Por cerca de 10 años Colombia estuvo esperando que pudiera entrar en vigor un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, con la esperanza de buscar nuevos espacios de mercado para nuestros productos e impulsar el crecimiento económico en forma real. Ahora, cuando estamos a pocos días de que ese importante paso sea una realidad, nos percatamos de que es grande la tarea de ajustar nuestros procedimientos y nuestra infraestructura para ser competitivos en la libre competencia con el sector productivo norteamericano.
Lo cierto es que esta es una realidad a la que habrá que hacerle frente con todas las energías posibles para tratar de salir airosos y sacar provecho de un mercado de 310 millones de habitantes. Sin embargo, queda el mal sabor de las leyes tramitadas a las carreras en el Congreso de la República, con el fin de congraciarse con el presidente estadounidense, Barack Obama, durante la pasada Cumbre de las Américas y poder anunciar sin más plazos que el TLC tendrá su arranque el próximo 15 de mayo.
Entre esas leyes, además de una relacionada con la protección de derechos en el agro que ha pasado desapercibida, se aprobaron normas relacionadas con la llamada cuota de pantalla en televisión (que pasó del 50% al 70% para la televisión internacional en horarios premium) y la que apunta a la protección de derechos de autor en Internet, la cual ha sido llamada por algunos opositores al Gobierno Nacional como la Ley Lleras 2.0, la cual establece que es delito retransmitir, alquilar, vender, distribuir, exportar, etc., una obra artística, literaria, cinematográfica, musical en medios digitales.
Frente a esta última ley, el Gobierno ha insistido que no atenta contra la libertad de los usuarios en la red, pues se garantizan los usos personales, para fines educativos, científicos, investigativos, etc., de los contenidos digitales que circulan en la red. Es decir, que se trata de una forma de combatir la piratería y de incluso proteger los productos colombianos que se desarrollan en el ámbito de la tecnología del software, por ejemplo. Asegura que con la nueva norma nadie va a ir a la cárcel por compartir un video, canción o documento.
De todos modos en el ambiente quedó la idea de que la nueva norma, en su aplicación, podría generar restricciones que afectarían las libertades de los cibernautas. Es un hecho, por ejemplo, que es considerado delito transmitir una señal de TV por Internet sin el permiso expreso del dueño. Hay quienes aseguran que los alcances de esta norma podrían estar yendo más allá de las criticadas leyes SOPA y PIPA que hace unos meses resultaron rechazadas en el Congreso estadounidense, por lo que cabría la pregunta de ¿por qué lo que no es bueno allá sí lo es aquí?
Además, causa mucha curiosidad que su discusión en el parlamento hubiera aparecido de la noche a la mañana, cuando era un tema que se venía negociando con los Estados Unidos desde tiempo atrás. Lo que es un hecho es que con lo acordado en la cuota de pantalla va a terminar afectando la producción nacional de televisión, a los actores y demás miembros del gremio de la pantalla chica que se verán desplazados por programas extranjeros. Basado en tales hechos, el senador del Polo Democrático Camilo Romero demandó la norma, por lo que será ahora la Corte Constitucional la que tendrá que definir si se están violando los derechos fundamentales de los colombianos.
Lo que esperamos todos los colombianos es que el TLC, en general, resulte ser una gran oportunidad para ampliar nuestras fronteras económicas, que en lugar de generar restricciones y bloqueos haya nuevos espacios de libre intercambio en condiciones favorables y que los llamados usos justos de los materiales que circulan por Internet no terminen llenando de multas o llevando a la cárcel a quienes, simplemente, usan la web como instrumento educativo o herramienta informativa.
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