¿Juicios a puerta cerrada?

COLPRENSA | LA PATRIA

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia sorprendió en días pasados cuando un vocero suyo leyó un memorial advirtiendoles a los abogados que no iba a permitir que un juicio se convirtiera en un escenario para confrontaciones mediáticas. Sucedió antes de comenzar la audiencia de acusación contra el general en retiro Lelio Fadul Suárez Tocarruncho, por su presunta responsabilidad en la falsa desmovilización de la compañía Cacica Gaitana, de las Farc.

En cita textual, dijo la Corte de qué se trataba: “Evitar que esta solemne audiencia, la administración de justicia y el asunto que va a ser juzgado se conviertan en escenario propicio del ejercicio de confrontaciones simplemente mediáticas en busca de intereses ajenos a ellos”.

Acto seguido conminó a las partes a que cumplieran de forma irrestricta el artículo 142 del Código de Procedimiento Penal, que señala en su último inciso: “Tampoco se podrá, antes de pronunciarse la sentencia, dar declaraciones sobre el caso a los medios de comunicación”.

El memorial de cinco páginas originó de inmediato cuestionamientos de los medios sobre si la justicia estaba impidiendo a los abogados que hablaran fuera del juicio y así, limitando el cubrimiento sobre los casos judiciales que se adelantan en el país.

Magistrados de la Sala Penal explicaron off the record que no se trataba de una advertencia en contra de los medios, sino de una preocupación que tiene origen en la forma como se ha desarrollado el caso por la muerte del estudiante Luis Andrés Colmenares. Es decir, a la Corte, como máximo organismo de la Justicia, le preocupa que los abogados utilicen declaraciones en los medios para inclinar a su favor el caso.

El mismo día que se leyó el memorial denominado Precisiones y advertencias, una jueza adjunta de Bogotá ante quien la Fiscalía iba a acusar a Javier Velasco por la violación, tortura y homicidio agravado de Rosa Elvira Cely, se tomó cinco minutos para aclararles a las partes y a los medios que no iba a permitir que el caso se convirtiera en otro Colmenares, y les advirtió a los abogados que debían manejar la información de forma tal que no se filtrara.

El detonante

El origen está en los enfrentamientos públicos de los abogados del caso Colmenares y en las acusaciones lanzadas por estos sobre la culpabilidad de los implicados, que ha derivado en una afectación a la figura de la presunción de inocencia.

El caso se volvió de tal envergadura que se han cruzado denuncias penales y disciplinarias entre los apoderados de Jessy Quintero, Laura Moreno y Carlos Cárdenas, los tres estudiantes investigados por su presunta participación en la muerte de su compañero de la Universidad de los Andes, Luis Andrés Colmenares.

Por esto, a mitad de semana la coordinadora de fiscales ante la Corte Suprema de Justicia y fiscal en el caso de Jessy Quintero y Laura Moreno, Martha Lucía Zamora, radicó ante el juez 11 de conocimiento de Bogotá una petición para que no permita el ingreso de cámaras en las próximas diligencias.

El argumento base es que las jóvenes han sido catalogadas como culpables ante la opinión pública cuando el juicio en su contra aún no ha empezado formalmente y, por ello, algunas partes creen que no gozan de la presunción constitucional de ser inocentes.

De fondo

Para el ex vicefiscal general de la Nación Francisco José Sintura las cosas son muy claras: en Colombia se están confundiendo las actitudes de los abogados a la hora de llevar un juicio y sus declaraciones a la prensa, con el derecho de los medios a asistir a un juicio y hacerse su propia opinión sobre el mismo.

Por eso, en su opinión, que el juez acceda a la solicitud de la Fiscalía sería un precedente nefasto para la justicia en el país, “para el carácter público del proceso, no del derecho de expresión, es para el carácter público que en el sistema se les da a los casos, porque se alegará que como pasó en este, entonces que se restrinja el acceso en otros”.

Agrega que la petición de la Fiscalía es equivocada “porque lo que sí debe hacerse por el juez es llamar la atención de las partes para que regulen su comportamiento”.

El memorial de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia también enfatiza en el Artículo 152 del Código de Procedimiento Penal, que permite a un juez, mediante auto motivado, restringir la publicidad del juicio cuando se vean afectados “los intereses de la justicia” y así imponer a las partes el deber de “guardar reserva sobre lo que ven, oyen o perciben, o limitar total o parcialmente el acceso del público y de la prensa”.

Para el experto en libertad de expresión y de prensa Carlos Cortés, “los jueces siguen aplicando el principio de publicidad en el sistema penal acusatorio de manera arbitraria”. Recuerda que cuando un juez decide que no va a dejar entrar medios de comunicación a una audiencia, está obligado a motivar su decisión.

“Por ejemplo, porque compromete la integridad de un menor de edad o porque se trata de un tema de seguridad nacional. Pero es, ante todo, la excepción antes que la regla. En cuanto a las declaraciones que hacen las partes por fuera del proceso, la administración de justicia cuenta con la herramienta para sancionarlos cuando revelen información que entorpezca el proceso, y es el Código Disciplinario”.

Hay abuso

Hay por lo menos dos aspectos diferentes en la discusión: el deber de resguardar el principio de publicidad de los procesos, y el abuso del mismo por parte de intervinientes, abogados generalmente. Aunque en el polémico caso Colmenares, además de los abogados, también han entrado en polémicas el fiscal 11, Antonio Luis González.

Sobre la prohibición a los apoderados de que declaren a los medios sobre el proceso en curso, que la Corte Suprema conminó que se cumpla, también hay diferencia de opiniones. Para Sintura, no se trata de que deban callarse literalmente, sino que pueden emitir “sus pareceres”, pero sin inclinar a su favor el caso.

Pero para Cortés, se trata de una limitación que va más dirigida a los jueces y no tanto a las partes, aunque, como ya lo señaló, está el Código Disciplinario para cuando se revele información que entorpezca el proceso.

Sobre la investigación de la muerte de Luis Andrés Colmenares, el abogado de la familia, Jaime Lombana, salió a manifestarse contra la solicitud de la Fiscalía, por considerar que la presencia de los medios es una garantía de transparencia.

El propio padre del joven, Luis Alfonso Colmenares, dijo en su cuenta en Twitter: “Respetamos decisión de la Fiscalía, pero los medios de comunicación han evitado la impunidad del crimen. Solo pido justicia”.

En la orilla contraria está el abogado de Laura Moreno, Jaime Granados, quien se ha quejado en múltiples ocasiones por la revelación de las pruebas del caso.

Mientras el juez 11 toma la decisión, que podría ser trascendental, los abogados han preferido no pronunciarse sobre el ‘recorderis’ que la Corte hizo y que para algunos se convirtió en una camisa de fuerza.

Desde los jueces

Los jueces no solo evidencian continuamente su descontento porque se les muestre la cara en televisión o se escriban sus nombres en notas de prensa, sino que en días pasados citaron a medios a una reunión en la que pretendían tratar con sus representantes cómo debería ser la publicidad de los casos. El encuentro finalmente no se dio, casi en un acto de protesta de los comunicadores, pero en ese o en otro escenario el tema tendrá que resolverse pronto.