A solo cuatro días de las elecciones en las que serán elegidos los nuevos gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y miembros de las juntas administradoras locales, una gran cantidad de ciudadanos aún no sabe si podrá hacer uso de su derecho a votar bajo el mandato supremo de su libre albedrío. La anulación masiva de inscripciones de cédulas en todo el país, en gran parte de los casos sin justificación alguna, hace que hoy se considere que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha desarrollado su trabajo de manera improvisada y con poco rigor.
Está bien que se establezcan mecanismos en los que se puedan cruzar bases de datos, con el fin de evitar que se produzca el delito de trashumancia, en el cual se especializaron algunos políticos, pero debe entenderse que esa sola herramienta no es suficiente. Además de que algunas bases de datos podrían estar desactualizadas, se necesita otro tipo de verificación antes de tomar determinaciones tan severas como cortar de tajo la posibilidad de que un ciudadano que actúa con legalidad vea vulnerados sus derechos democráticos. En este sentido terminan pagando justos por pecadores, o lo que es peor: se pasa por encima del principio de presunción de inocencia.
Hoy se tiene un enredo de la Madonna, como se dice, el cual está cada vez más indescifrable por cuenta de otras decisiones del CNE que dejan mucho qué pensar, y que incluso generan suspicacias con toda razón, como el reversazo en la anulación de 70 mil inscripciones de cédulas en Bogotá. Esos son bandazos sin sustento que le imprimen un tinte de poca seriedad a las tareas que viene desarrollando el CNE, cuando lo que debería estar haciendo hoy es provocando entre los colombianos un gran respeto y acatamiento.
El problema con las cédulas se registra en 1.100 municipios del país, y ya el CNE ha recibido 80.000 recursos de reposición que será muy difícil resolver antes del domingo. De hecho, de las 4 millones 1 mil 753 cédulas inscritas este año en Colombia, anuló 1 millón 605 mil, es decir un 42%. Las causas del problema son muchas, entre las que hay que contar que el calendario electoral fue estrecho para garantizar que no estuviéramos esta vez en estas carreras, y por lo visto se está confirmando que del afán no queda sino el cansancio.
A esos graves errores del alto tribunal electoral hay que sumar otras salidas infortunadas como la de exigir que en los debates y foros con candidatos tengan que participar todos los aspirantes, sin importar su número, como llegó a decirlo y frente a lo cual se tuvo que rectificar después. Es evidente que el deber ser de la democracia es que todos los que buscan llegar a un cargo público tienen derecho a que se les trate con criterios de equidad, pero en un foro emitido por un medio de comunicación sería absurdo tener que invitar a todos los candidatos, cuando se dieron casos como el de Bogotá en el que se tuvieron inicialmente 10 inscritos para la Alcaldía.
Ojalá que en los días que quedan el CNE corrija sus graves errores y logre que se haga justicia en el caso de ciudadanos que sí deberían poder votar. Las certificaciones que las personas entreguen acerca de sus lugares de residencia actuales tienen que servir para establecer un nuevo rumbo que devuelva la confianza y que no permita que posibles resultados estrechos terminen siendo semillas de recriminaciones, las cuales pueden generar más problemas al sistema electoral colombiano. Hay que esforzarse al máximo para que no quede la más mínima sombra de dudas frente a los comicios de este domingo.
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