DIEGO FERNANDO HIDALGO
LA PATRIA | MANIZALES
Los continuos deslizamientos que han arrasado con casas y han matado a personas que viven a orillas de ríos, al pie de montañas o sobre laderas en Caldas llaman la atención de la importancia de revisar y/o incluir el concepto de gestión del riesgo en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) que se deben empezar a revisar, por ley, en el departamento.
Por ejemplo, un análisis de la Universidad Autónoma de Manizales señala que el 90% de esos planes no incorpora la variable de la gestión integral del riesgo (ver nota anexa). Entre ellos se cuenta a Riosucio, donde un deslizamiento acabó el pasado viernes con la vida de nueve personas.
El caso de Manizales es particular. La lluvia de derrumbes que en los últimos años se ha presentado tiene entre sus causas, según autoridades y expertos, el mal uso del suelo y en algunos casos la falta de previsión, pues se deja construir donde no se debe, pese a que la ciudad es considerada modelo en gestión del riesgo.
El POT es el instrumento básico para desarrollar el proceso de ordenamiento del territorio municipal. Se define como un conjunto de acciones político-administrativas y de planificación concertada. Hay que indicar que en poblaciones de hasta 30 mil habitantes se hace un Esquema de Ordenamiento (EOT); de 30 mil a 100 mil, un Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) y de 100 mil en adelante, un POT.
En Manizales, el Plan está vigente mediante Acuerdo 663 del 13 de septiembre de 2007 y se encarga de direccionar el desarrollo físico territorial, pero también industrial, comercial y social de la ciudad. Según la ley, cada cinco años los municipios deberán de efectuar una revisión a su respectivo POT.
Para el alcalde electo de Manizales, Jorge Eduardo Rojas Giraldo, se debe priorizar la intervención de las laderas en la actualización del POT, a través de la gestión inteligente del riesgo, y volviendo al eje fundamental de la protección ambiental y la construcción de una política pública seria. "Hay que conseguir recursos para hacer prevención y mitigación, en vez de estar atacando a toda hora el problema. Hay que revisar todo el esquema", indicó.
Con todo lo que ha ocurrido con el invierno, se vuelve obligatorio para los alcaldes evaluar las amenazas naturales, las condiciones de exposición y vulnerabilidad de los asentamientos humanos frente a dichos peligros y estimar de esta forma el riesgo, es decir, la probabilidad de desastres futuros.
El ingeniero civil manizaleño Ómar Darío Cardona Arboleda, exdirector nacional para la Prevención y Atención de Desastres (1992-1995), expresó que eso se justifica por las recientes y múltiples evidencias de que los desastres son problemas que se incuban paulatinamente por no tener en cuenta el riesgo como un determinante de la planificación territorial.
"Hay que aprovechar la oportunidad que se tiene de poder hacer ajustes a los POT e incluir dentro de estos, de los Planes de Manejo y Ordenamiento de una Cuenca y de la planificación del desarrollo económico y social, estos resultados", indicó.
Añadió que de allí se debe derivar, a su vez, cuáles son las medidas de reducción de vulnerabilidad y riesgo que tienen que ser parte del presupuesto y del plan de inversiones públicas para el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, para lo cual es fundamental considerar la seguridad frente a los fenómenos de la naturaleza.
El término riesgo debe estar inmerso en las iniciativas. Jahir Rodríguez Rodríguez, Director de la Maestría en Desarrollo Regional y Planificación del Territorio, de la Universidad Autónoma de Manizales, manifestó que los alcaldes ya arrancaron con la revisión de todo el tema de la gestión integral del riesgo, no solo por vulnerabilidad, sino además por recursos.
"Hay que analizar cómo hacer el proceso de gestión del riesgo, de mitigación y reasentamiento. Necesitamos articular tres grandes planes: ajustar el POT, incorporar el componente de riesgo en el Plan de Desarrollo 2012-2015 y actualizar el Plan Municipal de Gestión del Riesgo.
Los mandatarios han sido juiciosos en ese sentido, según Juan David Arango Gartner, Director de Corpocaldas, que manifestó que se han adelantado dos encuentros subregionales con alcaldes para hablar sobre ordenamiento y que han mostrado disponibilidad para enfocarse en la prevención del riesgo.
"Hay que tener en cuenta dos aspectos: actualizar los sistemas de vulnerabilidad, amenaza y riesgo, incluyendo los nuevos eventos severos que hemos vivido y el cambio climático. El otro, revisar a profundidad el uso del suelo, sobre todo en la zona rural, e implementar mecanismos de gestión que permitan definir zonas de conservación de suelos y protección ambiental".
José Miguel Fernández Güell, experto español en planificación estratégica de ciudades, entregó algunos consejos que deben seguir los mandatarios para actualizar el POT.
1. Perseguir la sostenibilidad y preservación del medio físico y recursos naturales.
2. Mejorar la cohesión de los grupos sociales mediante la provisión de vivienda social y equipamientos colectivos.
3. Reforzar la competitividad del tejido productivo mediante la construcción de infraestructuras productivas.
4. Desarrollar un modelo de gobernanza avanzado que facilite la creación de capital social.
Por lo menos mil sitios críticos existen en el departamento, según Corpocaldas.
Las Piezas Intermedias de Planificación (PIP) son un proceso de planeación complementario al POT. Analizan la ocupación del suelo, las actividades económicas y necesidades de vivienda, servicios, vías, áreas de interés ambiental y la norma urbanística, entre otros, para garantizar un desarrollo urbano sostenible y equitativo que mejore la calidad de vida de las personas.
En mayo del 2009 el Concejo aprobó las PIP 10 y 12 , pero se volvió a presentar un proyecto para modificarlas. Estas siguen en discusión. En noviembre de ese año se aprobaron las PIP 5 y 6 (barrios como Minitas, Alta Suiza. Milán, Viveros y La Cumbre).
Es innegable que la planificación territorial debe convertirse en el centro de discusión de la nueva administración. Los estragos de la ola invernal nos han puesto en el centro de discusión en todo el país en cuanto a la manera como los gobernantes locales han destinado los recursos necesarios para surtir los efectos de la temporada y sobre la manera como se ha manejado la gestión y prevención del riesgo en la capital caldense.
Es un procedimiento técnico y jurídico establecido por la Ley de Desarrollo Territorial (Ley 388 de 1997) para actualizar, modificar o ajustar sus contenidos y normas de manera que se asegure la construcción efectiva del modelo
territorial adoptado por el municipio.
En la visión territorial debe establecer, entre otras, el modelo de ocupación del territorio, el sistema de áreas protegidas, las zonas de amenaza y riesgo, y la clasificación del suelo municipal.
*Esto, para determinar si es necesario reclasificar las áreas de riesgo no mitigable y si se deben contemplar otras condiciones de restricción diferentes a las establecidas en el POT vigente.
*En otra circular, la Procuraduría General de la Nación exhortó a las autoridades responsables de formular y de participar en el proceso de expedición de los Planes de Ordenamiento Territorial (incluye Planes Básicos de
*Incorporación de la gestión del riesgo.
*Armonización de la dinámica rural y el desarrollo urbano.
*Articulación subregional y regional.
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