Aún no hay responsables por la emergencia del agua en Manizales

MARTHA LUCÍA GÓMEZ Y ALEXANDRA SERNA

LA PATRIA | MANIZALES

Pasó un año de la emergencia por falta de agua en Manizales y no se conocen determinaciones sobre los responsables de estos hechos.

El 2 de noviembre del año pasado, en medio del primer corte de agua, que duró 17 días en buena parte de la ciudad, algunos gremios y ciudadanos solicitaron investigar y aclarar si había imprevisión en este hecho. Ya era suficiente tiempo de angustia, trabajos y afectación de los sectores residencial, comercial, institucional e industrial.

El primero en pronunciarse fue el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, que al entonces alcalde Juan Manuel Llano le hizo cinco recomendaciones para enfrentar la crisis, luego de una visita de funcionarios de la entidad.

Advertía que por el riesgo inminente de ocurrencia de más deslizamientos cerca a la planta Luis Prieto Gómez (como sucedió el 19 de octubre desde la finca La Marmolera y generó el desabastecimiento) se debía mitigar esta amenaza y prever mecanismos de respuesta ágiles frente a una nueva emergencia. De hecho volvió a ocurrir otra avalancha que se llevó de nuevo las tuberías el 6 de diciembre y dejó a media ciudad sin agua durante 13 días, hasta el 18 de diciembre.

Investigados

La Procuraduría abrió entonces, el 21 de octubre del año pasado, una indagación preliminar a la que llamó, ya en diciembre, a Llano, a miembros de la Junta Directiva y trabajadores de Aguas de Manizales, entre ellos al gerente de esa época Álvaro Andrés Franco, quienes rindieron sus versiones.

Una vez analizados estos testimonios la Procuraduría decidió abrir investigación disciplinaria, como se constata en su página web, por el deslizamiento del terreno en La Marmolera y la afectación de la Luis Prieto. El caso lo tiene la Procuraduría 1 Delegada para la Vigilancia Administrativa, a cargo del procurador Edwin Mauricio Torres Prieto. Según respondieron desde la Procuraduría en Bogotá, el proceso está en curso, y agregaron que la próxima semana entregarán la respuesta a un derecho de petición para conocer más detalles.

No obstante, el exgerente de Aguas de Manizales aparece con una evaluación de indagatoria preliminar por el presunto incumplimiento de sus funciones por mora, más de un año, en el funcionamiento de la Planta Niza (vía al Cerro de Oro), proceso que lleva la Procuraduría 2 Delegada para la Vigilancia Administrativa.

En la Contraloría

Por la emergencia, la Contraloría Municipal realizó una auditoría a Aguas de Manizales y al Municipio, determinó que los principios de eficiencia, economía y eficacia no acompañaron de manera adecuada la gestión en la rehabilitación oportuna de la Planta Niza y en la preservación de los entornos de la Planta Luis Prieto.

La Contraloría Municipal argumentó que el Municipio no realizó las inversiones que por ley debía hacer, del 1% de los ingresos corrientes, en la compra de predios para la preservación de las fuentes hídricas y sus entornos. También determinó carencia de una valoración integral del riesgo, al depender por un tiempo prolongado de una sola planta -Luis Prieto-.

Además determinó posible daño patrimonial avaluado en $2 mil 800 millones por el deslizamiento de La Marmolera, destinado en parte al pastoreo, que afectó la Luis Prieto y la tubería. El costo es lo que representa, según este organismo de control municipal, la reparación de las tuberías de 28 y 30 pulgadas y una parte de la planta.

La auditoría también encontró que Aguas de Manizales incurrió en una gestión fiscal antieconómica al no realizar una debida y priorizada distribución de sus propios recursos para atender de manera más expedida la planta Niza.

Los tres hallazgos administrativos, uno con posible alcance fiscal y disciplinario, determinaron que era necesario abrir indagación preliminar para establecer los presuntos daños ocasionados y los responsables.

Pedían resultados

Este proceso fue trasladado a mediados de diciembre del año pasado a la Contraloría General de la República, por una petición para continuar allí con un control excepcional. Víctor Cortés, concejal de la bancada liberal, explicó el pasado viernes que hicieron esta solicitud buscando transparencia frente a la investigación.

"Pensábamos que lo único que venía haciendo la Contraloría era funciones de advertencia, y se necesitaban resultados concretos, que nos muestren que hay personas que tienen responsabilidad en las malas decisiones de la ciudad para que asuman las consecuencias fiscales, mientras se espera lo penal y disciplinario", argumentó Cortés.

La solicitud la llevó la bancada liberal a una plenaria del Concejo, y se aprobó por mayoría. No saben nada del proceso, porque, dijo Cortés, se habla de la reserva legal.

Este año Enrique Arbeláez Mutis solicitó a la Contraloría General información sobre el proceso, ya que el año pasado la veeduría ciudadana "Ola invernal departamento de Caldas" pidió también un control excepcional a la contratación e inversión, gestión y resultados de los recursos públicos administrados por Aguas de Manizales en el siniestro del 19 de octubre.

La Contraloría General le respondió, a finales de agosto de este año, que la indagación preliminar la tramitó la Dirección de Control Fiscal, y la cerró el 18 de mayo pasado para ordenar el traslado a la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios y Jurisdicción Coactiva. Se considera que había mérito para adelantar un proceso de responsabilidad fiscal por presunto detrimento patrimonial tasado en $3 mil 278 millones. Caso que sigue en trámite en Bogotá.

También en la Superservicios

De otro lado, LA PATRIA conoció que la Superintendencia de Servicios Públicos expidió el pasado miércoles una resolución sobre la investigación contra Aguas de Manizales por el desabastecimiento en la ciudad, proceso que arrancó en noviembre del año pasado.

Jaime Sánchez de Guzmán, superintendente delegado de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, afirmó que mientras la empresa no se notifique, la decisión no será pública. "El apoderado de Aguas, en Bogotá, puede notificarse personalmente hasta el próximo jueves. Si no lo hace, la resolución se fijará en edicto por 10 días hábiles y luego de ese plazo será pública".

Sánchez agregó que la empresa podrá interponer recursos, lo que deja entrever que el concepto podría ser negativo.

Antecedentes

Mientras en octubre del año pasado Fenalco clamaba al Gobierno Nacional aplicar exenciones para el comercio y la empresa por la suspensión del agua durante 17 días, organizaciones como la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales y la Corporación Cívica de Caldas se despacharon contra el entonces gerente de Aguas de Manizales, Álvaro Andrés Franco Valencia, y el alcalde de la época Juan Manuel Llano Uribe. Les solicitaron asumir responsabilidades, y la Corporación, siendo consecuente con lo que pedían algunos ciudadanos, pero dividida en el concepto entre sus miembros, le pidió la renuncia a Llano.

Aunque nadie en Manizales emprendió acciones violentas contra estos funcionarios, en las atiborradas filas que se hacían para conseguir agua y en los corrillos sociales se hablaba que debían ser investigados como consecuencia del daño severo en el acueducto.

También se develó que Aguas no tenía plan de contingencia y prevención para casos como este de la avalancha, que comenzó el 19 de octubre a las 10:30 de la mañana en un predio frente a la Planta Luis Prieto Gómez (vereda Gallinazo, de Villamaría), cayó al Río Chinchiná y siguió aguas abajo hasta arrancar las tuberías principales que eran las únicas que alimentaban de agua a la ciudad.

La vulnerabilidad fue otro punto en contra, que por lo menos hicieron ver la Sociedad de Mejoras y algunos ciudadanos. Todos se preguntaban por qué si la Luis Prieto era tan frágil, no se terminaron las obras en la Planta Niza (vía al Cerro de Oro), que estaba fuera de servicio desde octubre del 2010 y se esperó a que el Gobierno Nacional aprobara unos recursos de emergencia invernal para realizar las acciones.