Sanciones nada dulces

La histórica sanción que impuso la Superintendencia de Industria y Comercio a grandes ingenios azucareros, representados en 14 personas naturales y 15 jurídicas, porque tenían consolidado un cartel para obstaculizar las importaciones de este producto, invitan a reflexionar sobre cómo puede conciliarse entre el hacer cumplir la ley y el no afectar a la industria al punto que termine por amenazarla con una espada de Damocles que la pueda llevar hasta un cierre. 
En un país en el que nos quejamos todos los días porque existen normas que son un saludo a la bandera, en donde la mayoría de las investigaciones terminan en casi nada y cuando lo hacen es más fácil que las presiones lleven al traste con la carrera de un funcionario se debe resaltar que la Superintendencia ha recuperado ante la opinión pública su rol de vigilante y de protector de las leyes del mercado, pues ha logrado llegar a fondo con compañías que se pueden contar entre las más importantes en la economía productiva del país. 
No se trata tampoco de una investigación improvisada o revanchista. Esta se inició en el 2010 y termina después de todo este tiempo de proceso, de indagaciones, de recursos hasta llegar a la sanción que se tasó en 320 mil millones de pesos lo que, según abogados de las firmas afectadas, es exorbitante toda vez que supera en mucho el patrimonio de algunas y puede llevarlas a su liquidación. Ahora seguramente seguirá un proceso por la vía judicial, en busca de nulidades y restablecimiento de derechos y pasará a ese plano durante otro largo periplo. 
Se debe respaldar la labor de la Superintendencia, pero hay que saber conciliar para lograr que la sanción sea menos gravosa o que no vaya a llevar al traste con la industria del azúcar, pues en ese caso hablamos de afectar empleos y un aparato productivo que resulta clave en la economía de varios departamentos y, por supuesto, del país. Que no pase como le sucedió a Manizales con la sanción por el corte del acueducto que se presentó hace cuatro años, cuando la Súper de Servicios Públicos impuso una multa que afectó el patrimonio de esa empresa y, por lo tanto, la terminamos pagando todos los manizaleños. Eso termina siendo un contrasentido, unos ciudadanos afectados por las malas decisiones de una empresa y vueltos a sancionar, cuando se le multa y esa plata se va de la ciudad. 

No se trata de una situación fácil y si efectivamente hubo conductas reprochables, pues no hay nada distinto a acatar las sanciones, pero se puede pensar en una fórmula que las haga menos gravosas, bien sea porque en una revisión se reduzcan los montos o porque se fijen plazos suficientes para que puedan ser cubiertas sin que se vaya a correr el riesgo de desaparecer a estas compañías. Eso sí, este ejemplo seguramente servirá a otras empresas que usan el mismo esquema de cartel para imponer sus condiciones a comerciantes y ciudadanos. Por eso es vital que se demuestre que los controles funcionan, eso es lo que hace la diferencia entre una democracia sólida y una pseudodemocracia. Que el Estado cumpla su papel vigilante para que no haya abusos de los grandes poderes económicos.