En menos de cinco días, dos aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) terminaron en tierra destruidas y con 27 uniformados muertos. Lo menos grave que pudo haber pasado en estos casos es que hayan ocurrido fallas humanas o falta de mantenimiento de los aparatos, para que se hubieran chocado contra barreras naturales o, simplemente, desplomado sin dar oportunidades de maniobra. El de esta semana es el tercer helicóptero que cae este año. El primero, en mayo, en Uribe (Meta), y el segundo en Norte de Santander. Ambos eran del Ejército. En total han muerto 35 uniformados en estos hechos durante el 2015.
Si suponemos que la causa de las caídas, primero de un avión militar Casa con 11 soldados y luego de un helicóptero Black Hawk con 16 miembros de la Policía, fueron meramente problemas en los sistemas de los aparatos o ausencia de pericia de los pilotos, los altos mandos de las Fuerzas Armadas tienen que revisar a fondo los protocolos y procedimientos que se están poniendo en marcha, porque algo está fallando y es urgente corregir. No puede ser solo una racha de mala suerte.
Ahora bien, más grave sería que, en verdad, se tratase de aeronaves atacadas por grupos armados ilegales, que terminaron derribadas cuando patrullaban zonas de presencia delincuencial. Muy grave porque, de tratarse de las Farc como autoras de los ataques se estaría rompiendo el cese unilateral anunciado y se pondría en riesgo el desarrollo de los diálogos de paz de La Habana (Cuba), pero más grave aún sería que los voceros del Gobierno salieran a desmentir estos hechos, con el único propósito de darle respiración artificial a las negociaciones. Hay que tener en cuenta, de todos modos, que en la zona en la que cayó el helicóptero hay poca presencia de Farc y sí mucha del clan Úsuga, que tiene conexiones con la mafia mexicana.
De la misma manera nos parece irresponsable que salgan voces que aseguren que fueron las Farc las autoras de un atentado, por lo menos en el caso más reciente, en el que cayó el Black Hawk. Esa es una ligereza que, sin suficientes argumentos, provoca caos y pareciera que solo busca obtener réditos políticos a toda costa. Por lo pronto, la información oficial en este caso es que la aeronave realizaba un operativo en contra del clan Úsuga en la zona del Urabá antioqueño, donde se sabe que desarrolla sus actividades de narcotráfico.
Lo que hay que hacer es investigar a fondo lo ocurrido y hacerlo con total transparencia y seriedad. Sin tener una investigación profunda y clara es imposible aventurar hipótesis dándolas como ciertas. La prudencia es algo absolutamente necesario en casos como este. Una grabación de un supuesto soldado dando cuenta de un ataque con un proyectil desde tierra no puede convertirse en la evidencia total de un hecho tan complejo. En estos casos hay que permitir que los expertos en estos asuntos trabajen en el campo, analicen los itinerarios de vuelo y saquen conclusiones bien sustentadas.
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