Un fallo en el aire

La decisión del Tribunal Administrativo de Caldas de anular el fallo de primera instancia, emitido por la jueza María Estella Agudelo, con el cual se ordenó el pasado 9 de mayo suspender las obras del cable aéreo en el Parque Bolívar de Villamaría, deja muy claro que la detención de las obras fue demasiado apresurada. El proceso regresará a las manos de Agudelo, quien deberá hacer lo que no hizo antes de tomar su precipitada determinación: escuchar a entidades como Inficaldas, Gensa, Infimanizales y la Gobernación de Caldas, protagonistas de primera fila en el proyecto que no habían sido tomadas en cuenta.
 

La posición del Tribunal corresponde a un primer triunfo jurídico de Inficaldas y Gensa, que solicitaron anular el proceso e involucrarlos para poder entregar sus argumentos acerca de la obra. De esta manera, el proceso regresa a un punto muerto, en el cual la acción popular interpuesta por quienes creen que la estación del cable no se puede construir en la plaza, por afectar el patrimonio arquitectónico, sigue en pie. No obstante, luego del precipitado dictamen de la jueza se hizo evidente que gran parte de los villamarianos piden con urgencia que se construya la obra, la cual favorecerá su comunicación con Manizales.

Para darle salidas al conflicto, se ha planteado incluso un Plan B para que la estación sea construida en la parte trasera de las casas que no podrían ser tocadas, por estar en la zona histórica. No obstante, quienes realizaron los estudios y diseños tienen sólidos argumentos acerca de la conveniencia de mantenerse en el Plan A, por ser más coherente en materia de movilidad, que en últimas es el fin del sistema de cable, y además porque cualquier cambio que se haga, por pequeño que sea, elevaría los costos.

Para nadie es un secreto que en el fondo de la controversia hay profundas diferencias políticas e intereses particulares que han ejercido todo tipo de presiones para tratar de orientar las decisiones hacia sus conveniencias. Sin embargo, los agentes de la justicia no pueden dejarse arrastrar por tales corrientes, sino buscar la plena objetividad y optar por fallar en estricto derecho, y sin ir en contra de los legítimos intereses de la mayoría de los pobladores de Villamaría, que lo único que quieren es contar con un servicio de transporte eficiente hacia la Terminal de Transporte de Los Cámbulos y el centro de Manizales.

No se le pueden dar largas innecesarias a tan importante proyecto, menos cuando la misma Oficina de Patrimonio de la Secretaría de Cultura de Caldas ha dejado claro que pese a que en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Villamaría se define el Parque de Bolívar como zona histórica, no todo lo que hay allí es patrimonial. De hecho, no existe una declaratoria oficial del lugar como Patrimonio Histórico. A esto hay que sumar que el Consejo Departamental de Patrimonio estudió el proyecto del cable y consideró que no atenta contra las características arquitectónicas de las casas que están en el marco de la plaza.

Así pues, no puede aceptarse que a través de forzar los conceptos y acomodar las normas se le quiera negar el desarrollo a una población que clama por mejorar sus vías de comunicación con la capital, lo cual es de enorme conveniencia para toda la región del centro-sur del departamento. Esperamos que en el nuevo rumbo que tome el proceso se piense en las conveniencias de la mayoría y en los beneficios que en todo sentido arrojará tener un sistema que permita una movilidad fluida y eficiente entre las dos ciudades.