Miguel André Garrido
COLPRENSA | LA PATRIA | Bogotá

No ha completado dos meses en el cargo y el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, ya afronta una dura polémica por las filtraciones de los videos que son considerados las ‘pruebas reina’ en dos de las investigaciones de mayor calado que adelanta ese organismo: el atentado contra el exministro Fernando Londoño y el caso del exdiputado Sigifredo López.
Contaminación de la cadena de custodia y afectación al debido proceso; en el caso de López, y al debido desarrollo de la investigación, en el de Londoño, son algunas de las razones que se escuchan en la orilla jurídica.
Entretanto, en el costado de los medios se habla de la prevalencia de la libertad de información, de faltas éticas; no por la divulgación, sino por la presunta compra del material reservado que se dice fue subastado entre distintos noticieros, lo que llevaría a un concurso de delitos, entre ellos el cohecho.
Lo cierto es que una de las banderas que enarbola Montealegre Lynett es la importancia de la libertad de expresión e información, por lo que no parecen viables investigaciones en cuanto a comunicadores o medios, sin que ello signifique que la misma suerte la vayan a tener los funcionarios que podrían haber traicionado el deber de guardar la reserva.
 

Libertad de prensa

“La Constitución protege el secreto de la fuente del periodista. Prima facie prevalece la libertad de prensa sobre otros valores constitucionales”, señala Montealegre, quien en principio –agrega- no está de acuerdo con investigaciones que restrinjan la libertad de expresión y de información.
Lo cierto es que la complejidad a la hora de definir responsabilidades no es poca, pues tal como lo señala el exfiscal general Mario Iguarán Arana; en este, como en muchos casos, distintas entidades con funciones de policía judicial hicieron parte de procedimientos, con lo cual la responsabilidad no es exclusiva de la Fiscalía, lo que descarga en algo el paso que debe soportar Montealegre.
“No nos podemos precipitar a responsabilizar a la Fiscalía exclusivamente, porque lo que comúnmente pasa es que esta información se comparte”, dijo el exfiscal, quien insiste en recordar “qué otras instituciones tuvieron relación con este proceso”.
El exfiscal comparte el respeto por el derecho a informar que pregona Montealegre. En este sentido, Iguarán considera que desde el punto de vista legal y constitucional el derecho a informar y ser informado impide que se cuestione a los medios cuando tienen la noticia.
De lo que no tiene duda Iguarán es que la filtración sí puede afectar el correcto desarrollo de los procesos, lo que le lleva a afirmar que lo que debe suceder en estos casos es que se investigue la situación, porque el propósito de conocer la verdad muy seguramente podría verse interrumpido.
El penalista Abelardo de la Espriella, quien a pesar de avalar el derecho a la información en casos como los que están hoy en boca de los colombianos, dice que es muy grave el perjuicio al debido proceso.
“Si bien no se ha hecho un pronunciamiento de fondo en el caso de Sigifredo, sí hay una especie de veredicto social y mediático, que puede afectar a la persona que está siendo investigada”, dice De la Espriella, para quien en este caso se debió buscar el “perfecto equilibrio” entre el respeto al debido proceso y al derecho a informar.
“A mi juicio el derecho al debido proceso es más importante que el derecho a la información, pues en estos casos está de por medio la libertad y la honra de la persona. El debido proceso es un derecho de mayor jerarquía”, añade el jurista, quien de esta manera pone otro punto de vista sobre la estratificación de los derechos.
“Cuando las garantías sustanciales y jurídicas de una persona se ven afectadas, debe haber una limitante al derecho a la información”, explica.

Como derecho

Por su parte, Margarita Orozco, coordinadora de investigación de la facultad de Comunicación Social de la Universidad Externado de Colombia y encargada de la cátedra de ética en medios, no fue menos enfática al señalar la importancia de mantener el privilegio de la información como derecho, aunque no dudó en criticar duramente el que se esté pagando por información.
“Siendo tan graves los dos casos y ante la necesidad de que los ciudadanos sepan qué es lo que está sucediendo y valoren adecuadamente la realidad de los hechos, es claro que todo mundo tiene derecho a la información”, señala la docente, quien tampoco duda de que habrá afectaciones a la reserva sumarial, pues -dice- “la gente se hace juicios previos a lo que está sucediendo”.
En todo caso, “los principales responsables de garantizar que esa información sea confidencial son las instituciones correspondientes, más no los periodistas”, resalta, aunque también recuerda que los medios deben aclarar siempre en qué etapa procesal se encuentra la investigación.
El problema es mucho más complicado si se comprueba que se ha pagado (se habla de hasta 50 millones de pesos) por los videos. “Eso es muy grave, pues desde el punto ético, pagar por fuentes de información crea una costumbre muy poco sana para el ejercicio periodístico, además de crear una competencia desleal. Pagar es condenable ética y moralmente”.
“Lo cierto es que la filtración es sumamente usada por las oficinas de prensa en distintas instancias”, se lamenta Orozco.
A este punto de vista se suma De la Espriella, quien siembra desde ya dudas acerca de las razones que están detrás de la filtración: “Hay que preguntarse si es que esas filtraciones no se están dando desde la Fiscalía con conocimiento de causa para lograr un apoyo mediático y social que no tendría, o probablemente no tienen las pruebas suficientes y lo que se busca es mantener privado de la libertad a Sigifredo López”.
Las conclusiones a esta problemática se irán decantando en la medida y la forma como avance la investigación en Fiscalía y de acuerdo con lo contundentes que sean sus determinaciones.

Lo que sigue

En los próximos días el ente acusador deberá definir si cobija con medida de aseguramiento a López, mientras se espera que las autoridades definan quién realmente está tras el atentado contra Londoño.