Andrés Rodelo
LA PATRIA | MANIZALES
Gobierno Nacional y universidades coinciden: el dinero para la educación superior pública del país es insuficiente.
Fue la conclusión del Foro Nacional de Sostenibilidad Financiera de las Universidades Estatales, que se realizó ayer en el Teatro 8 de Junio, de la U. de Caldas.
Las universidades piden una reforma del sistema de financiación, pues se rige por una realidad de hace 24 años (ver recuadro La causa). Los rectores advierten que las instituciones cambiaron, razón por la que el dinero es insuficiente.
El déficit de las 32 universidades públicas del país se calcula en $1,5 billones. El principal problema son los gastos de funcionamiento. El foro de ayer se aproximó a esta situación con conferencias y un panel.
Senadores, funcionarios de la educación, rectores, profesores y estudiantes firmaron un acuerdo. Se comprometieron con buscar soluciones.
Faltan recursos
El Gobierno plantea
Eugenio Merlano, asesor del Ministerio de Educación
1. El financiamiento de la educación superior pública es una prioridad para el Ministerio de Educación. La cartera lo dejó claro en las discusiones del presupuesto de la nación para el próximo año. Esperamos que se destine una transferencia superior a la actual del IPC, más cuatro puntos adicionales.
2. Sabemos que los gastos de las universidades incrementaron por encima del IPC. Esperamos que la nueva Reforma Tributaria genere recursos adicionales para ellas. El actual proyecto de Reforma mantiene la destinación específica en el impuesto de renta. Los debates que se vienen son fundamentales.
3. Trabajaremos de la mano del Congreso de la República y del Ministerio de Hacienda para conseguir estos dineros.
La causa
Carlos Mario Lopera, director del Observatorio de la Universidad Colombiana
- La manera como el Gobierno Nacional financia las universidades públicas, condicionada a la Ley 30 de 1992. Esta señala que las transferencias están determinadas por una idea de la educación superior colombiana que corresponde a ese año. A partir de ese momento se mantienen los mismos recursos, aumentados por la destinación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Pero desde ese momento el Estado no ha considerado los costos adicionales de las universidades: tecnología, descuentos electorales, aumento de la población de estudiantes. La Ley está desactualizada.
- Se requiere de un nuevo mapeo de cómo están las circunstancias. En el 2011 se pretendía reformar la Ley 30, pero esta iniciativa se cayó.
- La educación superior no es un servicio, sino un derecho. Significa que el Estado debe asumir plenamente la financiación de esta. En Colombia esto no ha pasado, como en Europa o Ecuador.
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