La Corte Constitucional decidió el pasado miércoles, en un pronunciamiento que hace historia, no solo en Colombia, sino en América Latina, que las parejas del mismo sexo tienen la misma posibilidad de adoptar niños que las parejas tradicionales conformadas por hombre y mujer. Es un fallo, ciertamente, revolucionario que causa enorme polémica, y frente al cual grupos opositores ya anuncian el impulso de un referendo con el objetivo de tumbarlo. Así como es legítimo que en una democracia un grupo de magistrados tome una decisión de este calibre, también lo es el uso de mecanismos participativos para expresarse a favor o en contra.
Tomar una decisión de este tipo no es fácil en un país en el que dogmas religiosos han tenido tanta fuerza a lo largo de centurias, los cuales no aceptan fácilmente los cambios que da la sociedad en este tipo de asuntos, sobre los que se han cimentado sólidas doctrinas. Sin embargo, se demuestra que las más altas instancias de la justicia colombiana comienzan a interpretar las realidades incontenibles del mundo moderno, atendiendo a necesidades de nuestro tiempo, y dándoles preponderancia a los principios relacionados con los derechos fundamentales.
No hay ningún estudio que demuestre que al crecer bajo la tutela de una pareja homosexual los niños sufrirán traumatismos o desadaptación social. Lo que tiene claro la ciencia es que esa condición sexual no es una enfermedad, como tampoco obedece tanto a características culturales, como a las genéticas. Decir lo contrario no deja de ser una dolorosa discriminación, que muestra que quien así piensa puede llegar a ser más perjudicial para la sociedad que las parejas del mismo sexo que pretenden vivir la experiencia de ser padres y madres.
Consideramos que la Corte actúa con gran sensatez, ante la gran cantidad de niños que necesitan ser adoptados para que puedan crecer en el calor de un hogar y formarse como personas que puedan aportar positivamente a la sociedad. La posibilidad de encontrar un espacio en el que reciban cariño y crezcan siendo valorados, sin importar la condición sexual de quienes los adopten, es una excelente oportunidad para estos infantes. Es irracional querer mostrar a los homosexuales como personas malas, perjudiciales, perversas.
Desde luego que es necesario que el ICBF sea igual de exigente en el monitoreo de estas adopciones, como lo hace con las familias tradicionales. Hay que hacer los seguimientos que se requieran para garantizar el bienestar de los niños, que es finalmente el propósito de la polémica sentencia. Argumentos tan baladíes como que en la escuela se van a burlar de los niños que pertenezcan a este tipo de adopción o que solo van a aprender la promiscuidad, son irrespetuosos e irresponsables, y se caen por su propio peso.
Lo único que hay que exigir a quien adopte a un niño es que le dé afecto, que le permita crecer con libertad y valores de respeto, honradez y tolerancia. En una sociedad como la nuestra, tan necesitada de una sana convivencia, que debe superar tanta violencia, que debe dejar a un lado los odios y las discriminaciones, no resulta lógico oponerse a que un niño abandonado pueda recibir cariño. Tampoco es que se les quiera calificar a estas parejas como las salvadoras de estos niños, pero son muchos los pequeños que podrán ampliar sus posibilidades de sano crecimiento teniendo la tutela de adultos que les den afecto.
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