El Tribunal Administrativo de Caldas será el encargado de definir la pugna jurídica entre el Concejo Municipal y la Alcaldía de Manizales, con respecto a la definición de las obras por valorización en la ciudad. De un lado y del otro se han expuesto argumentos jurídicos que pretenden demostrar que tienen la razón, aunque en direcciones contrarias. Desde 1995 la corporación edilicia delegó en el Ejecutivo Municipal la tarea de establecer las obras que se pretendan construir haciendo uso de recursos de esta contribución, pero la idea de las mayorías actuales en el Concejo es que se acabe dicha delegación.
Ahora bien, la discusión entre las dos partes terminó en un punto muerto, debido a que el proyecto de acuerdo que buscó hacer la modificación surgió del Concejo, y la Alcaldía considera que cualquier cambio en este sentido tiene que ser por iniciativa del Ejecutivo, a lo que agrega que hay fallas en la estructura del proyecto de acuerdo. Como no hubo concertación en esta materia, la voz la tiene ahora el Tribunal Administrativo. Esperamos que haya un pronunciamiento rápido y en derecho, que despeje todas las dudas, y que cierre pronto el limbo jurídico en el que queda el sistema de valorización.
Independientemente de los argumentos esgrimidos por las partes, los cuales serán materia de estudio de los magistrados del Tribunal, debemos subrayar que la valorización es una importante herramienta para financiar grandes obras públicas, que de otra manera no sería posible ejecutar. Ya en Manizales hay ejemplos de este tipo de infraestructuras, que no podrían haberse hecho de otra forma, lo que demuestra su gran utilidad para impulsar el desarrollo. Si se va a hacer algún cambio en el sistema tiene que ser para mejorar, para darle mayor dinámica, para que se impulse el desarrollo en lugar de retrasarlo.
Sin atenernos estrictamente a los elementos jurídicos, tiene lógica que el Concejo sea el que debata y determine, finalmente, qué obras se hacen y qué no usando el mecanismo de la valorización. Al ser los concejales elegidos como representantes de las comunidades, es democrático que tales iniciativas tengan una discusión amplia en ese escenario.
Sin embargo, la realidad en la práctica es que la mayor parte de los proyectos se estancan y no logran hacerse realidad, debido a que los concejales los terminan hundiendo para no exponer su capital electoral, al aprobar proyectos que en algún momento impliquen aportes económicos de los ciudadanos. Incluso, podría decirse, que para los concejales ha sido beneficioso no tener esa responsabilidad y poder hacer sus debates y lanzar sus opiniones, sin cargar con el peso de haber aprobado derrames de valorización que sí le han resultado costosos políticamente a algunos alcaldes.
En lo que la Alcaldía y el Concejo sí deben tener mucho cuidado en el futuro, sea cual sea el dictamen definitivo, es en que el cobro de valorización no coincida con actualizaciones del catastro y el correspondiente ajuste en el Impuesto Predial, porque los sectores en los que se ejecuten las obras podrían terminar pagando dos veces, y hasta tres veces, lo que no se compadece con los bolsillos de los ciudadanos. Ojalá que se sigan haciendo muchas obras en la ciudad, usando esta importante fuente de recursos, pero de una manera bien planeada y sin caer en costos exagerados para los contribuyentes.
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