Luego del enérgico reclamo de la ministra colombiana de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, por la medida unilateral tomada por el gobierno de Venezuela, de cerrar la frontera en las horas de la noche, las aguas parecen comenzar a calmarse con la puesta en marcha, en Cúcuta, del primer Centro conjunto binacional de comando y control para la lucha contra el contrabando en la frontera. Ya en Táchira también funciona un centro similar, y entre ambos suman un total de 29 mil personas desarrollando tareas para enfrentar ese delito que le hace mal a las dos economías.
En esto, resulta clave que además de las carreteras tradicionales, a lo largo de los cerca de 2.219 kilómetros de frontera entre los dos países, se haga una vigilancia permanente de todas las llamadas trochas y puentes ilegales (unos 250), que es por donde verdaderamente se mueven todos los negocios oscuros y la ilegalidad, porque no debemos ignorar que el contrabando va de la mano del narcotráfico. Mientras se traen hacia Colombia toneladas de productos subsidiados en Venezuela que inundan nuestro mercado, además de grandes cantidades de gasolina barata, desde aquí salen hacia allá cargas completas de narcóticos para luego distribuirse por todo el mundo.
Así, que además de luchar contra el contrabando, esta nueva estrategia acordada por los presidentes Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro, de Colombia y Venezuela, respectivamente, tiene que arrojar resultados en la neutralización de ambos fenómenos delictivos. Por eso, no puede caerse en nuevas descoordinaciones como la del cierre unilateral de la frontera en las noches que tanto molestó y con razón a la canciller Holguín. Los patrullajes deben ser constantes y simultáneos, y mantenerse en el tiempo, para poder debilitar a las bandas que manejan tales negocios.
Ahora bien, es cierto que la vida del intercambio legal fronterizo también es intensa y no debería verse afectada con medidas radicales que podrían hacer que las buenas acciones generen malestar entre las personas que no están en la ilegalidad. Para ello, lo que se requiere es que la labor apunte, en realidad, de manera muy estratégica a los actos delictivos, sin afectar la cotidianidad de los pobladores que normalmente se movilizan de un lado al otro por razones de trabajo, educación, salud y comercio legal, entre otras.
Razón puede tener el presidente venezolano Maduro cuando dice que el contrabando hacia Colombia es una de las causas de la escasez alimentaria en su país, que ya comienza a aceptar, y nuestro país está en la obligación de colaborar, no solo por un sentido de solidaridad con los venezolanos, sino principalmente porque si no se le ponen talanqueras a ese contrabando, los empresarios colombianos seguirán sufriendo con una competencia desleal de precios que no podrán superar, como ya lo advirtieron durante la Asamblea de la Andi, realizada esta semana en Medellín.
Todos sabemos que esta amplia franja limítrofe también es utilizada por la guerrilla para esconderse y evitar las persecuciones de las Fuerzas Militares colombianas. En gran medida, la razón por la cual no han podido ser vencidas en combate es porque en el lado venezolano encuentran, por lo menos, la tolerancia suficiente como para sentirse a salvo. Adicionalmente, es evidente la relación de los subversivos con el narcotráfico y, por tanto, también ahora resultan relacionados con los fenómenos crecientes de contrabando que se dan allí, los cuales le cuestan a Colombia cerca de 330 millones de dólares y a Venezuela unos 5 mil millones de dólares, según cálculos iniciales.
Ojalá que esta vez la cooperación de Venezuela para atacar los problemas delictivos de la frontera sea real. No puede entenderse que se acometa, supuestamente, un gran operativo binacional para hacerle frente al contrabando y que los demás hechos criminales que se dan allí no sean identificados y atacados. Ya se habla de cinco bandas mafiosas identificadas dedicadas al contrabando, al lavado de activos y al narcotráfico. Lo que se necesita ahora son capturas y golpes contundentes para desarticularlas.
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