Alejandra Bonilla
COLPRENSA | LA PATRIA | Bogotá
Del total de denuncias presentadas en el 2011 ante las Unidades de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual (Caivas), el 30,5 por ciento se archivaron y sólo el 5,24 por ciento condujeron a algún tipo de fallo judicial.
Así lo revela el más reciente estudio de la Procuraduría General de la Nación sobre agresores sexuales y las actuaciones judiciales adelantadas en todo el país para enfrentar este tipo de delitos, conocido por Colprensa. El informe señala, además, que si bien en materia institucional y legal se ha avanzado notoriamente en los últimos 10 años, la impunidad continúa.
Analizando el porcentaje de procesos archivados frente al total de procesos en el año, la Procuraduría encuentra que el archivo es uno de los factores fundamentales de esa impunidad: “En materia de delitos sexuales, municipios como Villavicencio han archivado, para el 2011, 81,47% de sus procesos; Cali, el 72,36%; Florencia, el 66,97% y Cúcuta, el 53,73%. Se convierte esta variable en un importante factor de impunidad o al menos en un importante interrogante en cuanto su actuar”.
Y en estadística siguen Santa Marta con el 45 por ciento; Tunja con el 40%; Palmira y Bogotá con el 38%; Neiva con el 36,5%; Armenia con el 30,3%, Cartagena con el 29%, al igual que Manizales e Ibagué, con el 23,5 por ciento.
Ese mismo análisis reporta que en el promedio nacional sólo el 5,24 por ciento de las denuncias terminaron en fallos. Este porcentaje en Cali es el del 6,6%, en Bogotá del 4,6%, en Medellín del 2,5% en y ciudades como Barranquilla y Pereira son inferiores al uno por ciento.
Con estas estadísticas, la Procuraduría da cuenta de un excesivo archivo de denuncias que “a menudo no es debidamente motivado”, así como de deficiencias en las investigaciones, pues el 64,7 de las denuncias ante las Caivas están en esta etapa.
Así las cosas, el Ministerio Público cuestiona la efectividad del sistema penal acusatorio y augura un panorama difícil, por cuanto, a su juicio, el incremento de investigadores, de fiscales, procuradores, jueces, no solucionará sino parcialmente el problema y no permitirá reducir sustancialmente la congestión judicial.
“Si bien el Sistema Penal Oral Acusatorio mejoró las garantías de los procesados, su efecto sobre los problemas estructurales de la justicia ha sido insignificante, por cuanto aun persisten las dificultades de acceso, la congestión, el retraso y la impunidad. (…) De no ser un propósito de gobierno y de mantener su principió de actuar en el castigo, la impunidad no se reducirá”, sentencia el Ministerio Público.
No se queda allí. La Procuraduría señala que aunque ha habido un aumento de la práctica de exámenes sexológicos realizados en las presuntas víctimas por el Instituto Nacional de Medicina Legal, no es suficiente aún, teniendo en cuenta los avances institucionales para enfrentar la violencia sexual.
Por otro lado, en materia de delitos, recoge el Ministerio Público que Bogotá, Medellín, Cali, Neiva y Pereira tienen el mayor volumen de procesos y en donde menos reportes hay es en Arauca, Palmira, Cartago, Riohacha y Soacha (Cundinamarca).
“Se observa que Bogotá muestra un mayor nivel de violencia en sus agresiones, al ocupar el primer puesto en materia de accesos carnales, en términos generales, el primero en acceso carnales violentos, con un 25,36 por ciento y el segundo en actos sexuales abusivos con menores de 14 años”.
Por su parte, Barranquilla ocupa el segundo lugar en acceso carnal violento, con 11,9 por ciento y el tercer puesto en actos abusivos, mientras que Tunja tiene el deshonroso primer lugar en actos sexuales abusivos con menores de 14 años.
De acuerdo con la caracterización que señala la Procuraduría General, un asaltador sexual por lo general es una persona normalmente de entre 19 y 30 años, que sufre de una alteración en su personalidad o en el comportamiento. Así, puede ser antisocial, impulsivo y frío para actuar fuera de su hogar. Puede manejar tabúes y ser cordiales, pero impulsivos.
“La mayoría son capturados como delincuentes sexuales cuando cometen varios accesos carnales violentos y tienen posibilidades de ascender en la escala de la delincuencia, ya que el 30 por ciento de las agresiones sexuales van asociadas a otros delitos, como el homicidio y las lesiones personales”, señala el informe.
Este tipo de asaltador, de acuerdo a los estudios sobre el tema, se pueden potencializar en su actuar criminal por el uso del licor, la droga o la ocurrencia de un hecho traumático en su vida.
Por otro lado, el informe caracteriza al agresor sexual intrafamiliar, como una persona que se encuentra con más frecuencia entre los 31 y los 40 años de edad, que puede ser narcisista y que manejan relaciones de poder.
De acuerdo con las caracterizaciones, este tipo de agresor no se reconoce fácilmente en ambiente como una cárcel probablemente para evitar un rechazo. Se trata de una persona que padece trastornos sexuales, a la que se le dificulta no volver a cometer la agresión.
*La privación de la libertad no es en sí misma rehabilitadora o resocializadora, mucho menos para un abusador sexual. La ausencia o falta en el Inpec de profesionalizados especializados y de programas de atención terapéutica disminuye capacidad de recuperación de un agresor sexual.
*Los internos no gozan de una atención profesional e institucional adecuada. Desde el 2002 se habla de patios exclusivos pero testimonios recogidos por la Procuraduría en 2010 dan cuenta de que este tipo de reclusos viven subordinados a los ‘jefes’ de los patios, por temor a ser agredidos por los otros convictos.
*De acuerdo con la Procuraduría, las EPS no realizan un trabajo preventivo que permita establecer rasgos o comportamientos discriminatorios de presentación de conductas desviadas, que sirva para desarrollar estrategias conjuntas entre el ámbito legal y la salud pública.
*Se comete un error al considerar que sólo los hombres agraden sexualmente en el contexto intrafamiliar. Ahora, en el marco del asalto sexual, son muy escasas las mujeres que hacen este tipo de agresión.
*La negación del abuso se puede dar por mentira patológica. Las respuestas del agresor son rápidas y con detalles que inculpan siempre a otro.
*Los pedófilos niegan su comportamiento sexual, pero si se ven forzados a reconocerlo, atribuyen su comportamiento a la seducción de las víctimas.
*Las agresiones sexuales ocurridas al interior de la familia generan mayor tendencia a negar la situación lo que puede generar respaldo hacia el agresor cuando este tiene un margen de poder.
*Los problemas emocionales producto del abuso sexual en un menor de edad son enormes. En casos donde el abuso va acompañado de acciones violentas, la confusión puede ser mayor y ocasiona problemas en el desarrollo afectivo, social y sexual del niño o niña abusado.
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