El repudio por la muerte de 33 niños en Fundación (Magdalena), debido a la explosión del bus en el que se transportaban, el pasado domingo, tiene que ir mucho más allá de los golpes de pecho. Está bien que el Gobierno Nacional decrete tres días de duelo y que se comiencen a tramitar posibles indemnizaciones a los familiares de las víctimas, pero lo ocurrido no puede quedarse en gestos pasajeros de los que mañana nadie se acordará, o que, por mucho, serán recordados como un infausto hecho que nos llenó de tristeza.
Además de levantarse de la tragedia, es necesario pasar a la acción e implementar medidas que eviten de verdad que puedan presentarse en el futuro hechos similares. Es necesario tomar conciencia de que se trató de una situación absurda, algo que nunca debió ocurrir, pues las circunstancias nos hablan de un país en el total atraso, como si no estuviéramos ya en el siglo XXI, sino estancados en un oscuro periodo decimonónico. Si no fuera cierto que ocurrió quedaría difícil creer que todavía puedan darse situaciones tan lamentables, por negligencia y descuido.
La Fiscalía ya vinculó a la investigación al conductor del bus y a un líder de la Iglesia Pentecostal Unida de Aracataca, a la que asistieron los pequeños para participar en un oficio religioso dominical. Sin embargo, con 33 niños calcinados en medio de las latas del vehículo, servirá de muy poco castigar ejemplarmente a los que son señalados como responsables de homicidio agravado, si lo ocurrido no es aprovechado para cimentar un presente y un futuro en el que el cumplimiento de las normas garantice que no volvamos a caer en el mundo del absurdo.
Al hacer una radiografía de las irregularidades cometidas con el vehículo incendiado, vemos que además de no contar con las mínimas condiciones de seguridad tecno-mecánica, y evadir la obligatoriedad de tener certificados que avalaran su condición de vehículo apto para el transporte público y hasta sin SOAT, también se pasaron por alto las exigencias que deben seguirse cuando de movilizar niños se trata. Como si fuera poco, llevaba pimpinas de gasolina al lado de los niños. Es absurdo, pero lógico, que un vehículo en esas condiciones, operando sin control alguno, terminara convertido en lo que quedó: un ataúd siniestro para 33 pequeños.
Lo más lamentable, sin embargo, es que esa es una situación que se calca en todo el país. Si bien parece un hecho macondiano lo ocurrido en Fundación, con todos sus ingredientes caribes, la realidad es que en nuestra zona andina también se dan tales actitudes negligentes y descuidadas que podrían derivar, en cualquier momento, en una tragedia como esa. En nuestra zona cafetera, por ejemplo, es normal ver las populares chivas y los yip Willys abusando de sus capacidades mecánicas, con sobrecupos y, hasta sin las licencias pertinentes para transitar, sin que ninguna autoridad le ponga coto a tales riesgos.
Desde luego que los padres de familia también actuaron con irresponsabilidad, al permitir que sus hijos fueran transportados en un bus en malas condiciones, pero ya sus sentimientos de dolor les han cobrado con creces su descuido. Solo podemos expresar nuestra solidaridad con su tristeza. No obstante, las autoridades son las que tienen que adoptar medidas rigurosas para no permitir que se maneje sin licencia, que no se acumulen las infracciones, como en este caso, y garantizar que solo circulen los vehículos que tengan todos sus documentos en regla y que brinden una total seguridad a los pasajeros.
Desde las principales ciudades y hasta en las zonas rurales más apartadas tiene que haber presencia del Estado, actuando para que las normas se cumplan. Sabemos que los corruptos hacen hasta lo imposible por violar la ley y sacar provecho, pero es fundamental que de una vez por todas se avance en el fortalecimiento institucional que evite estas tragedias. No más golpes de pecho, no más palabras vacías, se requiere sacar de circulación a los vehículos que no cumplan con las condiciones mínimas de seguridad, más cuando se trata del transporte de niños.
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