Las cabezas del Congreso

Es vergonzoso que la gran mayoría de quienes llegan a ocupar el cargo de presidente del Senado de la República termine involucrado en toda clase de presuntos delitos. Esta semana los colombianos tuvimos que ver la detención de la expresidenta de esa corporación Dilian Francisca Toro (2006-2007), quien según la Corte Suprema de Justicia está involucrada en el delito de lavado de activos, por haberles comprado propiedades a reconocidos narcotraficantes del Valle del Cauca, a través de terceros; con el agravante de que en una de esas fincas fueron halladas fosas comunes que también son investigadas.

Es incómoda y lamentable esta situación, que esperamos la exsenadora logre explicar en forma satisfactoria. Sin embargo, lo más triste es que con ella son 12 los expresidentes del Senado (según un informe de la Misión de Apoyo Electoral -MOE-) que terminan investigados por tener presuntos vínculos con grupos ilegales, lo cual deja muy mal parada la institución misma del Congreso de la República, que ahora bajo la presidencia del senador Roy Barreras tiene el difícil reto de corregir el rumbo y evitar que se siga desprestigiando como lo ha hecho hasta ahora.

Debemos recordar que el año pasado fue condenado a siete años de cárcel el exsenador Mario Uribe Escobar, quien presidió el Congreso entre 2000 y 2001; también en el 2011 fue sentenciado a nueve años de prisión Luis Humberto Gómez Gallo (2004-2005), mientras que en febrero de este año la condena a nueve años fue para Miguel Pinedo Vidal (1999-2000) y en abril se confirmó la pena de nueve años de cárcel al exsenador Javier Cáceres Leal (2009-2010). Además, durante el último lustro, cerca de 60 congresistas y excongresistas han sido procesados por la Corte y la Fiscalía por sus nexos con paramilitares.
 

Otros presidentes del Senado que han estado en el ojo del huracán pero que terminaron absueltos han sido Carlos García Orjuela y Nancy Patricia Gutiérrez. Sin embargo, también hay investigaciones en curso que comprometen a congresistas y excongresistas como el actual ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras; el congresista Hernán Francisco Andrade y el senador Armando Benedetti. También Luis Alfredo Ramos y Juan Manuel Corzo están en la lista de los que tienen procesos pendientes por presuntos nexos con paramilitares.

No es justo ni prudente generalizar, por lo que tampoco es acertado afirmar que, por eso, será necesario echar las cartas de nuevo para sacar a los actuales congresistas y que sean otros los que lleguen supuestamente más honestos a ocupar las curules. Lo que tiene que hacer el Congreso de la República es encargarse él mismo de hacer una depuración de conductas, comenzando por evitar que lleguen a la secretaría del Senado personas que puedan tener lunares en sus comportamientos éticos.

A esto hay que sumar que lo ocurrido con la fallida reforma a la justicia durante la pasada legislatura dejó una muy deteriorada imagen del parlamento que tiene que ser reconfigurada. Las nuevas mesas directivas tienen ahora la responsabilidad de actual con total transparencia e incentivar un trabajo serio en las distintas comisiones y en los trámites de proyectos que les serán entregados por el Gobierno Nacional para su discusión.

Es así como se espera que las actuales cabezas del Congreso de la República no caigan en lo mismo en que cayeron sus antecesores, sino que aprovechen la coyuntura para que el nivel de las discusiones suban y que la calidad de las leyes que sean aprobadas no tengan reparos. Es una tarea difícil, pero a la que no pueden renunciar si quieren que la percepción de los colombianos cambie.