El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, ha desarrollado un gobierno polémico, como se presagiaba. En ocasiones sus actitudes precipitadas lo han llevado a equivocarse y a tener que recular después de haberse mostrado tozudo en sus apreciaciones. Es el caso del manejo de las basuras en la capital. Otras veces, aparentemente, ha metido la pata al lanzar conceptos que han podido afectar las finanzas de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), que curiosamente ha aumentado su valor en la bolsa y pasa por su mejor momento económico en varios años.
Debido a estos comportamientos y a su animadversión personal es que el representante a la Cámara por el partido de la U Miguel Gómez viene liderando la revocatoria de su mandato. La más reciente polémica por este motivo es que el exsecretario de Gobierno, Guillermo Asprilla, dijo saber que más de la mitad de las 600 mil firmas que Gómez presentó a la Registraduría no serían válidas, por lo que la iniciativa de tumbar al mandatario se quedaría sin sustento. Ante esto, la entidad nacional le respondió a Gómez que entregó imágenes digitalizadas de los documentos, por no haber impedimento para hacerlo.
Desde la administración distrital se argumenta que tiene todo el derecho de verificar la validez de las firmas, y que en su revisión ha encontrado múltiples falencias. Algunos consideran que el alcalde no debería tener acceso a esos documentos, pero lo cierto del caso es que el próximo 18 de mayo la Registraduría debe manifestar si las firmas avaladas son suficientes o no para poner en marcha el mecanismo de revocatoria. También está en juego la determinación que tome la Procuraduría General de la Nación con respecto al manejo que hizo Petro con las basuras, frente a lo cual una suspensión no haría más que martirizarlo y proyectarlo nacionalmente.
Más allá de la polémica por la revocatoria o la posibilidad de que la Procuraduría se pronuncie en su contra, el caso del alcalde bogotano tiene mucho fondo. Las investigaciones surgidas de las denuncias del propio Petro en contra de varios concejales que habrían participado en el carrusel de la contratación del pasado gobierno no parecen avanzar al mismo ritmo que los señalamientos en su contra. Comparada con la gestión del exalcalde Samuel Moreno, a la de Petro se le notan mejores ejecutorias, pero el punto de comparación es demasiado bajo.
Mirando en detalle, a Petro hay mucho qué criticarle, por su estilo de gobernar y por decisiones que a la postre han resultado contradictorias, pero al mismo tiempo tampoco se puede desconocer que durante su gobierno se han logrado avances importantes, por ejemplo, en seguridad, al punto de que hoy la cifra de homicidios por cada 100 mil habitantes en Bogotá es la más baja del país y está cerca de llegar a un dígito. La restricción al porte de armas en sitios públicos parece estar generando efectos positivos. La recuperación del sector del Bronx también juega a su favor.
Pese a algunos roces, el entendimiento de Petro con el Gobierno Nacional apunta a que podrán despegar importantes proyectos en materia de movilidad como el Metro, tema al que después de millones de dólares en estudios y años de pensarlo, anuncian que ahora sí es probable que arranque. En vivienda, por el contrario, es preocupante la falta de proyectos en Bogotá por la carencia de políticas claras que estimulen la construcción de soluciones para los más pobres.
Petro, elegido por un poco más de un tercio de los votos gracias a la división de sus contrincantes, ha mantenido muy bajos índices de aceptación entre los bogotanos, y todavía es muy poco lo que tiene para mostrar. El problema es que de darse un proceso de revocatoria de su mandato, que sería de pronóstico muy reservado, la parálisis que ello significaría podría ser peor que la mala gestión actual. En todo caso, queda demostrado que la izquierda que representa Petro es mucho mejor haciendo oposición en el Congreso que gobernando.
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