Como en la fábula en la que los ratones encuentran la solución para dejar de ser asediados por el gato poniéndole un cascabel, pero sin encontrar el valiente que se atreva a colgárselo, así está sucediendo con Venezuela. El vecino país se ha convertido en un sistemático violador de todos los tratados internacionales sobre derechos humanos, de la carta democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA), pero a pesar de ello los organismos internacionales temen poner en evidencia o confrontar, por aquello de mantener las buenas relaciones y no generar crispación en el continente. Esta es la hora que sigue siendo bloqueada la solicitud para debatir el tema en el Consejo Permanente.
La decisión de llevar al opositor Leopoldo López a juicio sin pruebas es otra demostración de la falta de independencia de poderes y de cómo se está juidicializando la crítica, con lo cual se viola el principio fundamental a la libertad de expresión, tal como lo han señalado la Sociedad Interamericana de Prensa, Human Rights Watch y hasta la Relatoría Especial para Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la misma que se ha quedado sola en esta batalla y además ha tenido que recibir la andanada del régimen venezolano y de aliados, como Ecuador.
Si se acusa de esta manera a un líder de la oposición que ha tenido la valentía de afrontar cantidad de procesos desde el propio país, sin exiliarse, y que se entregó a la justicia, a pesar de las reservas que se pueden tener frente a ella, por supuestamente ser responsable de las muertes ocurridas durante las manifestaciones del 13 de febrero, entonces igual se debe proceder con el Gobierno, en cabeza de su presidente, y llevarlo a juicio, pues tiene mayor responsabilidad en el uso excesivo de la fuerza empleada por sus hombres, así como en la falta de control a las milicias bolivarianas, fuerzas que en conjunto causaron muchas más muertes.
El sistemático ataque a los opositores llevó en días pasados a unas elecciones atípicas en varias ciudades y estados, en donde de nuevo los ciudadanos le dieron una lección a Nicolás Maduro, pues votaron en contra de su Gobierno y en favor no solo de la oposición, sino de familiares de quienes hoy están presos por no seguir los lineamientos del Palacio de Miraflores. Esto lo que demuestra es que hay un amplio sector de la población que busca un cambio y la posibilidad de que la democracia funcione como debe ser, no a los empellones o por la interpretación del gobernante de turno. La mala noticia para estos valientes es que están solos. Aparte de los reclamos de Estados Unidos, que apenas si han pasado de la retórica, nadie más se atreve a confrontar a los mandamases venezolanos.
En la fila de futuros censurados y judicializados está la también opositora y destituida diputada María Corina Machado, quien seguramente también recibirá la andanada del Estado. Otros que intentaron la vía pacífica de la negociación, siendo duramente criticados por los opositores más radicales, terminaron encontrándose con un escenario de sordos, en donde la crítica no forma parte del repertorio. Así le sucedió al excandidato Henrique Capriles, quien decidió levantarse de la mesa al no encontrar verdadera intención de diálogo y de corregir los errores.
Todos somos Venezuela se llamó la campaña emprendida por periódicos del continente y liderada por Andiarios para contarle a la ciudadanía latinoamericana sobre los excesos en el vecino país, pero parece que no lo entienden muchos líderes que haciéndose los de la vista gorda terminan pagando los favores recibidos del petróleo venezolano o la interposición de sus buenos oficios para dialogar con grupos al margen de la ley. Nada justifica la violación de los Derechos Humanos, nada legitima que se use el poder judicial como arma del ejecutivo para satanizar a sus opositores. Sin embargo, en la OEA se siguen haciendo los desentendidos. Venezuela también es su responsabilidad.
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