Las capturas de Carlos Arturo Fehó Moncada y de Ferney Tapasco González, el pasado jueves y en la madrugada del domingo, respectivamente, pueden ser anotadas como indiscutibles éxitos de la justicia. El primero llevaba cerca de tres años como prófugo, después de haber sido hallado culpable de varios delitos cuando se desempeñó como gerente de la Industria Licorera de Caldas (ILC). El segundo era prófugo desde hacía cuatro meses, después de que el Tribunal Superior de Manizales lo condenó, el pasado 24 de junio, a 36 años, tres meses y un día de prisión.
Es bien conocido que Tapasco González, exdirector del Partido Liberal en Caldas, fue hallado culpable del asesinato del periodista Orlando Sierra Hernández, subdirector del diario LA PATRIA, con lo que se terminó con una impunidad de 13 años y cinco meses. En esto, hay que destacar el trabajo coordinado de la Policía y de la Fiscalía, quienes siguieron su rastro y, mediante operaciones de inteligencia, lograron establecer que estaría con su familia en una vivienda del barrio Palermo de Manizales, llevando un disfraz, aprovechando la noche del Halloween.
Será ahora necesario que permanezca en una cárcel, pagando por su crimen, del que fue sentenciado como determinador. Si bien su abogado ya presentó un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, y habrá que esperar la respuesta del alto tribunal, todo lo que ha ocurrido hace poco probable que la decisión judicial pueda cambiar su curso. Ahora bien, en este caso, para que todos podamos exaltar el cumplimiento de la justicia, resulta necesario que también sean capturados los hermanos Fabio y Jorge Hernando López Escobar, quienes fueron condenados a 28 años, 10 meses y un día de prisión, como coautores del homicidio del periodista.
Frente al caso de Fehó Moncada, hoy se sabe que se movía en Panamá con una cédula falsa, y que la Interpol en ese país logró su captura guiada por su aspecto físico, y que fue necesario llevar a cabo un proceso de identificación a partir de sus huellas dactilares. La confirmación de que el detenido sí era el exgerente de la ILC se logró el pasado sábado, y ahora se llevará a cabo el proceso de deportación a Colombia para que pague aquí su condena a 6 años y siete meses de cárcel por los delitos de interés indebido en celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público, con relación a un contrato de distribución de licores en el Valle del Cauca.
La justicia colombiana ha sufrido en los años recientes un alto grado de incredulidad y desprestigio, pero con este tipo de acciones esas manchas comienzan a ser superadas. Ojalá, porque para que los ciudadanos respeten plenamente las acciones del Estado, esto es lo que debe hacerse, que las instituciones funcionen y se hagan respetar gracias a hechos contundentes en los que se cumpla con lo expresado en los juicios, y no que se convierta en un juego para los corruptos, como ha pasado en tantas ocasiones.
Esperamos que se sigan dando este tipo de golpes, y que quienes tienen todavía penas por cumplir sean capturados. La existencia de prófugos habla mal de la justicia y de los organismos de inteligencia, por lo que se tiene que seguir trabajando para que sean llevados a prisión quienes hayan cometido delitos, y hoy solo pretendan burlar las sentencias. Infortunadamente en Caldas también tenemos otro caso notable, en el cual el indiciado debería dar la cara y asumir sus posibles responsabilidades ante los jueces, como es el caso del exembajador Luis Alfonso Hoyos Aristizábal. La mejor manera de limpiar su nombre, si es que en verdad no es culpable de lo que se le señala, es acogiéndose al Estado de derecho y afrontando sus decisiones.
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