Colombia viene avanzando a buen ritmo en temas tecnológicos. De hecho está entre los países latinoamericanos con mejores índices de crecimiento en la expansión de internet y de telefonía móvil. Justamente ahora el país busca dar el salto al 4G, con el que las telecomunicaciones se pondrán al nivel de los países con más avances en esta materia. La semana pasada fueron presentados Claro, Movistar, Tigo (con la ETB), Avantel, DirecTV y Azteca Comunicaciones (con un socio aún no establecido), como los seis proponentes de una licitación que se tiene previsto adjudicar el 26 de junio próximo.
En síntesis, el 4G consiste en la concesión de 225 megahertz de espectro radioeléctrico, en siete segmentos, por 10 años, para desplegar la tecnología LTE, basada en servicios inalámbricos para mayor velocidad de navegación en internet, los cuales deberán estar funcionando a finales de este año. De acuerdo con el ministro de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (TIC), Diego Molano Vega, este negocio le representará al Estado ingresos de por lo menos $ 450 mil millones, además de que los ganadores tendrán que entregar 500 mil tabletas en los centros educativos de las zonas más pobres del país, y migrar hacia esa frecuencia las comunicaciones de las Fuerzas Militares.
Este proceso avanza en medio de las críticas del propio presidente de la República, Juan Manuel Santos, a la calidad del servicio prestado por los actuales operadores de la telefonía celular, a la cual calificó como “desesperante” la semana pasada. Su apreciación parece ser un mensaje directo acerca de que para la entrega del 4G se tendrán en cuenta las actuales circunstancias del sector, y que si los actuales prestadores quieren obtener parte del pastel de la nueva licitación tendrán que hacer ajustes para generar una mayor satisfacción en los clientes.
De hecho, el propio Molano acaba de anunciar sanciones a las empresas que presten servicios deficientes, hasta el punto de que deberían devolverles dinero a los usuarios, pagar multas más altas y no vender servicios 4G hasta que no mejoren su calidad, en general. También han surgido voces que piden aplazar de nuevo la licitación, tomando en cuenta que las actuales concesiones con Claro y Movistar vencen el 31 de marzo de 2014, lo que debería aprovecharse para reestructurar la prestación del servicio de telefonía móvil, y evitar que esas dos empresas mantengan su posición dominante y su calidad deficiente, como hasta ahora.
Otro ingrediente que está en juego es el reciente anuncio de integración entre Tigo (manejada por la multinacional Millicon) y UNE (de las Empresas Públicas de Medellín), lo que les daría interesantes posibilidades de combinar los servicios de internet y telefonía con la televisión por cable. Esto asegura que la subasta que se viene se dé entre grandes jugadores, aunque no todos los que se estaban esperando, entre los que aparecen por ejemplo los mexicanos Carlos Slim (Claro) y Ricardo Salinas (Azteca), lo que se espera que beneficie a los usuarios, no solo en calidad y cobertura del servicio, sino en mejores precios.
Un factor que puede facilitar este paso es el sobreprecio que deberán pagar los actuales operadores, con el fin de facilitar la llegada de nuevos jugadores al mercado. Adicionalmente, Claro, que tiene hoy la mayor parte del negocio de la telefonía móvil en el país, tendrá restricciones para adquirir espectro en las franjas bajas (AWS, que requieren menos inversión y facilitan alcanzar una mayor cobertura). Lo que viene para el país es un avance significativo en materia de telecomunicaciones, en el que está comprometida la mayor adjudicación de espectro que ha tenido Colombia en toda su historia, con lo que se pretende una verdadera masificación de internet en el país y mejorar los servicios de voz y datos.
Después de tanto aplazamiento y de tantos vaivenes en las reglas de juego, esperamos que los resultados de la subasta sean los más convenientes para los colombianos. Gran parte de la competitividad futura del país dependerá de cómo sean manejadas en adelante las telecomunicaciones y de que todos los rincones de Colombia tengan acceso a servicios de buena calidad y a costos razonables en esta materia.
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