Los negociadores en La Habana, del fin del conflicto en Colombia, cerraron como lo habían anunciado el punto 5 de la agenda, la creación de una jurisdicción especial para la paz, la cual se encargará de valorar la verdad, el reconocimiento de responsabilidad en los hechos de esta guerra y de verificar el compromiso de la reparación. Lo más importante es la voluntad de no repetición que se logró, pues no hay otra manera de firmar un acuerdo si no es para detener de una vez y para siempre las atrocidades que deja la confrontación armada. De ahí, que este punto sea neurálgico y va de la mano de la dejación de armas de la guerrilla y del respeto que debe procurar el Estado a quienes se acojan a este acuerdo.
Ha dicho el jefe del equipo negociador, el caldense Humberto de la Calle, que este no es un paso a la impunidad, sino la garantía de una alternatividad penal suficiente, pero sobre todo, protectora de las víctimas. Y así debe ser, de otra manera no se entendería tanta concesión a quienes han desangrado el país. Apenas se empieza a dimensionar lo que significa este paso en medio de todo el Proceso de Paz. Es hora de que el país empiece a creer en el proceso, pero para que esto se dé se necesita que el discurso de ambas partes sea coherente, pues la incredulidad sigue siendo muy grande, sobre todo después de los desplantes que en el pasado le han hecho las Farc a la paz.
Parece que se logra el anhelo de intercambiar penas ordinarias por la verdad completa, algo de justicia, reparación para todas las víctimas -que debe salir de los bolsillos de la comunidad internacional, del presupuesto propio de los colombianos, pero también de las cuentas enriquecidas con sangre de las Farc- y el compromiso de no repetición. Si se logran estas cuatro cosas, el país estará dispuesto a ceder, a tragarse los sapos de los que tanto se ha hablado, de permitir que una guerrilla violenta, intimidante, secuestradora, que ha sido capaz de incurrir en excesos como el terrorismo, pueda ser acogida en la vida civil. El perdón deberá ser sincero y la reparación absoluta e integral, e incluso propiciar que las víctimas puedan hacer su vida en donde les plazca. El Estado tiene mucho que hacer para que el postacuerdo se pueda convertir en oportunidad y no en otra de las tantas tragedias cíclicas que pasan en Colombia.
Pasar de las penas de cárcel a restricciones de los derechos y garantías civiles, que deberán ser monitoreadas, será un escalón esencial si se logra hacer cumplir. Se supone que de lograrse el acuerdo en este escenario estarán las mayorías. De no hacerlo, habrá penas de prisión de 5 a 8 años, cuando hubo algo de colaboración, y de hasta 20 años cuando no hubo confesión alguna para ayudar a esclarecer la verdad.
Queda aún por resolver cuáles serán los delitos conexos a los políticos. Esto será un tema de amplio debate para lo que viene en el país de cara a la firma final del acuerdo, que como se ha dicho estará pactado, cuando todo esté pactado. También quedará pendiente el régimen especial que se aplicará a agentes del Estado que en su tarea se excedieron y contribuyeron a la guerra, en lugar de proteger a los colombianos con la Constitución y la ley. El plebiscito, se ratifica una vez más, deberá aprobar todo lo acordado y esto está también en el acuerdo. Eso también es respeto por las víctimas.
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