La tributación en Caldas

La buena noticia de que este año, gracias a la tortuosa aprobación en la Asamblea del nuevo Estatuto de Rentas, Caldas recaudará cerca de $ 4 mil millones más que en el 2012, plantea varios interrogantes que no pueden agotarse en el optimista anuncio. Lo que salta a la vista es que en el pasado se cometieron numerosos errores, que evitaron que muchos recursos ingresaran a las arcas del Departamento, lo que terminó afectando las finanzas generales y la ejecución de proyectos con alcance social, como la salud, el deporte, la educación y la cultura.

No se entiende muy bien, por ejemplo, que se diga que el año pasado se dejaron de percibir cerca de $ 500 millones, que debieron aportar las empresas que importan licores y los distribuyen en Caldas, debido a que se tenían dudas en las normas para poder cobrar los impuestos del caso. ¿Desde cuándo venía esta situación y cuánto dinero dejó de llegar por cuenta de la mencionada confusión, pese a los cambios que hizo la administración pasada? Los caldenses no podemos darnos el lujo de permitir estas situaciones y que pasen los años sin hacer claridad.

Es muy conveniente que en el nuevo Estatuto se haya establecido con una certeza que no da lugar a confusiones que el señalizador único, al que antes se le llamó introductor único, es el encargado de poner las estampillas y los sellos para evitar el contrabando y la adulteración de licores y cigarrillos, y dando garantías con respecto a las normas de seguridad y protocolos. Esperamos que esta tarea se haga con total responsabilidad y transparencia, para que el erario departamental se vea nutrido con recursos nuevos.

También parece conveniente que se haya gravado la degustación de licores, con lo que estas acciones de mercadeo que realizan con frecuencia empresas foráneas y hasta la propia Industria Licorera de Caldas podrán representar beneficios para los recursos del Departamento. Sin cerrar fronteras a las importaciones, este mecanismo puede ser una útil manera de recibir dineros nuevos para la gestión administrativa. De acuerdo con la ordenanza aprobada la cifra para el 2013 llegaría a cerca de $ 1.500 millones por este concepto.

No ha sido fácil el avance de esta iniciativa, en la que también hay que destacar la ausencia de exenciones, que se contemplaron en un momento, pero que muy racionalmente fueron eliminadas. No podría ser de otra manera cuando las finanzas del Departamento han cruzado por periodos críticos en los que incluso fue necesario adoptar la Ley 550 para tratar de poner la situación en blanco y negro, y darle el orden del que adoleció en pasados gobiernos. Esperamos que, con esta nueva reglamentación sea posible recuperar en forma eficiente el erario, para que se pueda contar con recursos suficientes para la inversión en el desarrollo.

También hay que estar atentos a la implementación de los pagos por estampillas prouniversidades y prodesarrollo, con los que se busca, en parte, salvar el Hospital Infantil de Caldas y llevar a que el Hospital Santa Sofía sea universitario, por ejemplo, para que los recursos fluyan con rapidez y no se queden estancados en entidades que en medio de los trámites burocráticos impedían en el pasado que se cumplieran los objetivos establecidos.

También nos parece razonable subir el monto de las sanciones por mora en el pago de varios impuestos y contribuciones, como la valorización, con el fin de garantizar el pronto pago y asegurar el ingreso de recursos. Será necesario combinar estas acciones con un monitoreo permanente de las carteras y la aplicación eficiente de mecanismos de cobro, para evitar el efecto contrario de dejar elevar deudas que luego tienen que ser castigadas. La norma como tal parece buena, pero lo determinante será su juiciosa aplicación.