Ser minero hoy en Colombia es exponerse a la muerte, en cualquier momento. La manera como son exploradas y explotadas las minas en el país corresponde a prácticas similares a las de la época de La Colonia, sin las más mínimas protecciones, sin protocolos adecuados de seguridad, en condiciones totales de indignidad humana. La fuerza de la costumbre ha llevado a que los hombres dedicados a esa actividad, con voluntad o sin ella, caigan en prácticas que los ponen al borde de la muerte.
Ya en Caldas este año han muerto 30 personas ejecutando este tipo de trabajos, lo que es sin duda un verdadero escándalo del que parece que no fuéramos conscientes... todos nos hemos ido acostumbrando, así mismo, a que así es la minería, que es una profesión de peligros. Es como si nos hubiéramos convencido de que no hay nada qué hacer. Eso es equivocado, hay que reaccionar, aún puede hacerse mucho para evitar que la gente siga muriendo en los socavones.
Es cierto que hay una larga tradición artesanal en la minería que debe ser respetada y protegida, pero tal actitud solo tendrá valor y podrá ser exaltada cuando este tipo de labores no implique riesgos permanentes para la vida. Aún sin ser industrializada o ejercida por grandes empresas, tienen que garantizarse unos mínimos de seguridad y salud en el trabajo, esa es la única manera de prevenir accidentes y muertes. Desde luego que, en muchos casos, es la única opción que les queda a muchos para garantizar su sustento y el de sus familias, pero no tiene lógica exponer la vida por el pan de un solo día.
El Estado no puede seguir pasivo ante lo que ocurre. Tiene que intervenir para dar opciones que no solo permitan que los mineros lleven comida a sus casas, sino que sus actividades sean seguras. Lo primero tiene que ser fortalecer la lucha contra la minería ilegal que es la que más peligros ofrecen a los humildes mineros a quienes no les queda más opción que dejarse involucrar en ella. Lo otro es que se requieren estrategias que permitan un equilibrio entre la explotación industrial y el uso de mano de obra de quienes toda su vida se han dedicado a este oficio. Ese es el camino para una mayor rentabilidad minera y el establecimiento de mejores condiciones sociales. Los ministerios de Minas y Energía y el del Trabajo tienen que tomar cartas en el asunto.
Los hechos de esta semana en la mina de Alejandro, en la vereda El Bohío, de Neira, cerca a Irra (Risaralda), tiene que llevarnos a reflexionar sobre los numerosos peligros que afrontan los mineros y a los cuales hay que ponerles freno. No solo están los riesgos de deslizamientos y geológicos o las posibles inundaciones, también están los casos de explosivos mal usados, o los de la concentración de gases tóxicos que terminan las vidas casi de manera instantánea. Las posibilidades de morir por distintas causas se multiplican y, pese a las numerosas muertes, no se toman medidas.
En todas las instancias del Estado y de la sociedad es necesario que se asuma con seriedad la gravedad de este problema. No podemos dejar que pasen los días y se sigan acumulándose víctimas sin adoptar acciones. Llegó la hora de que haya respuestas rápidas y efectivas. Desde el Congreso de la República, por ejemplo, deberían impulsarse normativas que sintonicen con las raíces de la situación, incluso actualizar el llamado Estatuto Minero, y que a las autoridades locales y regionales se les dé los dientes necesarios para aplicar las soluciones.
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