Un mico inadmisible

Desde que se habló por primera vez de la idea de crear una comisión legislativa especial para tramitar los posibles acuerdos a los que lleguen el Gobierno Nacional y las Farc en sus diálogos de La Habana (Cuba) la polémica ha estado a la orden del día. Se ha cuestionado su constitucionalidad, se afirma que servirá para evadir la refrendación de los acuerdos y ahora se critica la posibilidad de que miembros de las Farc, sin dejar las armas, puedan ocupar en ella algún escaño. 
Lo cierto es que por tratarse de una reforma constitucional requerirá ocho debates para que pueda ser aprobada en el Congreso de la República, y actualmente afronta una carrera contra el tiempo que podría dejarla a mitad de camino, y en esas velocidades la posibilidad de que se filtren micos indeseables es un riesgo permanente. De hecho, la senadora Claudia López, de la Alianza Verde, calificó como un golazo y mico la adición que quiso introducir el también senador Roy Barerras, del Partido de la U, en el sentido de que este proyecto de acto legislativo permita la participación de personas distintas a los parlamentarios. 
Es verdad que otorgar esos permisos podría llevar a que terminen sentados en esa comisión miembros de la guerrilla, como se ha denunciado, lo que le restaría total credibilidad, seriedad e imparcialidad a lo que allí se tramite. Si es cierto que solo se busca que académicos, expertos y otros miembros de la sociedad colombiana puedan hacer aportes a la implementación de tales acuerdos, solo se requiere abrir algunos espacios para audiencias en las que participen voceros de distintos sectores de la comunidad colombiana. 
Inclusive, de llegar a ser necesario, podrían tenerse voces de exguerrilleros en esas audiencias, partiendo de la premisa de que antes tendrán que haber hecho dejación de las armas, pero nunca una curul fija en dicha comisión. Ahora bien, si se tiene en cuenta el reciente pronunciamiento de Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, en el sentido de que la discusión parlamentaria sobre esa comisión legislativa es una pérdida de tiempo, debido a que sus pretensiones van más allá de una curul en el Congreso, no se entiende la actitud de Barreras de ofrecer cosas que no le han pedido. 
El Congreso, en primer lugar, debe aprobar solo lo estrictamente necesario, sin dar ventajas a los miembros de las Farc, para que el resultado de echar a caminar los acuerdos se sintonicen con el querer nacional y con lo que más convenga a todos los colombianos. Si bien es preciso darle algunas facultades al presidente Juan Manuel Santos con las que se permita agilizar el despegue de una construcción de la paz, que sea sostenible y perdurable, tampoco se le puede firmar un cheque en blanco que esté en riesgo de desviar los objetivos de las negociaciones de ponerle punto final al conflicto armado. 

Debe ser claro para todos que la única manera de empezar a construir esa paz con bases fuertes es permitir que los guerrilleros desmovilizados puedan tener una participación política, pero sin concesiones exageradas. Que, además, se tengan los recursos económicos con los que se financie la puesta en marcha de lo acordado y que se trace un plan coherente de inversiones que apunten a darle estabilidad a la paz. El polémico proyecto de acto legislativo seguirá su curso el 27 de octubre, justo después de que se celebren las elecciones regionales. Se espera que pueda avanzar sin que se le traten de colgar más temas sospechosos.