Después de un largo silencio acerca de una posible compra del Hospital Infantil por la Gobernación de Caldas (a través del Hospital Santa Sofía), esta semana volvió a reactivarse en la Asamblea la opción de que se llegue a un acuerdo con la Cruz Roja, dueña del edificio, para cerrar el negocio. Aunque en el pasado se han mencionado varias ideas (como convertirlo en hospital universitario, en convenio con la Universidad de Caldas) y se habló de un precio cercano a los $16 mil millones, los propietarios condicionan ahora la venta a que la administración departamental asuma el pasivo pensional, el cual asciende a unos $18 mil millones.
Sin embargo, más allá de la discusión sobre cuál debería ser el valor real de esa transacción la pregunta es si es necesario para el Departamento de Caldas hacer esa compra, si con ella se cumplirá realmente el objetivo de brindar una atención de calidad a los niños de la región y si así se garantizará que los pequeños de bajos recursos sean atendidos sin sufrir discriminaciones. ¿Vale la pena comprar el edificio y los equipos existentes, y adquirir el compromiso con un pasivo pensional ajeno con el flojo argumento de que se está salvando al Hospitalito? No parece.
Se afirma que Findeter tiene ya un crédito preaprobado por $20 mil millones y que se cuenta con cerca de $4.300 millones de la Estampilla pro-hospital universitario para tratar de concretar el negocio, pero la reflexión debe enfocarse en cómo garantizar una excelente atención a nuestros niños, diferente a la de invertir ese dinero como lo tienen previsto, y más bien orientar todos los esfuerzos a verificar que las distintas instituciones presten excelentes servicios y que los mejores pediatras de la ciudad, en sus distintas especialidades, sean los encargados de mantener sanos a los pequeños pacientes.
Lo cierto es que en el actual esquema del sistema de salud nacional, e incluso si se aplican los cambios que promete la reforma que hace trámite en el Congreso de la República, tal vez lo más acertado es que se contrate esa atención con privados que ya funcionan aquí, y que están especializados en enfermedades cardíacas o de cáncer, por ejemplo, si se quieren hallar fórmulas para que los pequeños que antes eran atendidos por caridad puedan recibir los tratamientos adecuados, bajo la vigilancia de las autoridades oficiales. El solo hecho de que haya una sede no garantiza calidad.
Además, el Hospital Santa Sofía cuenta con la planta física suficiente para atender enfermos de todas las edades y condiciones, sin tener que asumir deudas injustificadas que, por el contrario, podrían limitar sus posibilidades de buena atención. Si se está pensando en que esa sede (que también podría ser otra) es la óptima para un servicio especializado en pediatría, el cual podría ser contratado por las distintas EPS, tanto del régimen contributivo como subsidiado, el proyecto podría tener un asidero, pero no a los costos que se están planteando.
Desde hace cuatro años se habla de este asunto, y algún sentido podría tener si se busca convertir al Santa Sofía en hospital universitario, pero para ello hay otras prioridades distintas a la de endeudarse con esta compra. Además, la Universidad de Caldas, que sería socia en este proyecto, parece estar mirando opciones diferentes. La verdad es que para atender bien a los niños lo que se requiere son programas bien sustentados y una red de pediatras excelentes que sean contratados para ese fin, sin que el Estado cargue con el peso de esas inversiones.
Hoy la mayoría de los servicios que ofrece el llamado Hospitalito están tercerizados, y las EPS contratan con tales prestadores mientras que la Cruz Roja sostiene el edificio y paga las deudas con los arriendos que recibe. Es una práctica que le ha dado buenos resultados. La Cruz Roja podría pensar en otras opciones para cubrir sus pasivos más rápidamente, pero no parece ser el mejor camino el que actualmente se ve como el único.
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