La protesta, un derecho señalado

Después de 41 días de protesta, las negociaciones en el Catatumbo están en un punto muerto. Al parecer, entre campesinos y Gobierno son más fuertes las razones que los separan que las intenciones por llegar a un acuerdo.

No solo es el Catatumbo. El gremio de los cafeteros, en menos de seis meses y, pese a la solicitud que le hizo el Gobierno, también ratifica que volverá al paro agrario, el próximo 19 de agosto.

Hace cinco días comenzó el paro minero, y en Caldas y Risaralda ya se han presentado disturbios y bloqueos en la vía y no solo eso, una familia acusa a los manifestantes de impedir el paso, cuando Javier Antonio Morales, exalcalde de Supía, que viajaba por la vía Manizales-Irra sufrió un infarto, en la noche del miércoles.

No es la primera vez que Santos se enfrenta a una protesta masiva. De hecho, durante el último año se han presentado cinco paros graves en sectores sociales y gremiales.

El Jefe de Estado lo tiene claro: “en una democracia se deben permitir esas válvulas de escape, si se quiere llegar a un sistema fuerte”. No obstante, consideró que llega un momento “donde los derechos de uno afectan los de otros”.

Esta seguidilla de manifestaciones no es nueva. Mauricio Archila, historiador y experto en movimientos sociales, afirma que no es la primera vez que el Gobierno colombiano pasa por esta situación. Por ejemplo, en un informe redactado por el Centro de investigación y educación popular (Cinep) -del que Archila es coautor- se observa que la movilización social ha venido creciendo, hasta alcanzar, en 2007, el mayor auge desde 1975.

“En el periodo 1958-1974, la media anual de luchas sociales fue de 173; entre 1975 y 1990 ascendió a 476 por año; entre 1991 y 2001 bajó a 429, y entre 2002 y 2008 se aprecia un considerable aumento, al llegar a 643 por año (Base de Datos de Luchas Sociales-Cinep). Así podría decirse que durante este periodo se ha presentado el mayor nivel de protesta social en 50 años: dos luchas sociales por día en el país”.

Archila aclara que el 2013 no es el año de las protestas, pero es significativo por el contexto político y por lo radical del paro del Catatumbo; aunque da la impresión, como en el caso de los cafeteros, que el Gobierno no les ha cumplido. “Se plantean promesas como para apagar incendios, pero el campesino, ya no traga entero”.

Incumplimientos

El profesor de la Universidad Nacional de Colombia Carlos Medina Gallego, del Centro de pensamiento y seguimiento al Proceso de paz, también reconoce que la mayoría de protestas sociales son problemas históricos acumulados que motivan a las comunidades a reclamar. “No encuentran respuestas de política pública, ni les plantean planes de desarrollo que transformen esas condiciones de conflictos en un estado de desarrollo, bienestar y convivencia”, afirma.

En levantamientos como los del Catatumbo, el sur de Bolívar, el bajo Cauca, el nordeste antioqueño, el Magdalena Medio, el de los cafeteros, el de los paperos y el de los transportadores, según Medina Gallego ha hecho carrera el dicho: "Un acuerdo que no se va a cumplir no se le niega a nadie", y eso es terrible.

Medina cree que es necesario que el Gobierno retome conductas institucionales que persuadan, lleven al consenso y den respuestas de corresponsabilidad en la resolución de los problemas, todo mediante el diálogo.

Es claro que el Estado desconoce las demandas de los sectores sociales. Lo que hay es un choque y una polarización que no ayuda a construir un escenario en el que las partes se encuentren y puedan, conjuntamente, definir rutas para sortear problemas, que además de históricos, demandan gran esfuerzo y tiempo para superarse.

Lo que plantea el profesor de la Universidad Nacional es cambiar la actitud del Gobierno, que en esencia ha sido coercitiva y represiva, sin lograr construir una metodología y un comportamiento más direccionado a comprometer a las comunidades en la resolución de los problemas.

Gobierno para todos

En conclusión, se requiere que la gobernabilidad se extienda a todos los actores, porque esta no la construyen solo los gobiernos, también la ciudadanía, los sectores sociales, los gremios. “Hoy se ha introducido el concepto de gobernanza como la posibilidad de establecer alianzas estratégicas entre la población, el sector privado y el Gobierno, la suma de propósitos comunes para la construcción del bienestar y la seguridad”, asegura Medina Gallego.

Lo que está haciendo crisis en el mundo es el modelo de gobernabilidad que desconoce a las comunidades y sus necesidades, lo que no contribuye desde las acciones de gobierno al mejoramiento de la condición de vida de los ciudadanos. “Necesitamos que sea más incluyente, más solidario, más justo, más democrático, que sea más receptivo de las demandas sociales”.

Felipe Cárdenas, director de Ciencias Políticas y Derechos Humanos de la Universidad de la Sabana, plantea que los gobiernos neoliberales no tienen clara una construcción de Estado social de derecho y eso hace que simplemente respondan a las coyunturas políticas. “No tienen una visión de nación, de soberanía, de desarrollo social contundente, se deben a los intereses del mercado, a la racionalidad del capital, pero sin un desarrollo conceptual de la idea de nación que contrarreste a las fuerzas de la globalización”.

¿Infiltrados?

Otra situación que tampoco permite un avance en los diálogos es la acusación del Gobierno de la presencia de miembros de la guerrilla en las protestas, lo que enciende más la polémica y pone más distancia entre las partes.

Medina piensa que es equivocado que se estigmatice y deslegitime a los movimientos, "Esto atrasa las soluciones o estigmatiza a quienes lideran los procesos de demanda social. Es necesario enfrentar el problema con soluciones, con propuestas, con presupuestos, con normativas, con institucionalidad y con presencia del Estado, eso es fundamental”, enfatiza.

Frente a la movilización, no se puede dar un discurso de señalamientos y de amenaza de mano dura. Si eso ocurre en el posconflicto armado, Medina Gallego se cuestiona cuánto va a durar un proceso de paz, y responde: “lo que dura un merengue en la puerta de una escuela, un instante. Posterior a esto, se reorganizará, se volverá a armar y tomará camino; si no se presiona a través de la fuerza, no se consigue lo que se pide”.

Por su parte, Archila desestima que haya infiltrados de las Farc en el Catatumbo, pese a las acciones radicales, aunque no duda de que alguna persona pueda tener alguna simpatía con el grupo. La revuelta es fruto del descontento y los campesinos reclaman lo que históricamente les pertenece.

“En La Habana, las Farc exponen sus puntos de vista; lo mismo hacen los campesinos en el Catatumbo, así como los indígenas, ahora los mineros, mañana los cafeteros y seguramente luego los estudiantes. Lo que sí debo señalar es que no creo que las Farc representen a los campesinos ni a los estudiantes, ni a los mineros, todos ellos deben tener sus propios representantes o deberán tenerlos”, expresa Archila.

Los políticos oportunistas son otro punto crítico manifiesto en las protestas, lo que para el profesor Medina es inaceptable. “En el umbral de entrada a un período electoral, hacer instrumentalización política resulta de mayor gravedad, pues las campañas se construyen sobre el desprestigio de las propuestas y muchos quieren sacar partido de cualquier situación”.

En una democracia la protesta es un derecho. Reprimirla es abusar de la autoridad, pero cuando las vías de hecho violan los derechos de los demás los cuestionamientos sobre la legitimidad de estas acciones abren discusiones como las que hoy se tienen. El Gobierno y los líderes de las protestas tienen la palabra.

Ver informe La protesta social 2002-2008 en www.lapatria.com

Lo que falta en el Catatumbo

Para el profesor de la Universidad Nacional Carlos Medina, en el Catatumbo las partes no se deben parar en inamovibles. “Todo proceso de conversación requiere que se asuman posturas flexibiles. Es muy difícil que los campesinos levanten sus bloqueos cuando el Gobierno demanda, para poder conversar, su levantamiento. Hay que ir construyendo una atmósfera de persuasión, primero para que el Gobierno entienda sus compromisos, llegar a acuerdos y cumplirlos, y segundo, que las comunidades cambien su forma de protesta y de bloqueo hacia acciones que puedan garantizar las conversaciones, y así los propósitos de las movilizaciones se alcancen”.

Aclara que este proceso es necesario acompañarlo de más democracia y menos represión, de más diálogo y menos coerción. “No es mano dura lo que se necesita, es la búsqueda de soluciones a los problemas, que haya ausencia de hostilidades y que el Estado asuma una postura para las movilizaciones sociales. Debe haber corresponsabilidades que permitan superar las dificultades que hay en el país”.

El director de Ciencias Políticas y Derechos Humanos de la Universidad de la Sabana, Felipe Cárdenas, afirma que cuando se habla de esa deuda histórica, hay un conflicto de muy vieja data en el Catatumbo, donde el Estado colombiano, desde la segunda década del siglo XX, ha propiciado, ya sea en la cuenca del Magdalena Medio o en las estribaciones del Catatumbo, proyectos de prospección y exploración petrolera sin tener en cuenta las vocaciones agrícolas, ganaderas y forestales de esta región.

Carlos Medina Gallego

"Hay que entender estos conflictos como acumulados históricos de la irresolución de problemas que tiene la nación en aspectos agrarios, sociales, culturales y políticos de larga data".

Mauricio Archila

“No se puede mirar todo con el mismo rasero de La Habana, donde se está negociando una paz, porque la gran enseñanza del Catatumbo es que hay otra paz social que hay que negociar”.

Protesta social

Es una acción social colectiva, más de 10 o 15 personas, que busca poner en espacios públicos reclamos o demandas y, en ese sentido, mejorar sus condiciones, antagonizando muchas veces con el Estado y en pocos casos con los privados.

Es una acción cívica o civilista que tiene un carácter pacífico, que si bien puede producir una interrupción en la vida cotidiana, su objetivo no es la fuerza de las armas, sino la conversación y un poco el número y la coerción del movimiento.

Hay violencia generada por los mismos actores, pero la mayoría de las veces se desata cuando hay una respuesta represiva de parte del Estado, la policía o las fuerzas del orden.