Un bloqueo injustificado

Pese a que los diputados que lideran la "operación tortuga" en la Asamblea de Caldas aseguran que no hay tal bloqueo, hoy resulta evidente que su actitud constituye una forma de presión que solo pretendería ablandar al gobernador Julián Gutiérrez Botero, con el fin de obtener beneficios en contratos y puestos que el mandatario se ha negado a entregarles. Eso explicaría la paradoja de que los miembros de los partidos que llevaron a Gutiérrez al Palacio Amarillo sean los protagonistas de la rebeldía, mientras que las minorías que corresponderían a su oposición natural son las únicas que hoy respaldan al gobernante.

Lo cierto del caso es que desde hace cerca de cuatro meses el gobernador está tratando que la Duma le apruebe un proyecto de Ordenanza con el que pretende adicionar $77 mil millones al presupuesto departamental, correspondientes a dineros de vigencias anteriores, los cuales llegan desde el tesoro nacional para distintos programas de salud y hasta para pagar salarios. Sin embargo, sin argumentos convincentes, la mayoría de los diputados que se esperaría que apoyarían a Gutiérrez Botero no han querido aprobarlo. Son recursos de forzosa destinación que no requieren mayores análisis para darles luz verde.

Esa actitud de dejar pasar el tiempo de las sesiones ordinarias y evitar la discusión del proyecto al cual el mandatario le ha dado llamado de urgencia de varias maneras no tiene explicaciones coherentes. Los grandes perdedores de este forcejeo no son ni el gobernador ni los diputados, sino los pensionados del departamento, los trabajadores administrativos de la educación, los deportistas y técnicos de ligas y los gestores culturales, entre otros. ¿Será que pasadas las elecciones presidenciales del próximo domingo las posiciones de los rebeldes cambiarán?

El peregrino sustento de que, debido a que la Gobernación no ha avanzado lo suficiente en la ejecución de este año, y por eso no se le puede dar vía libre al proyecto de adición, lo único que hace es confirmar que los intereses son de otro tipo, en los que esperan que la administración departamental les participe. Los ciudadanos no pueden dejarse engañar, lo irregular sería que a pesar de que el primer semestre transcurrió en medio de una estricta Ley de Garantías, las ejecuciones se hubieran generado a niveles normales, eso indicaría un afán por gastarse la plata, sin importar las limitantes legales.

Si, de verdad, quieren colaborar para que la ejecución del presupuesto de este año pueda acercarse al ciento por ciento, lo que deben hacer los asambleístas es no presionar más en forma injustificada, aprobar la adición pedida y permitir que el Ejecutivo departamental pueda desarrollar su tarea sin ataduras, lo cual puede darse sin problemas apenas se termine la vigencia de la Ley de Garantías. La iniciativa ni siquiera ha sido llevada a la discusión en la comisión de presupuesto de la Asamblea. El bloqueo al gobierno seccional es evidente.

Tampoco se puede compartir la afirmación con respecto a que los secretarios del despacho no han ido a sustentar de manera suficiente el proyecto. En el pasado periodo de sesiones eso pudo ser cierto, en alguna medida, pero en el actual son los diputados los que han mostrado comportamientos abiertamente negligentes, que no pueden ser interpretados de manera diferente a una presión indebida hacia el Gobernador. Lo grave es que esos recursos podrían quedarse estancados en el Tesoro Nacional, de donde no podrían rescatarse, afectando aún más las ya deterioradas finanzas departamentales, hoy en Ley 550.

Precisamente, algunos pagos comprometidos podrían estar en riesgo o generar intereses injustificados y detrimento al patrimonio. Si lo que se busca es que, por estos manejos poco claros, el Departamento de Caldas sea sacado de los beneficios que le otorgó esa ley, la actual "operación tortuga" podría cumplir su cometido. Hacemos un llamado a la sensatez a los diputados que tienen frenado al Gobernador, para que le permitan cumplir con su gestión sin más obstáculos.