Con la aparente buena intención de que no se siga explotando a los trabajadores de la salud, el recién creado Ministerio del Trabajo, en cabeza de Rafael Pardo Rueda, les dio un ultimátum a los hospitales y clínicas públicos para que no vuelvan a contratar servicios con las Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA), so pena de cargar con una millonaria multa por desconocer o evadir las normas. En el fondo, la verdad es que es un paso dado como una exigencia de los Estados Unidos en la negociación del TLC.
En un informe especial que se publica hoy en este diario, se muestra el confuso panorama por el que avanzan tales instituciones de salud, que además deben lidiar con todos los demás problemas que atacan al sector, y que las tienen al borde del colapso por falta de una reforma a fondo que le dé orden a tanta confusión y que permita incluir todos los aspectos de la salud bajo una misma unidad de criterio.
Es un hecho irrebatible que desde que comenzaron a ser utilizadas para cubrir los diferentes servicios en los hospitales y clínicas, estas cooperativas despertaron polémicas porque con sus métodos de contratación el sistema de salud, en general, obtuvo un respiro a costa de la explotación de los afiliados, quienes no tenían más alternativa que dejarse sacar una buena tajada de su salario para ayudar a sostener la estructura administrativa de las cooperativas, pero sobre todo para evitarles gastos laborales a las instituciones de salud.
Se trató de un modelo perverso que a buena hora pretende ser erradicado, pero cuyo fin va a dejar una larga estela de damnificados en el camino, pues con las actuales condiciones financieras de las clínicas y los hospitales, a los que las EPS públicas y privadas les deben grandes cantidades de recursos, muy probablemente una gran cantidad de las personas que hoy trabajan a través de cooperativas, se van a quedar por fuera, y solo algunas serán enganchadas a través de otros mecanismos que no sean contrarios a la normativa.
Ahora bien, enhorabuena se les pone zancadilla a tales cooperativas, que además de explotar con sus salarios a los afiliados se habían convertido en andamiajes politiqueros al servicio de ciertos gamonales que ejercían mecanismos de presión a los afiliados para que conservaran sus trabajos a cambio de votos en épocas de elecciones. Sin embargo, lo triste del caso es que en una jugada que contradice los principios del cambio, algunas de esas CTA se están transformando en sindicatos, con lo que al mal que producen se sumaría ahora que son los propios sindicatos los que explotan a los trabajadores y no los que defienden sus derechos.
Así que en lugar de aclararse el panorama, éste tiende a tornarse más oscuro para las instituciones públicas de salud. Algunas han optado por comenzar a hacer contratos de prestación de servicios individuales, pero es evidente que esa no es la mejor opción para salir del problema y es más que nada una opción coyuntural que podría desencadenar en nuevos y más graves dificultades para la administración y las finanzas de los hospitales.
El Gobierno Nacional ha dicho que se propone dictar medidas que ayuden a aclarar el escenario, pero es tan confuso lo que está ocurriendo en el sector de la salud que no será fácil sintonizar todos los ajustes para que haya armonía. Ojalá que se logren estructurar las medidas de tal manera que haya una solución integral y verdadera. Lo cierto es que con paños de agua tibia no se hallarán los remedios que se necesitan y solo se estará aplazando un colapso mayor.
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