Legalización, el debate mundial

Atrás van quedando los tiempos en los que hablar de legalizar el consumo de las drogas se veía como una perversa promoción de un vicio destructor. Los líderes del mundo comienzan a abrirse al debate acerca de cuáles podrían ser las mejores estrategias para luchar contra un flagelo que enriquece a unos cuantos que usan la violencia y la corrupción, mientras que la gran mayoría pacífica y honesta sufre las consecuencias de un problema de salud pública que recibe tratamientos deficientes.
Desde hace unos meses, el presidente Juan Manuel Santos comenzó a hablar sobre la necesidad de discutir acerca del fondo del problema del narcotráfico, en cuyo control se invierten cada año miles de millones de dólares. Antes de eso, un grupo de líderes e intelectuales del mundo planteó la urgencia de encontrar alternativas distintas a la represión para enfrentar el consumo de drogas. Hoy se tiene claro que ese será uno de los temas que se tratarán durante la próxima Cumbre de las Américas, prevista para abril en Cartagena, con la presencia de 34 países.
De hecho, Estados Unidos, que siempre ha sido reacio a este debate, al ser señalado como el país que más consume drogas en el mundo, ya aceptó que se aborde el asunto, como lo solicitaron varios presidentes del continente, aunque advirtió que eso no implicará cambios en sus políticas. De todos modos, es un avance en el camino hacia la legalización y despenalización, que en casos como el de Portugal han demostrado que puede tener efectos positivos para la sociedad.
Aunque el presidente Santos ya aclaró que no liderará la legalización de las drogas, es un hecho que Colombia está entre los países a los que más les conviene el debate, pues durante varias décadas hemos sufrido los daños causados por el tráfico de drogas, actividad que ha financiado a los actores de la violencia en nuestro país, donde se producen cerca de 270 toneladas anuales de cocaína que son consumidas, en su mayoría, por personas en los Estados Unidos.
Lo cierto del caso es que se requiere una serie de reformas en las políticas globales y nacionales frente al narcotráfico, sin ignorar las incidencias sociales y de salud pública que se originan en este fenómeno, y pasando de invertir enormes cantidades de dinero en fracasados controles policivos a hacerlo en programas educativos que prevenir el uso y, en el largo plazo, logren un descenso real, evitando de paso los ríos de dinero hacia el crimen organizado y la corrupción.
Quienes se oponen señalan que es impensable una sociedad que admita, legalmente, la destrucción de buena parte de sus miembros, muchos de ellos menores de edad a quienes les llegarán las drogas de manera más fácil. Argumentan que, si bien los cultivos ilícitos no han podido ser erradicados totalmente, en las décadas recientes se ha avanzado en la eliminación de cultivos de coca en Colombia, por ejemplo, y al mismo tiempo el consumo global ha descendido.
Los que no comparten la prohibición muestran lo ocurrido con el alcohol en los años 20 del siglo pasado en Estados Unidos y argumentan que legalizar le pondría fin al exagerado lucro del narcotráfico y desaparecería su clandestinidad. De paso, se acabaría con la nefasta alianza entre el narcotráfico y el poder político, y en el caso colombiano se debilitaría el aparato financiador de las guerrillas, los paramilitares y las Bacrim. Agregan que la sociedad aprendería a convivir con las drogas, como lo ha hecho con el alcohol y el tabaco, y a disminuir los perjuicios para sus miembros.

Es un tema controversial digno de la mayor atención, lo interesante es que los argumentos a favor y en contra ya no pueden ser ignorados. Ahora bien, también hay que comprender que la legalización por sí misma no es la panacea, y que una decisión como esa para poder ser efectiva tiene que acompañarse de estructurados programas de prevención, muy bien coordinados en todo el mundo.