la bocatoma al casco urbano", anotó Luis Gonzaga Correa, de Neira. En eso concuerda Daniel Ancízar Henao, de San José, "al menos en esta zona desarrollamos tres proyectos, sería injusto criticar el PDA". Sin embargo, concuerdan en que la lentitud del proyecto es su punto más débil.

LA PATRIA contrastó la visión de la Gobernación con las quejas de los exmandatarios que trabajaron en la elaboración del PDA de Caldas. Participaron 26 municipios, pues la La Merced se quedó por fuera, y algunos comprometieron hasta el 70% de los recursos.

La mecánica

El Plan Departamental nació como la unión de esfuerzos. En Caldas participan Corpocaldas y Empocaldas. El dinero de los municipios, que comprometía por lo menos el 40% de las vigencias de los 4 años de periodo, se unía a los aportados por la Nación y la Gobernación en una bolsa común administrada por una fiducia.

Su objetivo tiene dos fases, la primera es mejorar la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, y la segunda, la habilitación del suelo para los proyectos de vivienda. La Secretaría de Vivienda ya habla de la segunda fase, aunque después de cuatro años de existencia apenas va en las obras de la primera.

Para el contrato de gerencia fue escogida Aguas de Manizales que comenzó recibiendo 11 mil 207 millones de pesos y, por el recorte que se dio al presupuesto general y las críticas de los mandatarios y diputados de la Asamblea, el contrato se rebajó a 7 mil 700 millones 862 mil 712 pesos.

Los proyectos deben pasar por el comité del PDA, la Gobernación de Caldas y la ventanilla Úúnica del Ministerio de Vivienda y Ambiente en donde se aprueban finalmente para su ejecución. Este año adelantan obras por unos 8 mil 298 millones 91 mil 746 de pesos.

Pantanos

• 1 "El Plan es paquidérmico"

Exmandatarios de Caldas estuvieron de acuerdo con que el PDA es lento.

Gerson Bermont, exalcalde de La Dorada manifestó: "el sistema desde su nacimiento tiene factores complejos con los que se buscó tener garantía en los diseños y en las ejecutorias. No sé en qué momento se demoraron tanto en llegar a los municipios. No veo que en ninguno se haya avanzado sustancialmente en diseños".

Los mandatarios aducen que la lentitud se debe a los estudios técnicos. "En Salamina alcanzaron a hacer cuatro o cinco estudios, siempre iban personajes diferentes, pero en la práctica se dificultó. Es mucha la gente, no sé si lo han politizado", opinó el exalcalde de Salamina, Luis Germán Noreña.

Otra razón de las demoras se la achacan al paso por varias manos de cada proyecto. "Tenían que ir a la Gobernación, luego a la ventanilla única, allá lo devolvían porque faltaba algo y regresaba al comité del PDA", contó la mandataria saliente de Chinchiná, Magdalena Builes, quien añadió que a pesar de presentar varios proyectos prioritarios, ninguno pasó.

"Es una norma nacional"

La lentitud del proceso se debe a dos factores importantes, según Silvio Ríos, exsecretario de vivienda, y Héctor Mario Osorio, actual jefe de ese despacho. El primero es que los trámites son directivas nacionales que no van a cambiar. Y la segunda, que para mejorarlos lo más importante es que los municipios tengan buena asesoría y acompañamiento para librar las posibles trabas que les pongan en Bogotá. "Tenemos problemas con Samaná y Manizales, pues ambos municipios tienen líos legales con la Chec. Entonces ningún proyecto les va a pasar hasta que no se resuelvan", contó Osorio.

Ríos añadió que algunos municipios no tienen el presupuesto suficiente para pagar un estudio y que los secretarios de planeación no tienen la experiencia necesaria. Plantea como solución tener un asesor de cabecera. Para eso se contrató una firma gerencial, Aguas de Manizales, pero en ese punto aparece el segundo pantano del PDA.

• 2 "La gerencia es costosa e ineficiente"

Aguas de Manizales participó en tres PDA: Cesar, Magdalena y Caldas. En los dos primeros tiene procesos legales en los que se le señala de malos manejos en la contratación e ineficiencia en la ejecución de las obras.

El caso del Magdalena, Aguas se encargó de la gerencia técnica y la interventoría de las obras. En 2010 la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria por posibles irregularidades en la celebración, ejecución y pago de varias obras del PDA de ese departamento. Implicó a Álvaro Andrés Franco y Javier Germán Mejía Muñoz, anteriores gerente de Aguas de Manizales, y a la exgerenta de Aguas del Magdalena, Nhora Elena Caghuana. El caso está en evaluación en el grupo anticorrupción del ente de control.

En el Cesar, Aguas de Manizales fue gerente del PDA hasta que la Gobernación decidió suspender el convenio que tenían firmado desde 2006. Según el acta de suspensión, la causa fue el incumplimiento de los proyectos y diseños que deberían entregarse a la ventanilla única del Ministerio de Vivienda. Ambas entidades se enfrascaron en un proceso jurídico en el que el Cesar exige que le regresen $8 mil millones de pesos, porque la empresa no cumplió con lo contratado, y Aguas pide el pago de unos mil millones que se le adeudan de la liquidación del mismo.

En 17 de enero las partes se reunieron para una conciliación en el Tribunal Administrativo de Caldas, ante la negativa de ambas, el apoderado del Cesar interpuso una demanda contractual que está en proceso en el mismo despacho.

"La Gobernación tenía la expectativa de que el PDA tendría una cobertura del 100% de acueducto y alcantarillado en el Cesar, realmente nunca se planteó eso. Se propusieron unos proyectos que se cumplieron. Nos deben las dos últimas actas. Pensamos que tenemos todos los argumentos para decir que cumplimos y estamos esperando el fallo", respondió Juan David Arango Gartner, gerente de Aguas de Manizales.

El contrato con Caldas se suscribió el 12 de noviembre del 2008 para el planteamiento del Plan y el 27 de febrero de 2009 se firmó otro convenio interadministrativo por 11 mil millones de pesos para la gerencia del proyecto.

Por orden del Consejo de Estado los municipios no pudieron utilizar para la bolsa común las vigencias futuras excepcionales que eran hasta el 2023, así que el dinero se redujo. El hecho fue la oportunidad para que los alcaldes y diputados presionaran para rebajarle el contrato a Aguas a 7 mil millones de pesos.

Todavía lo califican de costoso. "El PDA se ha ido más en burocracia y gastos de operación y funcionamiento", afirmó Gerson Bermont, exalcalde de La Dorada. Reclaman que no se sintió el acompañamiento de la empresa con los municipios y que en últimas lo único que se vio de la inversión fue la compra de computadores, contratos para carros o gastos administrativos.

Aguas no va más

"En cuatro años logramos el diseño y estructuración de cien proyectos, estipulados en $70 mil millones, que quedan listos para ser ejecutados. Hay 40 que cuentan con financiación y podrían arrancar rápidamente. Está todo el trabajo de modernización de las empresas prestadoras de acueducto, agua y aseo. También el acompañamiento ambiental, social y de interventoría", explicó el gerente de Aguas de Manizales.

Añadió que les da la razón a los alcaldes sobre la lentitud de la ejecución. "El PDA tiene un esquema definido por el Gobierno Nacional, que tiene unos pasos y unos trámites. La gerencia lo que hizo fue cumplir y ajustarse a lo exigido por la ley", aclaró.

Aunque no opinó sobre los costos del contrato con la Gobernación, sí expuso su disposición para dialogar en esta etapa de liquidación, pues el convenio termina el 26 de marzo. "Aguas se comprometió a entregar unos productos y cumplió. Estamos a tiempo de mirarlos en esta etapa que es de arreglo de cuentas", puntualizó.

La decisión de la actual Gobernación fue terminar el contrato con Aguas de Manizales. "Ese convenio se acaba y Aguas le entrega a la Gobernación la gestión del PDA", aseguró el secretario de Vivienda de Caldas, que además afirmó que el gasto de la figura de gerencia asesora fue excesivo. "La gente que trabaja en la unidad de Aguas de la Secretaría de Vivienda es mínima. Se fortalecerá para que la Gobernación asuma directamente el gasto que se reducirá en unos mil 500 millones de pesos gracias a esta decisión", concluyó.

• 3 El riesgo de la corrupción

Todo el PDA está valorado en $50 mil millones y la Nación destinó este año un cupo de $39 mil millones para las obras de Caldas, según explicó Héctor Mario Osorio hace un mes a los alcaldes. En el 2010 la Contraloría Departamental auditó el PDA y calificó todos sus procesos contractuales como favorables, aunque para ese momento solo ejecutaba 10 contratos.

Sin embargo, la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria en febrero de este año en la que implicó a Silvio Ríos Yepes, exsecretario de Vivienda, por posibles irregularidades con dos licitaciones. "Estoy tranquilo, porque se actuó con responsabilidad y transparencia. Lo más importante es que las obras ya se están entregando satisfactoriamente y cumpliendo los cronogramas", explicó Ríos.

El exsecretario añadió que las licitaciones investigadas son la 2 y la 3 del 2011. La primera corresponde al mejoramiento del alcantarillado de Neira, adjudicada a Javier Jesús García Pareja por mil 30 millones 435 mil pesos en abril del 2011. La segunda es por la construcción de 3 líneas de aducción y un tanque en Viterbo y el mejoramiento de las redes de alcantarillado de San José, por 538 millones de pesos, con el consorcio Osorio Ingeoysis.

El actual secretario respondió que por la cantidad de recursos es de suponerse que habrá investigación y que por ende el PDA funciona como una urna de cristal. "Queremos blindarnos, por eso además de la Ley 80 de contratación pública, los PDA del país nos regulamos por la Ley de Aguas, con el objetivo de dar claridad sobre cómo se manejan estos recursos", finalizó Osorio.

La Merced, el único fuera del PDA

El Concejo de La Merced no autorizó al anterior alcalde, Rodrigo Pulgarín, a comprometer las vigencias futuras, requisito indispensable para participar en el PDA. "No teníamos agua potable y con recursos de saneamiento básico nos organizamos. Hicimos la reposición de alcantarillado, acueducto y pavimentación de siete cuadras. Se modernizó la planta de tratamiento que surte a la población y logramos potabilizarla de nuevo", contó Pulgarín.

Entre sus logros, hechos a punta de gestión con entidades como el Comité de Cafeteros y la alianza de Corpocaldas, también cuentan rellenos sanitarios y plantas de aguas residuales que beneficiaron a veredas como El Limón, La Felisa, Llanadas, El Naranjal, El Palo, San José y El Tambor.

"Con los otros alcaldes que estaban en el PDA tuvimos claro que yo no tenía la dificultad de ellos, que se quedaron esperando la ejecución, mientras hacía obras sin problema. Sin embargo el presupuesto se queda corto ante las necesidades del municipio y tendrá que entrar al programa", opinó el exmandatario.

Aunque las obras realizadas en cuatro años fueron más en comparación con municipios integrados al PDA, el horizonte para La Merced apunta a que debe participar pronto.

"Hoy no tiene ningún proyecto aprobado por el Estado. Ya llegó la sanción para Aguas de La Merced por no modernizarse a tiempo", argumentó Héctor Mario Osorio, secretario de Vivienda de Caldas.

La Superintendencia de Servicios Públicos sancionó por 10 años a Aguas de La Merced por no cumplir con el proceso que la llevaría de empresa comercial del Estado a empresa de servicios públicos, cambio que según Rubén Darío Castaño Londoño, alcalde actual, quedó debiendo la pasada administración. "La notificación nos llegó hace ocho días, justo en el momento en que el Concejo me autorizaba para la transformación. Apelamos, pero en caso de que haya una negativa, la otra salida es liquidar la empresa y crear otra".

Además contó que está en conversaciones con el PDA no solo para solucionar ese problema, también para evaluar la forma de entrar. "Nos estamos rezagando en saneamiento básico y perdiéndonos de recursos de la Nación y del Departamento. Recibimos una empresa de aguas con un déficit de $90 millones y seguro que entrar al Plan traerá beneficios", concluyó.