Un delito de exportación

El sistema de préstamos gota a gota es creciente, según denuncias publicadas en este mismo periódico y que han reconocido varios alcaldes de municipios de Caldas. Lo más grave de esta situación es que además del delito económico de usura, a su alrededor se gesta toda una maraña de crímenes mayores como las amenazas, la estafa, la tortura y hasta el homicidio. Ahora se le suma además el tráfico de personas, el cual quedó demostrado no solo con la captura de habitantes del Eje Cafetero dedicados a esta actividad en otros países, sino que lo corroboró un informe elaborado por los periódicos Q’hubo y LA PATRIA.

De acuerdo con fuentes que hablaron en esta información, redes caldenses han abierto este mercado ilícito en países de Sur y Centroamérica y allí han llevado a decenas de paisanos a trabajar en esta tarea que vive del miedo infundido en los prestatarios, pero que también abusa de estos mismos colombianos llevados a veces con engaños a esas tierras para que paguen una cuota mínima y, si no lo hacen, corren el riesgo de ser retenidos ilegalmente, forzados a incurrir en delitos sin proponérselo y, como si fuera poco, pueden ser asesinados, como ya les sucedió a dos caldenses, uno en Brasil y otro en Perú.

La situación es igual de difícil también en nuestra región. Ya se ha dado cuenta en nuestro periódico de muertes de varios prestamistas en los municipios de Caldas, así como de posibles prestatarios, con lo que se agrega un ingrediente a las causas de homicidios. Varias autoridades han denunciado la presencia sospechosa de personas que viajan a diario a algunos lugares y con lista en mano van recogiendo los fraudulentos intereses y, si no, pues presionan con amenazas y deciden cobrarse con el producido de los comerciantes. Es una situación que desde hace rato viene sucediendo sin que la Policía tome acciones de fondo.

Debe ser obligación de los policías en cada municipio estar atentos a la llegada de personas extrañas que van de local en local, de casa en casa y con talonario en mano recogiendo dinero. Esto es fácil de advertir en cualquiera de nuestras localidades y les corresponde ser mucho más proactivos, que esperar a que se concreten delitos. Esperamos que aquí no suceda, como dicen los testimonios recogidos en el informe del domingo que ocurre en otros países, que agentes vean en este tipo de negocios la posibilidad de cobrar “vacuna” a quienes lo ejercen.

Lo más triste de esta situación es que hay quienes justifican este ilícito, pues consideran que muchas personas de escasos recursos es la única manera que tienen para acceder a algún empréstito ante alguna dificultad o para proveerse de un plante que les permita ganarse el sustento diario. Esto no puede hacer carrera. Precisamente por tratarse de personas que no tienen recursos, cobrarles el interés más caro es aprovecharse de su situación de necesidad. Se requiere que los programas que existen de microcréditos y que ofrecen varios municipios y entidades se amplíen y difundan mucho mejor para evitar estas situaciones que están generando no solo inseguridad, sino aumentando la brecha de desigualdad en el país.

La denuncia que acaba de hacer esta casa editorial es tan solo una más de varias que sobre este asunto ha publicado en los últimos tiempos y no se ven resultados. A su turno el Ministerio de Relaciones Exteriores debe también prestar atención a este delito para impedir que se convierta en otra forma de reclutamiento de jóvenes como tráfico de personas. Combatir el agiotismo debe ser también importante para las autoridades y por eso insistimos en la necesidad de que tanto la banca formal, como las instituciones de fomento de las entidades públicas hagan mucho más para expandirse en microcréditos y ayudar a las personas que más lo necesitan, de las que dijo el propio nobel de Economía Mohamad Yunus son muy buenas pagas.