Pasos a la legalización minera

Las comunidades indígenas de Riosucio (Caldas) tienen el propósito de acomodarse a las normas nacionales, con el fin de seguir desarrollando sus tareas de explotación minera en forma legal, actividad de la que dependen cerca de 1.500 familias de los resguardos de la región. Ya etnias similares de departamentos como Antioquia y Cauca han avanzado en esa dirección y actualmente ejecutan las tareas de explotación siguiendo la legislación nacional, cumpliendo con los requisitos mínimos para no contaminar ríos y quebradas, por ejemplo. Mantienen su autonomía, pero en un marco jurídico general.

Es un hecho que hoy en Colombia la minería ilegal se ha convertido en un negocio tan lucrativo que grupos violentos como las Bacrim y las guerrillas se han dedicado a tomar el manejo de amplias zonas mineras en el país, actividad que acompañan con el narcotráfico y la extorsión, generando toda clase de problemas sociales y económicos en diversas regiones colombianas. Se calcula que cerca del 40 % de los municipios del país están afectados por este flagelo. Los mineros tradicionales y artesanales terminan desplazados o conminados a obedecer a estos grupos armados irregulares y a entregarles las ganancias del negocio, lo que además de generar violencia deja a miles de familias en la miseria.

Por eso es fundamental que se avance no solo en la persecución de quienes se lucran ilegalmente de la minería, sino que se allanen las normas aplicadas a las comunidades que ejecutan esa actividad como una manera tradicional de conseguir el sustento diario. Es clave que el Ministerio de Minas y Energía haga las modificaciones que sean del caso en el Código Minero, con el fin de que haya una regulación sensata y aplicable que beneficie de manera real nuestra economía, ya que a los pequeños no es posible imponerles las condiciones exigibles a las grandes empresas.

Otras modificaciones que deben incluirse en el nuevo Código Minero es la ampliación de penas para quienes usen maquinarias y desarrollen la explotación minera ilegalmente, lo mismo que para quienes utilicen mercurio y cianuro en dichas tareas. Allí también se les debe dotar de dientes a los alcaldes y gobernadores para que puedan ejercer un trabajo efectivo de control, al mismo tiempo que puedan brindar protección y ayuda a los mineros artesanales. Tiene que haber una política rigurosa de persecución de la minería criminal y de destrucción de maquinarias no autorizadas.

Es cierto que Colombia pasa por un momento muy promisorio para el sector y que es un renglón de la economía que puede generar beneficios al país, pero en las actuales circunstancias podría estar causando más mal que bien, al terminar siendo financiadora de grupos irregulares, y al generar daños ecológicos irrecuperables. De hecho, en los distintos municipios de Caldas son frecuentes las detenciones de personas que ejercen la minería sin contar con los permisos legales, pero muchos de ellos solo esperan que haya una mejor reglamentación para legalizar su actividad. Esto hay que pensarlo para una aplicación gradual, que les dé tiempo para adecuarse a las nuevas circunstancias.

Ahora bien, para consolidar zonas legales de explotación minera, de las que los grupos al margen de la ley no se beneficien, se necesita un permanente acompañamiento institucional, pero sobre todo condiciones de seguridad para que los mineros tradicionales de las diferentes zonas puedan trabajar sin tener que compartir sus exiguas ganancias, y de esa manera retenerlos en la legalidad en forma permanente. Mientras que esas condiciones no se puedan garantizar, las posibilidades de quedarse en la ilegalidad son mayores.

En nuestra región debemos ser especialmente exigentes en la protección de los Parque Naturales, como la zona de Los Nevados y la Selva de Florencia, entre otros, pues esas reservas ambientales son más valiosas que el mismo oro que podría estar en su subsuelo. El Gobierno tiene que evitar a toda costa la entrega de títulos mineros en estas áreas protegidas y por el contrario fortalecer las políticas que lleven a su conservación. De otra manera, Colombia estaría cometiendo un error histórico que nos podría salir demasiado caro.