Los retos de la minería

Los retos que ha traído consigo la locomotora minera no son de poca monta y además tienen efectos multilaterales. Se trata de una inversión que enriquece la economía del país, sin duda alguna, pero que también genera temores legítimos en las comunidades en donde se podrían dar las grandes explotaciones. En varios lugares rechazan su presencia, al tiempo que las mismas multinacionales mineras interesadas reclaman mayor claridad del gobierno nacional para poder emprender exploraciones que ayuden a obtener resultados.

No es gratuito este panorama. El país se había acostumbrado a una explotación minera artesanal, informal en su mayoría, la cual en muchos casos terminó bajo el control de grupos armados. Sectores del bajo Cauca antioqueño y caldense, del Sur de Bolívar, de Chocó, Boyacá, entre muchos otros, estuvieron controlados por hombres armados que aprovechaban para imponer su ley. En la medida en que el clima de orden público mejoró, llegaron capitales al país interesados en explotar la riqueza de nuestro subsuelo. No obstante, detrás de ellos aparecieron también las preocupaciones.

Para mañana se tiene previsto un paro minero nacional, promovido principalmente por personas dedicadas a este oficio de manera artesanal, pues consideran que la gran minería los ha perjudicado y que el gobierno nacional trata por igual a la minería ilegal y a la informal, que no es lo mismo. Consideran los pequeños mineros, unos 24 mil de ellos ubicados en los límites entre Caldas, Risaralda y Antioquia, que se debe aprovechar la reforma al Código Minero, de nuevo anunciada para la próxima legislatura, para que se dedique un capítulo a reglamentar este oficio y a diseñar estrategias que permitan incorporar a los informales a la legalidad.
El Código Minero se estancó y a él corresponde reglar toda la actividad, llenar los vacíos que hoy se tienen, trazar la política pública de largo plazo, establecer unos mejores controles, que es en donde el Estado sigue fallando, y de esta manera tener una carta de navegación, unas reglas de juego claras que sirvan para todos y que ponga los puntos sobre las íes en la protección del medio ambiente, para que las zonas que sean afectadas por las grandes explotaciones tengan que ser recuperadas y las dejen ojalá mejor que en el estado en que las encontraron.

La preocupación ambiental tiene asidero. El Ministerio de Ambiente ya resolvió que no se tendrá minería de ningún tipo en páramos ni en zonas de reserva, ni de protección. No obstante, son varios los títulos reconocidos desde antes, como lo divulgó LA PATRIA en su edición del domingo 7 de julio, por lo que el Estado debe velar por el respeto de la naturaleza, pero tampoco puede violentar a propietarios o concesionarios legítimos, a quienes debe indemnizar como es debido, siempre pensando en la protección de un bien superior como lo es la naturaleza.

Ojalá las protestas que se inician mañana se contuvieran y el Gobierno escuchara a los pequeños mineros, no obstante, estos también deben entender que las condiciones en las que trabaja la mayoría, sin elementos de protección, en ocasiones con mano de obra infantil, con el uso de materiales que son peores para el medio ambiente obligan a que se trace un camino que permita o bien mejorar sus condiciones o impedir prácticas que violan las mínimas normas de protección y de seguridad industrial.

Tampoco está bien que parte de la protesta se funde en estigmatizar la gran minería. Esta, mientras se haga con todos los criterios técnicos y legales, no debe ser rechazada per se. Siempre será mejor una minería legal, pagando impuestos, reconociendo los derechos laborales a todos, que una explotación informal en la que son más los riesgos. Por esto también el Estado debe acompañar a los pequeños mineros en camino a la formalización, pero no solo puede dar como opción el remplazarlos por quienes tienen los grandes capitales.