Se acaba de conocer el primer estudio sobre lo que pudo pasar en el barrio Cervantes en la madrugada del 5 de noviembre del año pasado cuando un derrumbe de grandes proporciones acabó con la vida de 48 personas y arrasó con viviendas y enseres a su paso. El resultado es contundente, técnico y científico, tal como muchos lo estimaban, una sumatoria de factores llevó al desastre y se señala a Aguas de Manizales y a la propia Alcaldía por no haber actuado a tiempo o haber previsto que cosas como esta podían pasar.
La razón por la que se involucra al Municipio es porque si bien las fallas tendrían que ver con las redes de acueducto a cargo de Aguas, estas pertenecían a las Empresas Públicas de Manizales y los defectos podrían provenir de épocas en que no se contaba con las herramientas que hoy se tienen para medir presiones o fugas.
Si bien este parece un estudio juicioso y razonado, hay que tener en cuenta que es apenas el comienzo de lo que puede ser un largo proceso que lleve a identificar responsabilidades y, sobre todo, a prevenir que situaciones similares vuelvan a ocurrir. Ya se ha advertido que faltan por lo menos tres estudios más, los cuales podrán coincidir con las hipótesis planteadas en el contratado por la comunidad con la firma Acuaservicios o puede que no. Si bien se podría pensar que si hay rigor técnico en las firmas especializadas contratadas haya similitudes en las conclusiones, no se puede descartar que también se presenten interpretaciones diferentes de lo que pudo pasar allí, pues al fin y al cabo se trabaja sobre hechos ya causados lo que seguramente puede dificultar las coincidencias.
Esto apenas será un insumo para los jueces, quienes deberán sopesar las demás pruebas antes de tomar cualquier decisión. Además lo que exige la complejidad de este asunto es que el proceso penal se agilice, pues la ciudadanía necesita que se establezcan con certeza las responsabilidades personales o empresariales a que haya lugar. Solo así se conocerá la última palabra, antes de que de pronto se inicie una “guerra” de conceptos sobre si hay mayor o menor responsabilidad.
A lo antes mencionado que hay que sumar que una cosa es la determinación de responsabilidades en lo penal y otra la que se establezca en la justicia contencioso administrativa a donde seguramente llegarán los casos, porque será muy difícil que se pueda alcanzar una conciliación prejudicial, etapa pactada para finales de este mes, pues el monto al que podría ascender esta es multimillonario y un administrador responsable no puede asumir semejante obligación sin contar con mayores certezas como las que puede entregar la justicia ordinaria o la Contraloría, por ejemplo.
Esperemos pues que el debate jurídico se adelante con todo el rigor, pero también con total tranquilidad para que esto no se convierta en un tema de percepciones, pareceres o sentimientos que seguramente aflorarán. Lo más importante es que se pueda continuar con un debate amparado en los resultados técnicos, con respeto por las víctimas y sus dolientes y con apego a la ética jurídica de las partes, pues se puede prestar para excesos. En esto será importante también que se haga de manera transparente, de cara a la ciudadanía. Al fin y al cabo el dolor es de todos los manizaleños, pues difícilmente alguien no salió afectado por un conocido o un pariente en esa tragedia y porque de eso dependen los correctivos que se apliquen para que no vuelva a suceder.
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