Una reforma apocada

Quedó a expensas de la sanción presidencial la discutida y polémica Reforma a la Justicia que pasó su última prueba en la conciliación en la Cámara y el Senado de la República el miércoles pasado. A las críticas suscitadas por las prebendas que concedía a los magistrados actuales de las altas cortes, como la extensión de su retiro obligatorio o la cooptación, al final se introdujo un nefasto artículo que termina dándole aún más razones a quienes hallan en esta casi ley suficientes motivos para entender que fue apenas un retoque al sistema judicial que en poco o nada beneficia a los ciudadanos, como inicialmente se pensó.

Un mico de marca mayor resultó ser el artículo introducido que termina con la muerte política para los congresistas, una legislación de beneficio con nombre propio para quienes cuya investidura ha sido cuestionada por el Consejo de Estado. Y, como si fuera poco, se extendió el fuero a los secretarios de ambas cámaras como si no se tratara de funcionarios administrativos sin mayor dignidad para contar con tal beneficio. Ahora, los que perdieron en el pasado su investidura seguramente reclamarán y no faltará quién diga que están en su derecho.

A esto le sumaron la gabela de que los congresistas pueden ser suspendidos de sus cargos durante un año si enfrentan procesos de pérdida de investidura, y así no perder la curul y para colmo ahora resulta que no puede haber denuncias anónimas contra los legisladores, algo realmente preocupante, pues si bien todo anónimo debe ser confirmado por los organismos investigativos para poder avanzar en un proceso, no pueden simplemente descartarse de plano por ello, pues con los antecedentes vistos de connivencia entre ciertos sectores políticos y delincuentes de la pelambre de Auc, narcotraficantes y guerrilleros, bien difícil es que en algunos casos muchos se atrevan a denunciar.
 

Los aforados en general tendrán derecho a procesos de doble instancia, cosa que si bien parece que devuelve la posibilidad de que un segundo juez revise las decisiones, es evidente que ser juzgado por los máximos tribunales de justicia es ya una ventaja frente a los ciudadanos de a pie, razón por la que parece inapropiada la creación de nuevos organismos que deberán pagarse con los recursos del Estado, habiendo necesidades más apremiantes como la descongestión judicial.

Si el Gobierno quiere rescatar algo de la idea original, debería pararse en la raya y devolver el proyecto al Congreso para que sea retirado ese adefesio. Si esto no sucede, quedaremos en manos del control que pueda hacer la Corte Constitucional para evitar que haya una sustitución de la Carta, pues al acabar con la muerte política de quienes violan el régimen de inhabilidades e incompatibilidades se termina por violentar el espíritu del Constituyente de 1991.

Realmente esta reforma judicial más allá de la eliminación del Consejo de la Judicatura y de la Comisión de Acusaciones de la Cámara deja muy pocas cosas rescatables y seguramente así como fue aprobada será sancionada por el presidente Santos, pues durante todo su accidentado trámite el Gobierno mostró siempre su favor, aun reconociendo que le faltaba mucho para ser la ideal. Lo que en principio se pensó que sería un revolcón judicial que permitiera a los ciudadanos obtener una pronta y cumplida justicia por fin, terminó siendo una ley aprobada a demanda de algunos magistrados y políticos, con amplias concesiones del Gobierno que no se quiso desgastar dando los debates necesarios.