Era previsible que no sería fácil llegar a las actuales instancias, en las que el Congreso de la República se puede concentrar a tramitar las distintas iniciativas legislativas para darle vida jurídica al acuerdo con las Farc, con el propósito de que sus miembros dejen las armas a cambio de poder hacer política. Desde un principio se sabía que los obstáculos serían numerosos y que en cualquiera de ellos existía el riesgo de que el propósito de acabar con el conflicto armado con esa guerrilla y empezar la construcción de la paz se quedara a mitad de camino.
Por fortuna todos esos escollos, uno a uno, vienen siendo superados, y con el pronunciamiento de la Corte Constitucional de darle vía libre al Fast track o vía rápida para implementar los acuerdos en la corporación legislativa, se deja atrás esa gran amenaza, la cual estuvo precedida de otras muchas que por fortuna se quedaron rezagadas ante el impulso del deseo de paz que tiene la mayoría de colombianos. Con este fallo se consolidan todos los elementos pactados para que al final de diciembre los miembros de las Farc estén concentrados en las zonas veredales y campamentos establecidos para su desmovilización y empiece el proceso de entrega de armas a las Naciones Unidas.
Podrán llegar ahora al Congreso de la República los diferentes proyectos a través de los cuales se harán trámites de nuevas leyes y reformas constitucionales que aseguren que lo pactado en La Habana (Cuba) se ponga en marcha en los tiempos que se tienen establecidos, dejando en el pasado cerca de medio siglo de lucha armada que arrojó un balance lamentable en pérdida de vidas humanas. Por ejemplo, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ya no se tramitará en ocho debates sino en tres, lo mismo que la Ley de Amnistía, dándole celeridad a la puesta en marcha de los acuerdos.
Así las cosas, a mediados del 2017 se estará llegando al desarme total de las Farc y se caminará en forma franca al regreso de los guerrilleros a la vida civil y política del país, lo cual es una noticia excelente porque es mejor verlos haciendo política que disparando fusiles en contra de nuestros policías y soldados o en contra de civiles. Aquellos que estén acusados de crímenes graves recibirán penas alternativas con la principal condición de que digan toda la verdad sobre sus actos irregulares y no vuelvan a delinquir. De lo contrario se exponen a ser juzgados con las reglas de juego de la justicia ordinaria.
Lo principal es que con el dictamen de la Corte se le cierra el camino a la posibilidad de que el cese bilateral al fuego se rompa, lo que era hasta el pasado martes un riesgo permanente, por lo que podría significar que algunos subversivos optaran por cometer actos de violencia o que la Fuerza Pública, al actuar en defensa del pueblo colombiano, entrara en combate con miembros de las Farc y volver al escenario de la guerra. Por fortuna eso quedó atrás, y el país puede concentrarse en avanzar para sentar las bases necesarias que lleven a edificar una paz estable y duradera en Colombia.
Vendrán, seguramente, nuevos obstáculos a los deseos de paz, porque siempre será más fácil hacer la guerra que terminarla, pero los colombianos en general debemos comprender que las cinco décadas de conflicto armado solo han dejado dolor y desesperanza. Llegó el momento de mantener viva la ilusión de lograr un futuro próspero y tranquilo, más ahora cuando somos referente de voluntad de paz para el resto del mundo y tenemos el reconocimiento y el apoyo internacional para lograrlo y aportar positivamente a la humanidad.
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