Una sanción mal dirigida

La Superintendencia de Servicios Públicos reveló el martes que sancionó con una multa por $1.100 millones a la empresa Aguas de Manizales, debido a la imprevisión que se tuvo el año pasado, y que provocó el corte total del servicio durante 17 días, entre octubre y noviembre. De acuerdo con la entidad nacional, después de hacer un estudio detallado de toda la situación, es evidente que la emergencia pudo ser prevenida a tiempo, y que en la empresa manizaleña se cometieron errores que llevaron a la crisis. Se trata de la sanción más alta, en muchos años, en contra de una empresa de servicios públicos en Colombia.

Pese a que Aguas, en su defensa, afirmó que se trató de un hecho de fuerza mayor, para la Súper es claro que el desabastecimiento pudo evitarse si meses antes se hubieran acometido obras para tener un Plan B bien montado, en la planta de Niza, en caso de que la planta Luis Prieto fallara por alguna circunstancia. A esto agregó que la empresa, en el momento del problema, tenía graves deficiencias en la atención de peticiones, quejas y reclamos, lo que también contribuyó a que los ciudadanos no encontraran respuestas oportunas a sus inquietudes.
 

La resolución de la Súper es clara y contundente, aunque Aguas tiene aún el recurso de reposición para evitar pagar la multa establecida. De todos modos, sí hay una cosa en la que el ente nacional se equivoca totalmente, y es en dirigir la sanción a la empresa y no a quienes la manejaban en el momento de la emergencia. Si hubo negligencias o se dejaron de tomar decisiones que hubieran podido evitar lo ocurrido, los funcionarios con poder de mando en Aguas de Manizales en ese momento son los que tienen que responder.

¿Qué ocurrirá si pese a los recursos que presente la actual administración se impone la multa? Esos $1.100 millones saldrán de los bolsillos de los manizaleños, porque justamente los recursos con los que funciona esa empresa provienen de lo que pagamos quienes hacemos uso del acueducto y el alcantarillado.

Así que la Superservicios, buscando hacer justicia con lo ocurrido, puede terminar ampliando las injusticias provocadas en contra de los ciudadanos, quienes soportamos con estoicismo una situación que en otras regiones o países habrían provocado disturbios y escenas de violencia.

Bajo estos parámetros, también preocupa que los argumentos de la Superintendencia y su forma de castigar termine contagiando a los demás organismos de control que actualmente adelantan investigaciones sobre el mismo caso, y que en lugar de que los culpables de los hechos sean señalados claramente como responsables, seamos los manizaleños en general los que tengamos que pagar por errores ajenos. Todas estas entidades tienen que orientar sus investigaciones y sanciones hacia funcionarios concretos que no hicieron todo lo que se requería para evitar la emergencia.
 

Si se mantiene la multa hacia la empresa como tal, Aguas tendrá que caminar el sendero incierto de las acciones de repetición en contra de los funcionarios de la época, lo cual además de ser un desgaste adicional podría terminar en que, de todos modos, seamos los ciudadanos los que terminemos pagando.

Como sea, una lección que nunca deberá olvidarse es que el manejo del agua potable de la ciudad requiere de todos los cuidados y medidas preventivas. El Plan Blindaje que actualmente se ejecuta tiene que garantizar que nunca más la capital caldense estará expuesta a un racionamiento tan radical. Y quienes llevamos a los servidores públicos a los cargos de decisión tenemos que aprender que a ellos solo merecen ir personas honestas y eficientes que estén comprometidas solo con el bienestar común.