Un paso hacia la equidad

En una decisión que ha sido calificada como histórica, la Corte Constitucional le puso fin al desangre y a la inequidad existente en Colombia con respecto a las pensiones. Hasta ahora, el 20 % de los pensionados en el país se quedaban con el 80 % de los subsidios que entrega el Estado, mientras que al 80 % restante de los beneficiarios, con pensiones entre 1 y 2 salarios mínimos, le quedaba el resto. Con esto, si bien se tendrá un impacto positivo en las finanzas públicas, lo más importante será el paso dado hacia la equidad.

Con respecto al monto de los recursos, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, calcula que cada año se ahorrarán cerca de $ 50 mil millones, cifra nada despreciable en un país con tantas necesidades por cubrir. La determinación de la Corte pone el tope de $ 14,7 millones para las pensiones más altas, a las que podrán acceder magistrados, congresistas, procuradores, fiscales y contralores, como producto de promediar los aportes hechos al sistema durante los últimos 10 años, y no como se venía haciendo en los que solo se necesitaba conmutar los salarios del último año, y que facilitaron el famoso carrusel de pensiones en el Consejo Nacional de la Judicatura, por ejemplo.

La medida entra a regir desde el próximo primero de julio, y deja atrás el bochornoso episodio de las cerca de 1.500 megapensiones de las que han disfrutado incluso excongresistas que han sido condenados por delitos como la parapolítica, entre otros, como Mario Uribe Escobar, Miguel Pinedo Vidal, Teodolindo Avendaño y Alberto Santofimio Botero, para solo mencionar algunos.

Aunque no tendrán que devolver la plata que llegó a sus bolsillos, en muchas ocasiones en forma fraudulenta, de ahora en adelante se harán los ajustes y solo recibirán lo que han debido recibir desde el principio. No es el ideal, pero hacia adelante es un paso en el que se hace justicia, después que desde el 2005 se venía desconociendo la orden de no pagar pensiones por encima de los 25 salarios mínimos. En cifras consolidadas, los 581 excongresistas y 196 exmagistrados que reciben pensiones por encima de lo autorizado les cuestan a la Nación cerca de $ 15 mil 400 millones mensuales.

La determinación devuelve en buena medida la credibilidad de los colombianos en las altas cortes, tan cuestionadas por diversos asuntos en los que sus actuaciones han sido de espaldas a los intereses del país. Hay que aplaudir especialmente al magistrado ponente de la iniciativa, Jorge Pretelt, quien logró convencer a sus compañeros y a los conjueces que participaron del fallo, de la necesidad de hacer el ajuste. Sin embargo, el mayor reconocimiento debe ser para los abogados Dionisio Araújo y Germán Calderón, quien como ciudadanos llevaron la inquietud a la Corte y la obligaron a discutir el tema.

De todos modos deben revisarse las pensiones que fueron obtenidas de manera fraudulenta y que se tomen las decisiones pertinentes para castigar a los responsables. Es claro que en muchas de estas actuaciones no imperó la buena fe y que además de las revisiones y recálculos de los montos hay lugar a establecer castigos. La Procuraduría General de la Nación (pese a su concepto de que la Corte no se pronunciara de fondo), la Contraloría General de la República y el Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, tendrán que velar por el cumplimiento efectivo de esta sentencia.

El sistema de pensiones aún requiere de muchos remedios para hacerlo sostenible en el tiempo y para que las mesadas les lleguen a las personas que más lo necesitan, pues hay millones de casos en los que las personas cumplieron la edad de jubilación y un buen número de semanas cotizadas, pero no han recibido un solo peso por no cumplir con los mínimos que hoy establece la ley. Si se quiere dar un verdadero avance hacia la equidad en las pensiones estas situaciones tienen que ser corregidas lo más pronto posible.